Ahora una posible atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sumará a la lista de investigaciones en torno al caso de San Bernardino Chalchihuapan, luego de la presunta violación de derechos humanos.

En rueda de prensa en la ciudad de México, el vicepresidente del Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez, insistió que se buscará realizarle un juicio político al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por la violación de derechos humanos.

El senador criticó la relación entre el mandatario estatal con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plasencia Villanueva, por lo que temé que se proteja al mandatario en las indagatorias de este organismo.

Indicó que el ombudsman ni siquiera le ha tomado llamadas telefónicas, mucho menos emitido posturas al caso de Puebla, que ha resonado a nivel internacional.

Se sumarían al caso una demanda penal en contra del gobernador Moreno Valle por el asesinato del niño de Chalchihuapan José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y las investigaciones que ya hacen la CNDH y la Procuraduría General de la República (PGR).

El pasado 9 de julio se registró un enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y elementos de la Policía Estatal, con saldo de decenas de lesionados y el fallecimiento de José Luis Tehuatlie, niño de 13 años.

Los vecinos de esta localidad, perteneciente a Santa Clara Ocoyucan, cerraron la autopista Puebla–Atlixco para exigir el regreso del Registro Civil a juntas auxiliares.

Como Marín
Luis Sánchez pidió las renuncias de los funcionarios estatales inmiscuidos en la represión contra pobladores el pasado 9 de julio, como son el secretario de Gobierno, Luis Maldonado; el de Seguridad Pública, Facundo Rosas, y ahora el del procurador, Víctor Carrancá.

Durante la conferencia con periodistas de medios nacionales, señaló el senador del PRD que se analiza la posibilidad de que el Senado de la República haga un exhorto a la SCJN para que atraiga el caso, como en su tiempo lo hizo con el también gobernador poblano Mario Marín Torres.

Argumentó que en el caso de Chalchihuapan también se violaron derechos humanos, además de que las autoridades han estado cayendo en contradicciones para tratar de ocultarlo.

Acompañado de la diputada federal Roxana Luna, así como representantes de algunos organismos civiles y pobladores de Chalchihuapan, señalaron que son tres años de represión sufrida por poblanos, lo que se incluirá para el juicio político.

Al respecto, enumeraron los enfrentamientos contra mototaxistas, activistas contra el gasoducto Morelos y aprehensiones de 35 personas, llamadas ahora presos políticos por dichas situaciones; además del caso Chalcihuapan, lo que señaló Luis Sánchez que es suficiente para fincar responsabilidades.

Problemas y más problemas
Durante la rueda de prensa se enumeraron los problemas que se han registrado a lo largo del actual sexenio de Rafael Moreno Valle, como la represión a mototaxistas, juntas auxiliares y contra activistas, para iniciar así el proceso de un juicio político.

La gota que derramó el vaso en todas las inconformidades fue la manifestación en Chalchihuapan, reprimida, según los pobladores, con balas de goma, ante una endeble defensa del gobierno de Puebla.

Pero sobre todo la muerte del niño José Luis Tehuatlie, que desató que el problema escalara a niveles internacionales, por la aplicación de la llamada “ley Bala”, que ha mantenido al gobierno estatal en una tormenta.

Se hizo un recuento del caso, además de que se reveló que organismos civiles sostuvieron una reunión este miércoles con el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, quien les prometió destensar la situación.

Roxana Luna recordó toda la situación que se registró en el caso Chalchuhuapan desde el día de la manifestación hasta la muerte del niño, y todo lo que ha tenido que pasar de presiones de autoridades estatales para cambiar su dicho.

Por su parte, Sánchez Jiménez consideró que el gobernador de Puebla ha cometido ya acciones suficientes para fincarle un juicio político: “Estaremos actuantes en este grave problema que existe en Puebla".

Recordó que las acciones de represión del gobernador han dejado 35 detenidos, a quienes se les mantiene en la cárcel con "chicanas", para alargarles el proceso, lo que representa un elemento más que se adjuntará al expediente del juicio político contra Moreno Valle.

Contradicciones
Luis Sánchez consideró que la estrategia del gobierno del estado es criminalizar a la comunidad y confundir a la opinión pública sobre lo que causó la muerte del menor de 13 años de edad, pero todo en medio de errores "estúpidos".

"Hay serias contradicciones, aberraciones a las declaraciones de todos, absolutamente todos los funcionarios; se dijo que usaron a los niños como escudo humano y eso es una cobardía, por supuesto, de estos funcionarios", dijo el legislador perredista.

Por lo tanto, desechó la versión oficial del cohetón, la cual consideró inverosímil, pues la "onda expansiva" de un artefacto así "no podría haber sido dirigida solamente al cráneo" de José Luis Alberto, como dicen las autoridades poblanas.

Roxana Luna describió cada una de las contradicciones en que ha caído el gobierno del estado, lo que ha documentado en entrevistas, boletines y comunicados.

Por ejemplo, cómo el procurador Víctor Carrancá Bourget, en entrevistas con medios nacionales e internacionales, ha ido de la versión del cohetón que no quema y que no deja pólvora a la onda expansiva.

Lo que criticó que esa "onda expansiva" sólo se concentró en un punto de la cabeza del niño hasta una acción planeada de los pobladores para asesinar a José Luis.

El procurador poblano ha señalado en diversos medios que el presunto cohetón lanzado por los manifestantes no le quemó porque se trató de una onda expansiva la que lo hirió, hasta que fue lavada la pólvora que puso haber dejado, cuando fue tratado por paramédicos en niño.

Por lo tanto, Roxana Luna pidió al gobierno del estado de Puebla que deje de mentir y confundir a la opinión pública.

“¿Y el ombudsman?”
A la conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Senado de la República no sólo acudieron diversos reporteros de medios nacionales, sino también pobladores de Chalchihuapan, acompañados de algunos niños pequeños.

Todos miraban atentamente los señalamientos y asentaban cada una de las quejas vertidas. El senador Luis Sánchez Jiménez señaló que están actuando para recibir las quejas directamente de los ciudadanos, las quejas por violación a los derechos humanos, sobre todo para buscar encausar un juicio político en contra del gobernador.

"Los heridos son diversos y son presionados también; son amenazados, les ofrecen dinero, les ofrecen cualquier cosa para que no denuncien. Por lo tanto, independientemente de que pidamos el juicio político, estamos pidiendo la renuncia, en primer lugar, del secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; el Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas; del procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourge", sentenció.

Señaló que un análisis del papel que hace la CNDH,  llama la atención que sólo declarativamente la ha visto actuar.

"No queremos más declaraciones, queremos que actúen, y hasta el momento lo hemos visto omiso y me parece que está actuando omisamente, muy probablemente, porque el gobernador hace tiempo, hace unos días le dio un premio, un reconocimiento, verdad, a su trabajo y entonces supongo que lo maniato de esa manera también", señaló.

"Entonces también hay un enérgico llamado al Ombudsman, que por cierto le he estado buscando durante días y no he logrado ni siquiera una comunicación telefónica y le busqué para este tema, justamente para saber su opinión de este tema y bueno pues simple y sencillamente nos ignora".

Señaló que la situación no se acaba con abrogar la “ley Bala”, no se acaba con esa solicitud que hizo al Poder Legislativo, el cual —señaló— es totalmente controlado por el gobernador.

"Entendemos que es una respuesta a querer bajar ya el tema, este tema que surge en San Bernardino Chalchihuapan, y querer bajar ya la presión mediáticamente".

A Raúl Plascencia Villanueva, el 19 de junio, le entregaron la Clavis Palafoxiana, la Cédula Real y el Honoris Causa de manos el gobernador.

"Yo creo que está perfectamente claro que hay un propósito de estar junto al ombudsman, justamente porque en Puebla desde hace ya algunos años está el reclamo de la violación sistemática a los derechos humanos.

”Lo que a mí me parece verdaderamente de llamar la atención es que el ombudsman esté en la actitud en la que está, o sea, ¿lo convenció el gobernador, lo tiene cercano ya, lo hizo su amigo y por lo tanto ya no se actúa?", dijo el senador.

"Eso tiene que responderlo el ombudsman. A mí, en efecto, me parece muy sospechosa esa relación y me parece, sobre todo, sospechoso que no haya intervenido con prontitud y que no haya intervenido con la contundencia con la que se debió haber atendido".

Juicio político
El senador Luis Sánchez señaló que la situación en Puebla es muy grave: "Vamos a hacer todo por el juicio político en contra del gobernador".

—¿Cuándo el juicio político? —preguntó la prensa—.

—Estamos pidiendo que sean documentados sistemáticamente las violaciones diversas a los derechos humanos. Leí un catálogo de problemas que se tienen en el estado, que han motivado la afectación a muchos, muy diversos municipios.

"Entonces, éste es un trabajo de la sociedad; tendrán que hacernos llegar la información para que nosotros podamos proceder, primero, en la Cámara de Diputados y, después, aquí".

Mencionó que entonces los tiempos los tenemos supeditados a lo que la sociedad también pueda hacer: "Ya hay muchas ONG en Puebla enfocadas a esto y la atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia; es algo que se está contemplando, se está visualizando, y creo que ésta es otra posibilidad, por supuesto.

”Y creo que sí hay una visión de parte de los legisladores, nos estamos dando cuenta de que lo que dicen las organizaciones no gubernamentales, que lo que dicen los pobladores, las y los ciudadanos de Puebla, pues es cierto", continuó.

"Creo que sumaremos fuerzas con todos aquéllos que defiendan los derechos humanos, independientemente de los partidos; esto no sería de partidos", refirió finalmente.