El gobierno de Puebla retiró por la fuerza 356 mototaxis en 157 operativos en su contra, en algunos casos ha generado una investigación por la presunta violación de derechos humanos.
Incluso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), el 20 de junio pasado, comenzó al menos tres procedimientos de investigación por el maltrato de mototaxistas, sobre todo tras las agresiones contra una niña y maltratos.
Desde que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), a cargo de Facundo Rosas, tomó el control de los operativos contra mototaxistas, la violencia se incrementó en cada uno de ellos.
Aunque dependencias estatales aseguran que no han detenido a una sola persona en estas operaciones, organismos defensores de este tipo de transporte han contabilizado al menos 13 personas detenidas, quienes están libres bajo caución en procesos penales.
Los operativos contra mototaxistas —que siguen pululando sobre todo en comunidades o municipios de escasos recursos— se han tornado violentos debido a que los elementos policiacos agreden hasta a los pasajeros.
Esta situación ha generado en diversas en el descontento de los pobladores, lo que ha derivado en enfrentamientos contra los uniformados y personal de las dependencias estatales a cargo.
En sendas solicitudes de información, las Secretarías de la Contraloría, Transportes y Seguridad Pública informaron que estos operativos se realizaron desde el 6 de abril de 2011 al 9 de mayo del 2014.
Las respuestas obtenidas por Intolerancia Diario, por medio de la Ley de Transparencia, revelan el cambio de mando en los operativos, los que en primera instancia estuvieron a cargo de la Secretaría de Transportes y después con la Secretaría de la Contraloría.
Sin embargo, aunque no lo revelan, en los últimas movilizaciones se sabe estuvieron realizadas únicamente por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Facundo Rosas.
En junio de 2011, el Congreso de Puebla avaló con 24 votos a favor, tres en contra y la abstención de la bancada priista la eliminación de los mototaxis como sistema de transporte, pese a que más de 3 mil mototaxistas se manifestaron constantemente.
Cifras oficiales afirmaban en ese entonces que más de 2 mil de estas unidades circulaban en 46 municipios de la entidad, aunque organizaciones de mototaxistas aseguran que ahora siguen en operaciones más de mil unidades.
La administración del gobernador Rafael Moreno Valle ofreció a los transportistas la opción de comprar automóviles compactos como taxis locales para seguir dando el servicio, lo que rechazó gran parte de afectados.
Según fuentes del gobierno estatal, señalan que la represión ha cesado en los últimos días debido al escándalo desatado por el caso de Chalchihuapan, donde el gobierno del estado está siendo investigado por violaciones graves a los derechos humanos.
Incluso, el 1 de agosto pasado, el mismo gobernador Rafael Moreno Valle Rosas continuó la entrega de taxis locales, a pesar de que el programa ya había culminado desde finales de 2012.
Las cifras del gobierno señalan que entre 2012 y 2013, el programa logró la sustitución de mil 804 mototaxis en 86 localidades de 47 municipios.
Para este año tiene como meta el retiro 500 unidades a cambio de 250 taxis locales, con una inversión total de 8.1 millones de pesos.
Operativos
El primer operativo contra mototaxistas se realizó el 6 de abril de 2011 en la carretera estatal a Tepeaca, donde se retiró la primera unidad.
Desde entonces, según las cifras oficiales entregadas a este medio de comunicación, solicitadas por la Ley de Transparencia, se han retirado por la fuerza 356 en 157 operativos realizados en distintas comunidades hasta el 9 de mayo de 2014.
Las cifras han ido en aumento año con año, luego de que en 201, se realizaron 42 operativos con 59 unidades retenidas, pero para 2012 fueron 76 las unidades retenidas en 28 operaciones policiacas.
Para 2013, se retiraron 109 unidades en 42 operativos, cifra superada en apenas cuatro meses del 2014, tiempo en que se retuvieron 112 mototaxis en 45 operativos, todo del 25 de enero al 9 de mayo.
Fue desde que tomó el control de esta estrategia la Secretaría de la Contraloría que se incrementaron los operativos notoriamente, en algunos casos derivaron en violencia y detenciones.
Tepeaca, San Martín Texmelucan, Acatzingo, Teziutlán, Tecamachalco, Cholula, Ajalpan, Tlatlauquitepec, Izúcar de Matamoros y hasta Puebla son algunos de los municipios donde se han realizado dichas operaciones.
Violencia en operativos
Según las respuestas obtenidas, se confirmó que la Secretaría de la Contraloría (SC) tomó el mando en los operativos desde comienzos de este 2014, con el cambio de la Ley Orgánica de administración, desde el 20 de diciembre del 2013.
Para ello se conformó el Instituto de Supervisión y Vigilancia desde el 20 de enero del 2014 y el decreto por el que se reforma y adicionan las diversas disposiciones del reglamento interior de la SC, de fecha del 14 de marzo del 2014.
Dicha dependencia, a través de la Coordinación General de Supervisión y Vigilancia en Materia del Servicio Público de Transporte, Servicio Mercantil, así como en sus Servicios Auxiliares e Infraestructura Vial, participó los operativos. Toda vez que las funciones de supervisión iniciaron su vigencia a partir del 20 de enero del 2014.
Sin embargo, la SSPE fue facultada para comenzar los operativos contra mototaxistas por cuenta propia, sin la necesidad de que sean llamados por la SC.
Fuentes del gobierno estatal confirmaron que los policías estatales han sido los que realizaron los últimos operativos que acabaron en violencia en los municipios de Coronango y Acatzingo, en los que en conjunto han resultado lesionados al menos siete elementos policiacos.
Anteriormente los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), perteneciente a la SSPE, sólo eran solicitados por las secretarías para realizar los operativos para recoger las unidades que están fuera de la ley.
Desde hace varias semanas, para agilizar los operativos, al haber pocas unidades retiradas, altos mandos del gobierno estatal determinaron que la SSPE podría hacer los operativos sin necesidad de ser solicitados por otros funcionarios.
De esta manera elementos de la Policías Estatal han realizado las confiscaciones de los mototaxis, lo que ha generado en dos casos de violencia en el lapso de apenas una semana, resultando lesionados cuatro policías estatales y tres municipales.
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La Secretaría de Seguridad Pública, en su respuesta a la solicitud de información 00291614, se lavó las manos de los operativos, al afirmar que no es su responsabilidad la realización de estos contra mototaxistas.
Pero también aseguró que en dichas operaciones no se ha registrado detención alguna, al tiempo de informar que reservó por siete años, el número de elementos desplegados en estas estrategias.
“(…) de revelarse se dañaría de forma irreparable las estrategias y técnicas, además de que con ello se reduciría la probabilidad de éxito de la responsabilidad institucional, pues quienes pretenden transgredir la ley, estarían en posibilidad de neutralizar los esfuerzos al disponer de mayor y fuerza y número de personas”.
Sin embargo, organizaciones de mototaxistas y versiones periodísticas han documentado las detenciones que han realizado en estos operativos, aunque en su mayoría fue de personas que se manifestaron contra de los mismos.
Cuatro casos de violencia se han generado tan solo este año, dejando como saldo manifestantes y policías lesionados, además de patrullas y camionetas quemadas por pobladores enfurecidos.
Por ejemplo, el 26 de marzo 2014 una patrulla de la Policía Estatal fue quemada en el municipio de San Miguel Xoxtla.
En el operativo participaron 10 unidades de la Policía Estatal, el que inició aquel día en el municipio de Huejotzingo, donde fue decomisado un mototaxi, para seguir a Xoxtla.
En este lugar, arribaron mototaxistas de Coronango y San Antonio Mihuacan, quienes trasladaron hasta las instalaciones de la presidencia municipal, donde se encontraba la patrulla P-201 de la Policía Estatal.
Los inconformes llevaron hasta la avenida Camino Real a Mihuacan y calle 16 de Septiembre, donde finalmente le prendieron fuego.
Otro caso fue el 6 de abril 2014, en la localidad de San Juan Tautla, de la zona de San Andrés Cholula, donde funcionarios públicos llegaron a bordo de un número no determinado de camionetas blancas tipo Van General Motors sin logotipo de ninguna dependencia de gobierno.
Con el uso de la fuerza decomisaron un mototaxi que circulaba en la mencionada comunidad, lo que enervó a los pobladores, quienes de inmediato atacaron a los vehículos a pedradas.
El 10 de mayo, otro hecho de violencia tuvo como saldo una patrulla quemada y dos unidades de la Policía Municipal con cristales rotos.
Hasta la camioneta de la presidenta municipal de Coronango, Hermelinda o Mely Macoto, fue el saldo de un nuevo enfrentamiento de pobladores tras un operativo contra mototaxistas.
En este lugar se juntaron pobladores para agredir a los funcionarios públicos, quienes lograron darse a la fuga, pero en la persecución llegaron al municipio de Coronango, justamente a las oficinas del ayuntamiento.
Ahí se encontraron con las patrullas, que fueron apedreadas, rompiendo parabrisas y cristales laterales, así como la camioneta último modelo de la alcaldesa, una Pantfindher de lujo, la que también fue atacada, mientras se incendiaba una patrulla. Por esta situación hubo detenciones.
El 17 de mayo se realizó el último operativo contra mototaxistas, suspendidos para evitar conflictos en medio del escándalo de Chalchihuapan.
Aquel día se realizó otro operativo que generó en violencia por parte de pobladores de Acatzingo, los que retuvieron a policías, lo que obligó la intervención de “granaderos” y el sobrevuelo de helicópteros.
La SC confiscó cuatro mototaxis, pero en represalia, los mototaxistas retuvieron a tres policías. El saldo del enfrentamiento fue de cuatro policías golpeados, además de habitantes de Acatzingo resultaron lesionados luego de la irrupción de los “granaderos”.
De acuerdo a los reportes de pobladores de Acatzingo la policía inició la agresión lanzando gases al percatarse de que los pobladores se concentraban.
“Hubo operativo con los de los mototaxis, a los cuales se metieron y los sacaron de la casa y se los llevaron pateando en bola hasta llegar al bulevar, la gente se juntó solo por ver y empezaron a lanzar bombas de gas sin que los policías estatales fueran atacados”.
Por un delito federal, el juez penal de Cholula dictó auto de formal prisión a los ocho pobladores de San Francisco Ocotlán que fueron detenidos la semana pasada, tras el operativo contra mototaxis, en los municipios de Juan C. Bonilla, Xoxtla y Coronango.
Derechos humanos
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) hasta el 20 de junio comenzó al menos tres procedimientos de investigación por el maltrato de mototaxistas, sobre todo tras las agresiones contra una niña y maltrato a un enfermo.
Desde que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), a cargo de Facundo Rosas, tomó el control de los operativos contra mototaxistas la violencia se incrementó en cada uno de ellos.
Luego de la consignación a un juez penal de las ocho personas tras los disturbios por un operativo contra mototaxistas el pasado lunes, la diputada federal Roxana Luna Porquillo señaló que uno de los detenidos sufre diabetes y ha sido maltratado.
Pero luego de lo publicado por la legisladora, la CDHEP envió al penal a una visitadora para verificar la situación, por lo que comprobó que Juventino Tlahuech está aprehendido por otra situación y no por el operativo pasado.
Sin embargo, inició una investigación de oficio, a pesar de que el reo señaló que no ha tenido problemas de medicamentos, según refirió la CDHEP a este medio.
