Los argumentos de expropiar terrenos ejidales y espacios de ciudadanos poblanos que se quitan como utilidad pública terminan como beneficio privado de parte del gobierno del estado de Puebla, afirmó el investigador Francisco Vélez Pliego, quien agregó que las manifestaciones de utilidad pública de Rafael Moreno Valle terminan en frases falaces, porque se entregan a particulares que lo que menos les importa es cuidar el patrimonio.
Lo anterior, ante la inevitable expropiación de 17 predios en San Andrés y San Pedro Cholula, que serán utilizados para construir el Parque de las Siete Culturas, que está anunciado con una inversión vía Proyectos para Prestación de Servicios (PPS): “La expropiación será para desarrollar un parque temático controlado por particulares que se beneficiarán con los vestigios arqueológicos de la zona histórica de Cholula”.
El riesgo que se corre es que solamente le invertirán a los espacios que sean de su interés y que les genere mayores recursos económicos, pero los que no les importe seguramente se van a perder, afirmó, porque, como toda acción falaz, salvarán algunos cuántos ejemplos arqueológicos de la zona, pero el resto los dejarán perder: “Las lecturas históricas y antropológicas de esa zona arqueológica seguramente se perderán, todo por entregar un parque de diversiones en manos de particulares”, que es pensado como un negocio privado y particular, insistió.
Ante los amparos que presentaron los propietarios de la mayoría de los predios que fueron expropiados por el gobierno del estado de Puebla, Vélez Pliego aseguró que existen bases sólidas para que sean ganados por los afectados, porque las acciones estatales y municipales emprendidas no respetan las costumbres y tradiciones, que forman parte de los derechos humanos, pero la autoridad tiene que argumentar utilidad pública, aunque todo indica que no lo es.
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Un Juzgado de Distrito en Puebla notificó la suspensión inmediata de la expropiación de nueve hectáreas cercanas a la zona arqueológica de San Pedro Cholula, donde el gobierno estatal construirá el denominado Parque de las Siete Culturas.
La medida preventiva deberá ser acatada de manera inmediata o generará una multa de 200 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La instrucción del juez son que en un plazo de 24 horas las autoridades locales acaten la suspensión definitiva ordenada desde el 28 de julio a favor de los afectados o serán sancionadas.
La suspensión estará vigente en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva. Ya que si no se suspenden cualquier trabajo u obra en la zona no se podrán restituir plenamente los derechos a los quejosos en caso de que ganaran el juicio.
El caso está registrado con el número de expediente 952/2014. A la fecha, las autoridades responsables no han informado al juez de la medida. La orden del juez significa suspender los trabajos en los inmuebles expropiados.
El 28 de agosto el Juzgado Federal emitió un resolutivo para detener las obras que se realizan en 9 hectáreas expropiadas: “Siendo los efectos para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar el decreto expropiatorio, para la creación del proyecto denominado Parque de las Siete Culturas que comprende una superficie aproximada de nueve hectáreas, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva dictada dentro del juicio principal del que deriva este incidente”.
La orden señala: “Esto implica, que no es posible privarles o molestarles en su propiedad y posesión de los bienes inmuebles objeto del decreto expropiatorio, para la creación del proyecto denominado Parque de las Siete Culturas que comprende una superficie aproximada de nueve hectáreas, pues lo actuado en el presente incidente, no se advierte que exista la necesidad inmediata de ejecutar la expropiación reclamada”.
Tome nota
Lo que le interesa a la autoridad poblana, afirmó el director del ICSH de la UAP, Francisco Vélez Pliego, es hacer negocio, pero no en aras de la promoción cultural, antropológica e histórica, sino como la consolidación de un proyecto estilo Walt Disney, que no tiene mayor argumento, por eso reiteró que son amplias las posibilidades de que los ciudadanos afectados ganen los amparos y puedan recuperar los predios que las autoridades municipales ya tienen en su poder.
