El fabricar delitos a opositores y encarcelar a ciudadanos inocentes es el modus operandi de la persecución morenovallista, coincidieron testimonios de abogados y familiares de perseguidos políticos en Puebla.
Frente a la persecución política que emprende la administración estatal en contra de opositores y ciudadanos, organizaciones sociales crearon un comité para la libertad de presos políticos y sociales.
El acto constitutivo del comité convocó a mujeres, estudiantes, activistas, abogados y campesinos que han sido perseguidos políticamente.
El común denominador de los testimonios fue un modus operandi de los aparatos de seguridad que “fabrican delitos” en contra de campesinos, estudiantes o activistas.
El foro, celebrado en el auditorio de la Facultad de Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), congregó a una variopinta participación de activistas y abogados perseguidos por la administración estatal.
Durante las participaciones se abordaron distintos actos de persecución.
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Hugo Jiménez, habitante de San Bernardino Chalchihuapan, quien perdió un ojo por el disparo de un cilindro metálico de gas, lanzado por la policía estatal, cuando transitaba hacia la junta auxiliar el pasado 9 de julio.
También se abordó la persecución en contra de los integrantes de #YoSoy132 Puebla, como Néstor López Espinoza, Eduardo Salazar Velázquez e Iván Izasola Vázquez, quienes fueron apresados de manera violenta e incomunicados por la policía estatal debido a que le dieron like a una invitación en redes sociales para una movilización de protesta el viernes 3 de mayo del 2013.
A los jóvenes de #YoSoy132 los acusaron de planear “actos de sabotaje” para el 5 de mayo, cuando llegaría a Puebla el presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Pero los jóvenes ni siquiera eran convocantes de un acto pacífico de protesta convocado a realizarse en el zócalo de la ciudad de Puebla en esa fecha.
A la Facultad de Físico-Matemáticas acudió el campesino Avelino Velázquez, presidente de bienes comunales de San Juan Amecac, acompañado de su esposa, Nidia Domínguez.
Velázquez tiene una orden de aprehensión en su contra por su oposición a la construcción del gasoducto Morelos.
El campesino y su esposa relataron cómo con lujo de violencia, más de 30 camionetas y vehículos, policías estatales vestidos de civil, con el rostro cubierto, irrumpieron en su casa el pasado 7 de marzo cuando él se encontraba trabajando en labores del campo.
“Un cálculo de unas 20 camionetas. Los muebles que ahí tenía me los dejaron inservibles. De todo lo que me acusan es falso. Toda la gente me conoce. Yo sé que no estuve en ningún acto de los que me acusan. Me acusan que acompañé a robar celulares. Tengo testigos porque yo estuve en lugares religiosos”.
El auditorio escuchó impávido el testimonio del campesino y de su esposa, a quienes despidieron entre aplausos ofreciéndoles, los universitarios e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, su apoyo.
La lista de detenidos por razones políticas alcanza a la fecha a unas 33 personas.
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El caso de Severo Guerrero González, estudiante de Físico Matemáticas, originario de Atzizihuacan, Puebla, quien fue detenido el 6 febrero pasado, cuando se dirigía a una mesa de diálogo con diputados del Congreso de Puebla para presentar su inconformidad sobre la elección.
En Atzizihuacan los pobladores protestaron por triunfo de la candidata del PVEM, Maricela Ramos Jiménez, de la coalición PRI-PVEM.
Los habitantes cerraron la autopista Siglo XXI en San Juan Amecac.
Pero en el proceso de negociación los dirigentes de la protesta fueron detenidos.
La estrategia de detener a activistas o líderes de movimientos sociales durante los procesos de negociación es otro rasgo de la actuación gubernamental.
A la altura del parque ecológico Servando Guerrero González fue detenido, posteriormente incomunicado y obligado a desistir de la protesta de pobladores por irregularidades en la elección de su junta auxiliar.
El hoy diputado local Eukid Castañón relató el estudiante de la facultad de Físico-Matemáticas de la UAP en las instalaciones de la Procuraduría en Plaza Dorada lo interrogó y lo amenazó.
“Este señor Eukid Castañon llegó y me dijo:
—Tú eres el responsable intelectual, dudosamente creo que salgas libre
—¿Por qué?
—Yo ya descubrí cuál es el proyecto de ustedes —dijo Eukid.
—Lo que quieres es que no pase el gasoducto.
—Ahorita estamos porque hay irregularidades en el proceso electoral —le respondí.
—Vas a firmar estos documentos y vas a quedar libre.
—Yo no firmo nada —le dije.
La fabricación de los delitos a opositores
El abogado Raúl Rodríguez de la Fuente calificó el accionar de la justicia poblana como la utilización del Código Penal, que se ha vuelto un “catálogo de delitos” desde donde se detiene en primer término a los opositores y posteriormente se les fabrican delitos y penas inverosímiles.
“Este gobernador es un criminal y un traidor”, calificó en estos términos el abogado Rodríguez de la Fuente a Rafael Moreno Valle.
Rodríguez lleva el caso de Abraham Cordero Calderón, líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, quien fue detenido por oponerse a la construcción del arco poniente.
“Como todo criminal tiene un modo de operar. Se vale de la procuraduría y del poder judicial y controla el poder legislativo”, señaló el defensor refiriéndose a Rafael Moreno Valle.
El abogado resumió el ánimo persecutorio de la administración estatal en contra de opositores y de personas que por el simple hecho de hallarse en el momento de una manifestación son detenidos sin prueba alguna.
“Seguimos con despojos, con encarcelamientos, desaparición de personas”.
El abogado Rodríguez de la Fuente afirmó que la constitución del comité no busca el protagonismo: “Este comité no busca proyectarse políticamente”, pero señaló que como comité de defensa debe tener defensores”.
Rodríguez de la Fuente externó que el código penal es un catálogo de delitos y así el gobernador hace pedidos a la Procuraduría. “Quiero que encarceles a éste y ve de qué lo puedes acusar”, así actúa el gobernador, consideró el abogado defensor de perseguidos políticos.
Hay una distorsión de actos —ironizó el abogado—, todos nuestros defendidos tienen una debilidad por los funcionarios públicos. Hay una manía de nuestros defendidos en contra de los funcionarios públicos. Hay que ver un estudio. Tenemos “súper criminales” y entonces tiene que venir un poder superior como el de Moreno Valle a reprimir y a contener a estos supercriminales.
Raúl Rodríguez de la Fuente fue el abogado de Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras y Santiago Pérez Tamayo, quienes fueron detenidos de manera irregular a las 14 horas durante el operativo policiaco del pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan.
La policía los consignó pero no pudo demostrarles que estuvieron en el momento de la refriega entre pobladores de san Bernardino y la policía estatal.
Ya que la refriega fue a las 15 horas y los pobladores fueron detenidos a las 14 horas.
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En el caso de Abraham Cordero Flores, otro de los detenidos, el abogado Raúl Rodríguez de la Fuente señaló que el delito del que se le acusa no es grave.
Cordero Flores acudió a una asamblea porque iban a hacer negociaciones sobre la tierra donde pasaría el gasoducto Morelos.
“El campesino siente que lo único que tiene la tierra, un amor a la tierra que nosotros no podemos entender”.
El modo de operar es común. Se toma el delito de un catálogo y en el caso de Enedina Rosas Vélez y en el caso de Abraham Cordero Calderón vemos que se repite el patrón, explicó el abogado.
Caso Enedina Rosas
Lucina Quintero Rosas, hija de la señora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de san Felipe Xonacayucan, no ha sido atendida por médicos, a pesar de que la familia ha solicitado su atención médica, en el Cereso de Atlixco.
Su hija relató que a su madre, comisariada ejidal, la presionaban, la acosaban para que firmara su aceptación del paso del gasoducto en las tierras de su comunidad.
“Funcionarios de Puebla la llamaban con el fin de convencerla, la citaban para presionarla. Nunca la decían para qué la citaban. Pero cuando llegaba le decían que ella tenía que ver la manera de dar ese permiso. Siempre se negó. La amenazaron”, relató Lucina Quintero Rosas, visiblemente cansada.
“O nos das permiso por la buena. Bajo cualquier pretexto la quitaron de en medio. El resultado fue una orden de aprehensión”.
A la comisiarida la acusaron del robo de dos celulares a trabajadores de la compañía Bonatti y de obstruir la construcción del gasoducto.
La defensa ha exigido un careo con sus acusadores. Pero en las direcciones dadas en las acusaciones no viven los acusadores.
Hasta el momento la defensa no ha podido presentar un amparo pues se requiere una diligencia para citar a la supuesta parte agraviada, explicaron los abogados que llevan el caso.
