La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) prefirió guardar silencio luego de la revelación hecha por Intolerancia Diario, en donde se documenta cómo el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas dio la orden directa para el desalojo de manifestantes de Chalchihuapan.

Mientras tanto, la diputada federal, que ha seguido todo el proceso, Roxana Lina Porquillo sentenció que es una muestra de que la CNDH debió hacer una investigación más profunda de la participación del mandatario estatal en los hechos, por lo que se volvió omisa y cómplice en el caso.

Este medio de comunicación solicitó una entrevista a la enlace de comunicación, Cristina Ortiz, para que el titular de la dependencia, Facundo Rosas Rosas, explicara la situación en torno al escándalo en que se ha visto envuelto el gobierno de Puebla.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta a la solicitud de entrevista, para aclarar quién había enviado la orden directa de desalojar a los manifestantes, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo a un niño muerto.

El 9 de julio se registró un enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales, luego de que cerraron la autopista Puebla-Atlixco para el regreso de la administración del Registro Civil a las juntas auxiliares, del que resultaron lesionadas decenas de personas entre quejosos y uniformados.

Esta situación generó en un escándalo contra el gobierno del estado de Puebla, debido a que entre los lesionados hubo un niño de 13 años de edad, José Luis Tehuatlie Tamayo, quien perdió la vida 10 días después.

Por la presión e indignación social, tuvo que intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que finalmente determinó un uso excesivo de la fuerza, así como que el menor fue lesionado por los policías estatales.

Esto, a pesar de que el gobierno estatal aseguró insistentemente que fue una onda expansiva de un cohetón lo que lesionó al niño, lo que resultó falso tras la investigación pericial de la CNDH.

Roxana Luna sentenció que aunque es difícil establecer la comunicación por medio de una BlackBerry, se debió investigar más la participación del mandatario estatal, aunque señaló que eso ya lo podrán hacer otras autoridades.

En entrevista telefónica desde la ciudad de México, la legisladora indicó que aunque no existe certeza por lo complicado de establecer la comunicación, es un hecho que todo se puso haber previsto si se monta un dialogo.

“Ha sido una característica que se ha venido generando de no establecer diálogos, todo puede apuntar que se dio directamente la indicación, pero falta certeza del día y la hora”, indicó.

Señaló que la CNDH debió haber investigado más la actuación del mandatario estatal aquel día, ya que finalmente era responsabilidad del gobierno la paz social, y en este caso cuando hay conflictos, informa la autoridad intermedia al Ejecutivo de lo que está pasando.

”Es claro que el gobernador una vez que pasaron estos hechos dio a entender que no iba a permitir el cierre de carreteras, entonces de alguna manera se entiende que puede estar confeso”, añadió

Comentó que han señalado que se trató de proteger al mandatario en las investigaciones, ya que el gobierno estatal no puede adquirir el armamento sino hay un consentimiento de autoridades.

“Hay una complacencia de la CNDH con las autoridades que tienen responsabilidad de velar por los poblanos, en este caso ni siquiera emitió una recomendación general de los demás lesionados, ni donde adquirieron el armamento, la autoridad se vuelve omisa y cómplices”, refirió.