Una vez más la administración estatal saldó un conflicto social con una solución policiaca-jurídica acusando a cuatro activistas del movimiento en contra de la construcción de un parque en San Andrés Cholula, de despojo, ataques a las vías de comunicación, motín, delitos contra el orden constitucional y daño en propiedad ajena, dos de los cargos considerados graves.
La combinación de la estrategia gubernamental para frenar las protestas por las expropiaciones de terrenos en San Andrés Cholula añadió al encarcelamiento de cuatro activistas una campaña de propaganda negra en contra de los opositores a la construcción de un centro comercial.
De esta manera, la administración estatal respondió a la protesta de ciudadanos de San Andrés Cholula, con medidas políticas.
Tanto abogados como activistas han puesto en evidencia esta estrategia de “fabricación de delitos” en contra de opositores, denunciada en distintos foros y por organizaciones sociales, en otras ocasiones ha tenido que liberar a personas encarceladas debido a que abogados de activistas han demostrado las irregularidades jurídicas en dichos procesos.
Tales son los casos de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras y Santiago Pérez Tamayo.
Estas personas fueron detenidas de manera irregular a las 14 horas del pasado 9 de julio durante el operativo policiaco en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Originalmente, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) los acusó por los delitos de motín, desobediencia y resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas; tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.
Sin embargo, el 6 de agosto, los presos de Chalchihuapan salieron en libertad del Cereso de San Pedro Cholula luego de pagar una fianza de 7 mil pesos, debido a que se habían “desvanecido” las pruebas.
La policía los consignó pero no pudo demostrarles que se hallaban en el momento de la refriega entre pobladores de San Bernardino y la policía estatal. Ya que la refriega fue a las 15 horas y los pobladores fueron detenidos “en flagrancia” a las 14 horas del pasado 9 de julio.
Cuando el gobierno de Puebla endureció su postura en contra de los opositores a la construcción del gasoducto Morelos, que cruza por tierras de campesinos poblanos, realizó una “cacería” en contra de opositores “fabricándoles” delitos.
Autoridades estatales detuvieron a la comisariada de San Felipe Xonacayucan, Enedina Flores Vélez, a quien se le acusó de robo con violencia de celulares a José Alí Reyes Méndez, ejecutivo de la empresa italiana Bonatti.
La comisariada, siguiendo un mandato de su comunidad, rechazó firmar los permisos para que se autorizara que en las tierras de los campesinos pasara el gasoducto. Luego de diversas presiones políticas se apresó a la comisariada.
Luego de 7 meses en la cárcel, a Rosas Vélez le concedieron el arraigo domicilario.
“El arraigo de Enedina es producto de la presión política y social que se ha hecho desde los pueblos, y desde la solidaridad estatal nacional e internacional que se ha buscado desde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Morelos Puebla Tlaxcala. Desconocemos a las organizaciones que han hecho declaraciones accidentadas y que no han participado en esta lucha y que esperamos no entorpezcan el camino andado, en el que se busca concretar la liberación de nuestros compañeros Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís”, señaló en un pronunciamiento del frente en contra de la represión.
Abraham Cordero Flores, exjuez de paz de San Francisco Tepeyac, también logró su libertad. Cordero Flores, opositor al gasoducto Morelos, fue detenido el 8 de abril. El gobierno estatal lo acusó de los delitos de privación ilegal de la libertad, delitos contra funcionarios públicos y amenazas, por los cuales se le dictó finalmente una libertad bajo fianza de 57 mil pesos.
El jueves 2 de julio, a la par de movilizaciones en las calles de Puebla para recordar el 2 de octubre, Cordero Flores, presidente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada de la prisión de Atlixco, abandonó el Cereso de Atlixco.
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Por su parte, el consejero nacional de Morena, René Sánchez Galindo, afirmó que Adán Xicale cuenta con el respaldo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Bernardo Bátiz, abogado del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, está al tanto del caso de Xicale, detenido.
René Sánchez Galindo, consejero nacional de Morena, recordó que el procurador Víctor Carrancá Bourget ya ha cometido errores en las acusaciones en contra de activistas. Y que de nueva cuenta Carrancá se vuelve a equivocar: “Acusar de homicidio personas detenidas en San Bernardino Chalchihuapan y a quienes tuvo que liberar por falta de pruebas y porque las detuvieron antes de que sucediera el enfrentamiento.
”Anda confundido porque el palacio municipal no es una vía de comunicación”, planteó Sánchez Galindo.
El abogado y consejero nacional de Morena afirmó que el procurador “ya se confundió de tiempos cuando detuvo a personas que iba o pasaban rumbo a San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio. Y que ahora en lo mismo que en supuesta flagrancia detiene a pobladores de Cholula que realizaron una toma simbólica y pacífica del palacio municipal.
”Anda confundido, el palacio municipal no es una vía de comunicación. El procurador ya se confundió una vez con las horas. Nosotros le exigimos que nos dé una explicación.
”Por supuesto que se trata de presos políticos, de nuevo el gobierno quiere resolver un problema social no por la vía del diálogo, sino atemorizando a la población y fabricando acusaciones”, señaló el consejero nacional de Morena.
En el mismo sentido, el abogado defensor, Vladimir Luna Porquillo, señaló que las cuatro personas que se oponen al proyecto impulsado por el gobernador Rafael Moreno Valle forman parte de los “presos políticos” de la administración estatal.
Como si se tratara de una repetición de los casos antes citados, a cuatro opositores a la construcción de un parque en los límites de San Pedro Cholula y Aan Andrés Cholula, al pie de la iglesia de los Remedios, se les acusó de despojo, ataques a las vías de comunicación, motín, delitos contra el orden constitucional y daño en propiedad ajena. Dos de estos cargos son considerados graves.
De este modo, suman 37 los “presos políticos” en Puebla, señaló en una rueda de prensa, al pie de la pirámide, el abogado Vladimir Luna.
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La madrugada de este jueves se inundaron las calles de San Pedro Cholula con propaganda “negra” para frenar las protestas de los opositores al Parque de las Siete Culturas.
“No a la violencia, no a la mentira. Te quieren confundir, te quieren engañar. Ten cuidado hay un grupo de alborotadores, violentos que intentan convencerte de que acudas a las marchas donde te utilizan como carne de cañón”.
En el volante de la campaña “negra” en contra de los opositores a la construcción de un parque comercial se señala: “Abre los ojos son mentiras de quienes están interesados en que te sumes a marchas para que te detengan y te metan al tambo para luego abandonarte, es su estilo tirar la piedra y esconder la mano (…) tiachcas, principales y mayordomos están abriendo los ojos y manifiestan su rotundo rechazo a utilizar imágenes religiosas con fines políticos”, señala información de La Jornada de Oriente.
