El Juzgado Séptimo de Distrito otorgó la suspensión provisional a un elemento de la Policía Estatal adscrito a los Centros de Reinserción Social que se encuentra en la lista de los más de 500 elementos despedidos por el gobierno del estado para que se le permita seguir laborando, beneficio que podría extenderse al resto de sus compañeros.
Pablo Herrera Romero, representante legal del custodio Gabino Bonilla Huerta, informó que es el primer amparo que obtiene un elemento de la Policía Estatal, además de que el argumento de que presuntamente no hayan pasado las pruebas de control y confianza no es un elemento en la legislación laboral para que sean despedidos.
Dijo que el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó la suspensión provisional al elemento Gabino Bonilla Huerta dentro del juicio de amparo 1582/2014-IV, luego de que el 7 de octubre le fue impedido el ingreso al Centro de Reinserción Social de San Miguel al notificarle que ya no laboraba para la policía.
Herrera Romero, abogado defensor del custodio, indicó que se solicitó el amparo toda vez que el 7 de octubre se le negó supuestamente por órdenes superiores el ingreso a laborar tanto a él como a siete de sus compañeros.
En la demanda se advierte que en la aduana de visitas un custodio fue quien le anunció que por órdenes del director del Cereso no los iba a dejar pasar sin decirles la causa, aduciendo que él sólo recibía órdenes.
El abogado indicó que los primeros argumentos legales en contra de la disposición fueron los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución federal, donde se precisa que nadie puede ser privado de su trabajo y salario producto del mismo, sin que exista una causa justa.
Dentro del juicio se señala a Oscar Ramírez Martínez, director del Cereso, por extralimitarse en sus funciones al impedir la entrada al centro de trabajo, toda vez que los nombramientos para ser elementos de seguridad los otorgó el gobernador del estado en turno.
Fue el 10 de octubre cuando presentó la solicitud del amparo suspensión que le fue otorgada al elemento.
Beneficio general
Pablo Herrera Romero explicó que con la reforma a la Ley de Amparo el beneficio será para todos los elementos que hayan enfrentado situaciones similares, y ya no sólo corresponde a quien promueve el juicio.
Insistió en que los elementos de la policía que tienen de cinco años en adelante en el servicio público y que fueron contratados sin que se requirieran las pruebas de control de confianza no pueden ser despedidos en caso de que presuntamente no las aprueben.
Señaló que el gobierno del estado ha violado los derechos laborales de los más de 500 elementos tanto policías estatales, custodios, ministeriales y hasta del Cuerpo de Bomberos.
Aseguró que las demandas laborales y amparos que promuevan los elementos serán ganados toda vez que existe ilegalidad.
La respuesta
El gobierno del estado dio cumplimiento a la suspensión a través de Oscar Ramírez Martínez, encargado de despachos de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Puebla.
El funcionario argumentó que nunca giró una orden o memorándum para que a Gabino Bonilla Huerta se le impidiera el ingreso a su área laboral.
Asimismo, acepta la suspensión provisional, aunque advierte que seguirá el trámite para su separación.
Amañaron exámenes
El pasado 2 de octubre, elementos de la policía denunciaron la manera en que amañaron los exámenes de control de confianza, ya que la mayoría fueron notificados a las 23 horas para que se fueran a descansar y se presentaran a las 7 horas del día siguiente.
Los exámenes que les aplicaron fueron el psicométrico, toxicológico, polígrafo y sobre enriquecimiento y nexos con la delincuencia organizada.
Señalaron que en condiciones normales se da un descanso de 24 horas previas, a fin de que puedan llegar relajados a presentar el examen y los resultados sean reales.
Consideraron que después de trabajar 18 horas seguidas, dormir cuatro y tener la presión, lo que sucederá es que reprueben el examen psicométrico y el polígrafo presente alteraciones.
Del caso de nexos con la delincuencia organizada, hasta ahora no se conoce un caso de que quienes fueran cesados tenga esas relaciones.
