El secretario general de Gobierno Luis Maldonado Venegas, y el titular del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, evadieron hablar sobre el tema de Chalchihuapan, al señalar que ya está concluido para el gobierno de Puebla.

En el marco de la Semana de la Transparencia, organizada por la Comisión de Acceso a la Información (CAIP), ambos funcionarios evitaron las entrevistas con la prensa sobre el tema, álgido para la administración estatal.

El presidente del TSJ literalmente corrió a su camioneta sin detenerse a los cuestionamientos sobre los detenidos del caso Chalchihuapan.

—¿Cómo está la situación de los detenidos de Chalchihuapan?

—Uy, son muchos los detenidos —sólo alcanzó a decir el encargado del Poder Judicial en Puebla, mientras se quitaba el saco y subía a su camioneta.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, señaló que el tema ha concluido para el gobierno estatal.

—Señor, ¿no acudieron las víctimas de Chalchihuapan al evento oficial, eso se tomaría como una disculpa pública?

—Perdón, no voy a declarar nada (...) la posición del gobierno del estado ya se publicó, yo no voy a agregar nada más.

“No voy a formular una declaración adicional, el posicionamiento ya lo fijó el gobierno del estado a través de la oficina del gobernador”, insistió en respuesta a los cuestionamientos de los reporteros.

El caso de Chalchihuapan ha mantenido al gobierno de Puebla en medio de un escándalo, tras la muerte de un niño de 13 años, luego de ser lesionado el 9 de julio en una manifestación donde habitantes exigían el regreso del Registro Civil, que pasó a manos de la administración estatal.

Fue hasta el 11 de septiembre cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras una investigación, determinó emitir una recomendación al gobierno de Puebla, al comprobar que fueron policías estatales quienes lesionaron al niño en la trifulca. El presidente del organismo nacional, Raúl Plascencia Villanueva, emitió en la recomendación 11 puntos, entre los que destacan que el gobierno del estado debería pedir una disculpa pública a los agraviados.

Fue el pasado sábado cuando el gobierno de Puebla, por medio de un comunicado, afirmó que ya había cumplido la encomendarían de la CNDH, sin embargo, la invitación para el evento para la disculpa se entregó apenas tres horas antes de llevarse a cabo el viernes.

Esta situación ha sido criticada a nivel nacional y local por activistas, políticos y sobre todo por los agraviados, como Elia Tamayo Montes, quien indicó en rueda de prensa que fue una burla.