Habitantes de San Bernardino Chalchihuapan denunciaron en las oficinas del Cencos, en el Distrito Federal, atropellos de la administración morenovallista en las detenciones efectuadas en contra de pobladores el pasado 18 de octubre, señalando que en la población se vive un clima de temor porque pudiera haber más aprehensiones.
“No queremos más presos, no queremos más violencia, pero también la población de Chalchihuapan está desesperado porque la han estado hostigando. A quien responsabilizamos es al gobierno del estado, porque no está presentado órdenes de aprehensión. Los ciudadanos tienen derecho a defenderse porque no se les ha presentado ningún documento oficial”, señaló el abogado Misraim Hernández Fernández.
Petra, esposa de uno de los detenidos, denunció que las detenciones se realizaron de manera violenta y la policía destruyó sus propiedades. “No lo sueltan y no lo dejan salir bajo fianza. Eso no es justo porque él no hizo nada. Nosotros somos pobres.
”En el pueblo nos había dado miedo. Ya no puedo estar ahí. Yo vivo nada más con mi esposo y mi hijo. Lo que me tocó vivir es muy feo. No es justo. Yo sola estoy en la casa. Ya no puedo estar tranquila. Mi esposo está detenido. Por eso exijo que nos ayuden y que lo saquen a mi esposo y a los otros dos. Sáquenlos ya... Rompieron la puerta con el mazo. Ahí nos escondimos en el cuarto”.
Petra imploró que liberen a su esposo, detenido en el operativo con el que el gobierno del estado dijo dar cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 de la CMIC.
“El gobernador dice que tiene mucha educación, pero nosotros somos pobres”, dijo.
Araceli Bautista, habitante de San Bernardino Chalchihuapan, señaló que al presidente de la junta auxiliar, Javier Montes Bautista, intentaron detenerlo sin presentar ninguna orden de cateo ni de aprehensión.
“En ningún momento dicen vengo por Javier. Ellos llegan irrumpiendo en las casas. No presentaron ni orden de cateo ni orden de aprehensión”, declaró.
Araceli Bautista denunció que la Policía Ministerial poblana entró violentamente a casas en Chalchihuapan el 18 de octubre, durante el operativo para detener a pobladores.
“Puebla vive un caos, vive en represión”
La madre de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, Elia Tamayo, declaró: “El señor gobernador me arruinó la vida, mató a mi hijo y ahora sigue molestando a la gente”.
José Luis Tehuatle Tamayo fue herido el pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan por la Policía Estatal, cuando le dispararon proyectiles metálicos de gas lacrimógeno. A consecuencia de las heridas el niño murió.
Por su parte, el abogado Leopoldo Maldonado acusó al gobierno de Puebla de no cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de que está “criminalizando” a las víctimas. “Ningún mecanismo del estado para llevar la paz a Chalchihuapan... gobierno con talante de autoritarismo”, acusó.
El pasado 9 de julio, habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan protestaron en el kilómetro 16 de la autopista Atlixco-Puebla, a la altura de la junta auxiliar, exigiendo que el gobierno de Puebla que les devolviera a las juntas auxiliares sus Registros Civiles, luego de retirarles a las juntas auxiliares dicha función.
Sin diálogo de por medio, policías estatales disolvieron violentamente la manifestación de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.
La Policía Estatal disparó indiscriminadamente proyectiles metálicos de gas lacrimógeno en contra de los pobladores. Lo que le costó la vida al niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, de 13 años, quien salía de su escuela cuando los policías arremetieron en contra de los pobladores.
El gobierno de Puebla negó que la policía haya disparado en contra de los pobladores causándole la muerte al niño Tehuatle Tamayo, hasta que la CNDH demostró que los policías, al incumplir los protocolos de seguridad y derechos humanos, provocaron la muerte del menor, lo que obligó al gobierno de Puebla a cumplir con la recomendación 2VG/2014.
Sin embargo, el pasado 18 de octubre se detuvo a cinco pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, a quienes se les acusó de motín, homicidio, privación ilegal de libertad y ataques a las vías de comunicación.
Tres de los pobladores quedarán bajo prisión.
