Este jueves, opositores del gasoducto denominado Proyecto Integral Morelos (PIM) se reunirán con el sexto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir que ordene el paro de la obra con medidas cautelares.
En rueda de prensa, integrantes del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga y el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés denunciaron que el acoso de autoridades estatales y federales continúa contra pobladores.
Incluso, este acoso y amenazas han sido denunciados ante el Ministerio Público; sin embargo, las querellas se encuentran congeladas.
Selene Santamaría, activista del municipio de Nealtican, explicó que el acoso a los pobladores se da hasta cuatro veces por semana, al llegar personal a las viviendas procedentes de la Dirección General de Gobierno de Puebla y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las amenazas son que si los campesinos no dan su permiso para que el gasoducto pase por sus terrenos, recurrirán al Ejército mexicano para sacarlos.
La labor intimidatoria la realiza personal del gobierno estatal, junto con federales, en la entrega de notificaciones personales a los campesinos que se niegan a ceder el derecho de vía a la paraestatal para el paso de la obra.
Fernando Cuellar, integrante de del Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, señaló que han estado llegando citatorio a dueños de predios hasta cuatro veces por semana, que emite la Dirección General de Gobierno del estado de Puebla.
“Es algo muy grave, ya que no sólo entregan citatorio, sino amenazan a la gente. Dicen que depositarán recursos y quitarán el terreno”, dijo.
Indicó que jefes de la CFE han generado problemas y las amenazas han subido de tono.
“Se meten a la brava a las casas”, dijo al señalar que tienen dos casos documentados y los ayuntamientos, lejos de abonar para que se respete la ley, se lavan las manos y de manera irresponsable reciben dádivas de la CFE.
Por ejemplo, dijo que en el ayuntamiento de Nealtican recibió una ambulancia de CFE, sin que la paraestatal tenga atribuciones para hacer este tipo de donaciones.
“No aparece apartado a la CFE donde se le permita como obra social, y debe estar en un reglamento o una ley. Tienen un código de ética pero no lo conocen, no respetan a las personas”, insistió.
Indicó que personal de la paraestatal se mete a las casas y hasta les ayudan en quehaceres domésticos con el fin de ganarse la confianza.
Por su parte, Jimena Ugarte, del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, señaló que en Tlaxcala llegan con una carta de anuencia con mentiras, como que la servidumbre de paso ocupará 10 metros. “No es cierto, será por más metros”, afirmó.
“Ahí hay una mentira, está a 10 metros de distancia de gasoducto, la norma lo prohíbe, si plantan el gasoducto no van a poder construir una escuela, lo movieron más de 300 metros”.
Señaló que interpusieron una denuncia ante la PGR por violación a la suspensión provisional de la obra del gasoducto, que un juez había ordenado sin que se acatara.
“El gasoducto no es un problema técnico, sino de legalidad”, enfatizó, al exigir que la CNDH intervenga para que dicte medidas cautelares.
—¿Hay confianza en la CNDH?
—Tenemos que hacer que funcione la CNDH, no es cuestión de gustos, tenemos que obligar a que trabaje, si nos cuesta tan caro, como mil 500 millones de pesos al año, es un dineral.
Los amparos
Desde el 19 de enero, habitantes de los municipios de Atlixco, Xonacayucan y Nealtican acusaron que fueron rechazados sendos juicios de amparo contra la construcción del gasoducto.
Armando Domínguez Márquez, representante legal de los pobladores de Atlixco, explicó que los jueces federales de distrito han rechazado los alegatos con cualquier excusa, en una clara maniobra para dejar en la indefensión a los ciudadanos.
Señalaron además que los togados omitieron valorar el peligro que representa la construcción de dicho gasoducto, que está muy cercano a las viviendas.
“Es grave que la autoridad desconozca inclusive a la credencial de elector para alegar que no hay pruebas que las personas que firmaron los amparos sean siquiera vecinos del lugar”, dijo.
Y es que explicó que en el caso de Atlixco, bajo el recurso de amparo 1881/2014, el juez octavo de distrito negó la suspensión provisional por no haber acreditado el domicilio de los promoventes.
Por su parte, Patricia Montaño, representante o abogada de los pobladores de Xonacayucan y Nealtican, señaló que no hay un sano ejercicio sano de la justicia.
En este caso asignado con el número de recurso de amparo 1877/2014, señaló que el juez décimo de distrito de manera ilegal desechó la demanda de garantías por supuestamente no haber acreditado el interés legítimo de los promoventes.
Todo esto, a pesar de que se presentó del acta de asamblea de los campesinos que firmaron la demanda de amparo.
Respecto al amparo 1964/2014, promovido por habitantes de Nealtican, el juez 11 de distrito desechó la demanda por la misma razón ilegal que el anterior.
“En este caso, no recurrimos por convenir a nuestros intereses, ya que estamos resolviendo acerca de la estrategia jurídica que más nos conviene seguir a continuación”, señaló Areli Vélez, representante de Nealtican.
