En un clima de unanimidad, elogios mutuos y palmaditas en la espalda, los diputados locales aprobaron iniciativas de ley para “modernizar” la administración pública, como la del gobierno digital.
La sesión transcurrió sin sobresaltos.
Los legisladores aplaudieron la nueva ley, la cual recupera recomendaciones de organismos internacionales.
La iniciativa del grupo panista sobre el gobierno digital fue presentada como una suerte de panacea para mejorar el funcionamiento de la administración estatal, evitar la corrupción y hacer trámites y servicios de manera digital.
En el inter para suavizar las críticas frente a la novedosa ley que penaliza el grafitti, el grupo parlamentario del PAN abrió la posibilidad de reducir las penas en contra de quienes realicen grafitti.
La postura conciliadora fue anunciada por el diputado del PAN Eukid Castañón, propinante de la iniciativa, que ha recibido diferentes críticas por parte de organizaciones de los derechos humanos, especialistas, artistas de grafitti, líderes de organizaciones sociales y medios de comunicación nacional, debido a su carácter criminalizador de una expresión social y que no distingue entre el daño al patrimonio y las expresiones estéticas o políticas del fenómeno social del grafitti.
Para atemperar las críticas, Castañón dijo que este viernes cuando sesione la comisión a su cargo se revisará el tema de las penas, reduciendo las penalidades.
El atemperamiento se da a escasos días de que se presentara la polémica iniciativa, la cual ha sido criticada por sus ambigüedades y en un clima de persecución hacia los movimientos sociales, lo que ha generado suspicacias.
El expresidente de la Coparmex y diputado local por el PAN, Franco Rodríguez Álvarez, presentó las bondades de la ley de gobierno digital, cuyo objetivo es eficientar los trámites y los servicios de las dependencias gubernamentales, los ayuntamientos y los poderes Legislativo y Judicial.
Franco Rodríguez presentó, a nombre de los diputados panistas Paty Leal, Pablo Rodríguez Regordosa y el priista José Chedraui, la ley a la que denominó pomposamente como una ley que generará la “modernización administrativa”.
El legisladora panista elogió la iniciativa diciendo que las personas ya no tendrán que acudir a las oficinas de las dependencias para realizar algún trámite, servicio o pagar algún impuesto.
La ventaja de la iniciativa de ley aprobada, estimó Franco Rodríguez, radica en que desde cualquier lugar podrán realizar sus pagos.
Los diputados impulsores de la iniciativa, Rodríguez Álvarez, Leal, Rodríguez Regordosa y el priista Pepe Chedraui Budib se congratularon por la aprobación de la misma, la cual sigue recomendaciones de la OCDE.
La iniciativa contó con la asesoría de especialistas en los temas de administración gubernamental digital, como Alejandro Ríos, director adjunto de proyectos de Gobierno Digital; también acudió Manuel Gerardo Flores, de la división de política regulatoria de la OCDE.
El diputado panista Pablo Rodríguez Regordosa también abordó los beneficios de la ley de gobernanza regulatoria que facilita el pago de trámites y servicios a través de las redes digitales.
Tras ser aprobadas por unanimidad en el Congreso del estado las leyes de Gobierno Digital y Gobernanza Regulatoria, Puebla ha dado un importante paso convirtiéndose en pionero a nivel nacional en la modernización administrativa y combate a la corrupción.
Las nuevas leyes contaron con el aval de especialistas: Manuel Gerardo Flores, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Alejandro Ríos Diéguez, director general de Proyectos del Gobierno Digital del Gobierno de la República, y Francisco Fernández Castillo, Director General de C-Estrategia, quienes coincidieron en señalar que Puebla se erige como un ejemplo en materia digital para todo el país.
Los funcionarios asistieron a la sesión del Congreso en la que la Comisión de Desarrollo Económico, en voz del legislador Franco Rodríguez, presentó la Ley de Gobierno Digital para el Estado y sus Municipios.
Los representantes nacionales subrayaron que este ordenamiento cumple con los 12 principios de la OCDE, que permitirá avanzar en la modernización administrativa, ahorro de tiempo, dinero y combatirá la corrupción.
Los funcionarios señalaron que también se impulsará el uso de la firma electrónica, se generará un ahorro en papel, fomento al cuidado del medio ambiente y que los distintos pagos estatales y municipales se podrán realizar en línea.
Los especialistas plantearon que este marco legal obligará a las dependencias del gobierno, organismos descentralizados, ayuntamientos, al Congreso del estado y al Tribunal Superior de Justicia a implementar sus propias plataformas de trámites y servicios.
En el tema electoral, la diputada del Partido Verde Ecologista Geraldine González expuso la urgencia de que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas en los procesos electorales.
La legisladora por el distrito de Tehuacán señaló que deben garantizarse los derechos de los pueblos indígenas acorde con el espíritu de las reformas constitucionales, por lo que la legislación local en la materia se debe armonizar.
“Hacer la elección o designación de sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular, para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales”, indicó.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México expuso que en el estado de Puebla hay una diversidad de poblaciones indígenas de acuerdo a los propios datos del Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas de la Comisión Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
Estas cifras arrojan que existen 130 municipios y mil 719 comunidades con población indígenas. Además, contamos con un millón 481 mil 104 habitantes de origen indígena, de los cuales 557 mil 843 hablan lenguas autóctonas.
“Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo segundo de la Carta Magna, en el cual se dispuso de manera amplia y literal el derecho de mujeres y hombres, habitantes de comunidades indígenas, de votar y ser votados, así como para acceder y desempeñar cargos públicos y de representación popular”.
La diputada verdeecologista sostuvo que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
Cabe señalar que en el distrito de Tehuacán habitan distintos grupos indígenas.
