Tortura psicológica y desaparición forzada, además de rasgos de actuación paramilitar, devela accionar en el desalojo por encapuchados armados en contra de estudiantes la madrugada del domingo, señaló la REDDH.

“En Puebla, estamos en la antesala de otro Ayoztinapa”, expuso Israel Sampedro en una rueda de prensa en el café Marcel, para denunciar las acciones.

La red de derechos humanos calificó el desalojo violento en contra de estudiantes, realizado el pasado domingo como un acto de características “paramilitares”, y descartó la versión difundida este día por autores gubernamentales de que se trató de una “riña” entre particulares.

Israel Sampedro Morales denunció que el desalojo violento realizado por un grupo de encapuchados armados con bates, varillas y diversos instrumentos con los que golpearon a 23 estudiantes, hombres y mujeres, que se hallaban en un campamento en el zócalo de la ciudad, muestra el modus operandi del Estado mexicano, que en distintos niveles de gobierno busca deslindarse de actividades de ese tipo y que las realiza a través de grupos particulares con la aquiescencia de la autoridad.

Lo menos en que incurrieron los policías tanto municipales como estatales que permitieron la agresión en contra de los estudiantes y que no acudieron al auxilio de los mismos fue en una omisión, recordó Sampedro Morales.

“La característica de los crímenes de lesa humanidad específicamente cuando se da la desaparición forzada es que al ser un acto ilegal participa ya sea la autoridad o particulares con aquiescencia de la autoridad. Lo que trata de hacer es que, bajo la justificación de que fue una riña o de que fue la propia delincuencia organizada, es eximir de esa responsabilidad al Estado mexicano en cualquiera de sus niveles”,
Sampedro planteó que no fueron “grupos porriles” los que expelieron violentamente a los estudiantes del plantón realizado en el zócalo, sino grupos que actuaron de manera paramilitar, quienes además de golpearlos les aplicaron tortura psicológica a un grupo de ocho jóvenes.

“Por el testimonio de los jóvenes, lo que vemos es que sí hubo personal tanto de la policía municipal y estatal, en las inmediaciones del zócalo, que vieron de hecho cómo se llevaron a cabo los hechos.

”Hay una declaración del propio procurador y del alcalde que ellos tenían conocimiento de que era un riña. Eso es un elemento importante porque en el zócalo una riña de esa magnitud implica algo más.”

Israel Sampedro señaló que de acuerdo al propio testimonio de los estudiantes golpeados, los policías municipales y estatales ni siquiera auxiliaron a los estudiantes, como lo pidieron.

“Hay una responsabilidad por lo menos por omisión por parte de los agentes municipales y estatales que estuvieron en ese momento, y también algo que es importante para nosotros es que al hacer pública esta investigación ahí vamos a darnos cuentas de cómo fue el actuar de estas personas encapuchadas que iban totalmente armadas, que pudieron cometer homicidio o ejecución extrajudicial y que de manera impune se pudieron llevar a los muchachos; no es un hecho particular y por supuesto, la autoridad va a decir nosotros no fuimos. Pero la característica del suceso es que fue de carácter paramilitar como fue llevado a cabo.”

Sampedro Morales explicó que la desaparición forzada de ocho estudiantes por dos horas y la tortura física y psicológica que los encapuchados ejercieron en contra de ellos exige la aplicación del Protocolo de Estambul.

“En este caso, por una desaparición forzada, que fue afortunadamente de al menos casi dos horas, y nosotros creemos que tendría que aplicarse el Protocolo de Estambul por los actos de tortura, por las condiciones físicas que presentaron los jóvenes y además de tortura psicológica.”

El representante de la REDDH externó su preocupación porque las autoridades investiguen fehacientemente estos actos de agresión en contra de estudiantes de la UAP.

“En este proceso de investigación la autoridad que tiene cámaras de vigilancia en la zona centro del propio zócalo y que está representada por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia como parte de la investigación tendría que hacer públicas las imágenes, los audios y los videos, y saber con exactitud quiénes fueron estas personas quienes más que tener una actitud porril y actuaron de carácter paramilitar, es algo muy grave, porque parece que estamos en la antesala de otro Ayotzinapa.”

Por otro lado, el Frente de Lucha por el socialismo (FNLS) también criticó la violencia ejercida por autoridades estatales en el desalojo del plantón, señalando que los actos de represión como los del sábado definen el perfil de un Estado policiaco.

“En Puebla, el terrorismo de Estado se ha agudizado contra el pueblo que protesta y los sectores que luchan de forma organizada; el Estado policiaco militar caracteriza el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, como se manifiesta a partir del encarcelamiento de 45 presos por motivos políticos, la muerte del infante José Luis Tlehuatle, las ejidatarias prisioneras por defender el derecho a la tierra y el agua. Y la reciente detención del representante de la Unión Popular de Vendedores de ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio.”

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo condenó los brutales hechos represivos en contra de integrantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular (CUEP) y de aspirantes de nuevo ingreso a la UAP, quienes realizaban un plantón y huelga de hambre indefinidos en el zócalo de la ciudad de Puebla.

Los aspirantes se plantaron en exigencia de la demanda de un espacio para recibir cursos gratuitos de preparación para el examen de admisión 2015, ya que los que ofertan las autoridades universitarias tienen un costo excesivo, que se suma a los pagos de la ficha para presentar la evaluación y sólo en caso de sortear los múltiples filtros de admisión se debe pagar la cuota de inscripción.

Es oneroso el ingreso económico que reciben burócratas y autoridades por aplicar filtros de admisión destinados a excluir a más del 60 por ciento de los aspirantes.

Mientras sin pudor alguno se hinchan las arcas de la rectoría con miles de pesos generados por los pagos de los jóvenes en este proceso. Estas medidas administrativas de corte empresarial-neoliberal han convertido a la universidad en un gran negocio de funcionarios y exfuncionarios universitarios, en contubernio con los gobernantes estatales en turno y del propio Estado mexicano.