La utilización política del aparato de justicia, la aprehensión de 100 “presos políticos”, el desvanecimiento de pruebas en casos de activistas sociales.
Además, la recomendación 2VG/2014 de la CNDH en contra de funcionarios como el secretario de seguridad, Facundo Rosas, por su actuación violenta en el operativo policiaco de San Bernardino Chalchihuapan enmarcan las comparecencias del tema de seguridad y justicia.
Diversas organizaciones de derechos humanos como Cencos, Artículo19, y la propia CNDH han denunciado los excesos poliacos en contra de los opositores al gobierno estatal ocupando el aparato de seguridad del Estado.
Aunque el secretario de Seguridad recurre a la muletilla regional de que Puebla se encuentra entre los 10 estados más seguros del país, las organizaciones conservan su empuje a pesar del encarcelamiento sistemático de los opositores
Facundo Rosas llegó a Puebla precedido de una mala fama pública. Pero en el gobierno estatal el funcionario se ha vuelto útil para el morenovallismo.
El procurador de Justicia, Víctor Carranca Bourget, inventó en la crisis de Chalchihuapan la teoría del cohetón probada pero sin éxito, la “teoría” permitió observar al procurador en su relación con el poder.

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El periodista Enrique Núñez denunció que el gobierno estatal sostiene a Facundo Rosas con alfileres: “En días pasados, tal y como se publicó en Intolerancia Diario, la CNDH envió una nueva determinación al gobierno morenovallista, en donde se informa que para este organismo las 11 recomendaciones no han sido totalmente cumplidas, toda vez que Facundo Rosas se mantiene en el cargo de secretario de Seguridad Pública, pese a que el resultado de las investigaciones determina su flagrante participación en los hechos violentos de Chalchihuapan, que desembocaron en la muerte del niño José Luis Tlehuatle.
”Por otra parte, el creador de la absurda teoría del cohetón está metido en un nuevo escándalo, después de que un video descubriera que fueron los escoltas del procurador Víctor Carrancá los que intentaron detener de manera ilegal al joven Christian Biffano, cuando viajaba en un autobús de la Ruta Bicentenario.
”En este caso, estamos hablando de un asunto mayor, toda vez que los agentes ministeriales, no eran investigadores de la Procuraduría General de Justicia, sino los escoltas personales de su titular, quienes además se trasladaban a bordo de la camioneta Suburban asignada al propio Carrancá.
”Para confirmar el hecho, la camioneta Suburban, de color plata, que aparece en el video que exhibe la arbitraria detención, es la que está asignada para uso del procurador.
”Una consulta al portal del gobierno del estado determina que las placas de la camioneta Suburban pertenecen al gobierno del estado, además de que adeuda más de 7 mil pesos por concepto de foto-multas.
”Observando detenidamente el video, salta a la vista que la frustrada detención de Biffano fue producto de la necesidad de encontrar un culpable del secuestro y homicidio de Sebastián Préstamo.
”Ese es el problema de mantener en el cargo a un mitómano, dispuesto a lo que sea con tal de mantenerse en el cargo.”
El periodista, Fernando Maldonado, quien escribe en Intolerancia Diario, denunció de manera fehaciente el uso político de la seguridad y de la justicia en Puebla:
“La frustrada detención protagonizada por un grupo de policías ministeriales en contra de Christian Biffano el 13 de febrero a bordo de una unidad de transporte público Bicentenario en la avenida Margaritas de la colonia Patrimonio tiene un siniestro telón de fondo que va más allá de las evidentes ilegalidades del caso.
”Sucede en un momento preciso en la vida pública en el estado por el secuestro y ejecución de un estudiante de preparatoria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Puebla que ha encendido el dolor, la molestia e indignación de amplios segmentos sociales.
”Es al mismo tiempo una cadena de desaciertos que un grupo de ciudadanos sin querer desnudó con una herramienta eficaz y legítima como el uso de redes sociales cuando agentes ministeriales pretendían ?levantar′ a un muchacho por la sólo sospecha de haber participado en un homicidio.
”El contexto es amplio y sus orígenes tienen que ver con la agenda planteada desde el Congreso del Estado, en donde el 27 de febrero el procurador de Justicia, Víctor Carrancá comparecerá con otro funcionario impresentable: Facundo Rosas, el tambaleante secretario de Seguridad Pública encontrado responsable de la violencia desatada el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan que más tarde cobró la vida de un niño de 13 años.
”La desaforada búsqueda de los responsables del secuestro del joven estudiante del Tec de Monterrey, José Antonio Sebastián Rivera Préstamo a quien habrían ejecutado apenas después del "levantón" de que fue objeto en Sonata de Lomas de Angelópolis y encontrado sin vida en Veracruz, obedece a las cuentas que el funcionario deberá entregar a los legisladores en la fecha prevista.
”En el entorno del responsable de la procuración de justicia en Puebla se sabe que un plagio y mala operación y negociación de parte de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI) ponen al procurador en un ángulo débil”

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El caso Chalchihuapan mostró la faceta vertical del secretario de seguridad pública, Facundo Rosas.
El operativo del 9 de julio para desalojar a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan de la autopista Puebla-Atlixco donde realizaban una protesta provocó la muerte del niño, José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo.
La CNDH emitió la recomendación 2VG/2014 señalando la responsabilidad de Facundo Rosas en el operativo de desalojo del 9 de julio.
En el punto ocho y noveno de la recomendación se recomienda al gobierno de Puebla que colabore con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar trámite a la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Seguridad Publica de Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, mandos medios, policías estatales y el secretario Facundo Rosas. También funcionarios públicos de la Procuraduría General de Justicia quienes bloquearon las averiguaciones previas o hicieron alguna omisión al investigar los delitos ocurridos el 9 de julio.
Además, la propia recomendación en su punto 10 señala que se le debe dar seguimiento a la denuncia penal que presentará la CNDH ante la PGJ en contra de los funcionarios involucrados.
Hace algunos días, Facundo Rosas afirmó que él ha cumplido con los puntos de la recomendación de la CNDH que aluden a él.
El secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, afirmó que no existe ningún oficio en su contra para que sea dado de baja por el caso Chalchihuapan, al afirmar que ha cumplido con lo ordenado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Desconozco ese documento, lo que si les puedo comentar es que todo lo que me ha sido solicitado tanto por instancias de asuntos internos, Procuraduría, Contraloría y la propia CNDH, toda se ha entregado”, señaló el funcionario estatal.
“Todo lo que se ha pedido se ha instruido en tiempo y forma, seguramente estas instancias tienen su tiempo para informar de sus avances, pero en la Secretaría”, dijo.