La opacidad en las discusiones, la premura de las leyes, la falta de contrapesos, y la prevalencia de la agenda del poder ejecutivo, caracterizaron a la 58 legislatura. Además el Congreso oculta información.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias finalizó con la evaluación de la 58 legislatura.
El desempeño en el último año del Congreso Local de la pasada legislatura descendió ubicándose en 4.2 puntos.
En el tercer año de sesiones, la legislatura pasada alcanzó la calificación más baja de los tres años evaluados.
En el 2011, alcanzó 6.3 puntos y en el 2012 alcanzó apenas 6 puntos.
Los especialistas en políticas públicas del CEEY coincidieron en que el Congreso local privilegió la opacidad, una mínima rendición de cuentas, falta de discusión de las leyes aprobadas, y una nula calidad de las iniciativas de ley presentadas y aprobadas durante el 2013.
Más grave aún, en el análisis jurídico del CEEY son los posibles vicios de inconstitucionalidad en algunas normas que destacan por su falta de transparencia como es el caso de la reforma aprobada en 2012 por la Legislatura en materia de endeudamiento público.
Aunque esta es la última evaluación del CEEY a los legisladores de Puebla este ejercicio será retomado por la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA- Puebla) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Los panelistas hicieron notar que el esfuerzo realizado por la Unidad de Acceso a la Información congreso local fue insuficiente para mantener actualizado el portal electrónico —a solicitud del entonces presidente de la junta de gobierno y coordinación política, Mario Riestra Piña— resultó positivo únicamente para documentar el segundo año de sesiones, pero no el tercero. En esta ocasión no fue posible contar con gran parte de los dictámenes de las iniciativas, tanto las aprobadas en Comisiones como las del Pleno, así como las votaciones.
Para muchos especialistas, esto se debe a que el personal adscrito a la unidad no actualizó los contenidos del portal una vez que la legislatura terminó su encargo. De hecho, los evaluadores consideraron un error el que la nueva legislatura decidiera generar un portal electrónico distinto al anterior y no considerar de utilidad poner al día la información que por ley tiene que ser pública, sin importar qué Legislatura la generó.
Es importante resaltar que por tercer año consecutivo, el Congreso se negó a hacer públicas las versiones estenográficas y las actas de Comisiones y Comités, no obstante que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado lo ordena.
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En el reporte los especialistas coincidieron en que en el Congreso local no hay discusión de las iniciativas ni un diagnóstico sobre la necesidad social de las iniciativas que presentan y en el pleno omiten la lectura de las iniciativas que votan, como si las conocieran de memoria.
Por esa razón, la calidad de las leyes y la evaluación legislativa arrojó un puntaje de 3.1.
Otro yerro en la actividad del Congreso es que lejos de actuar como un contrapeso de los otros poderes evitan cualquier discusión a profundidad.
Para los panelistas la discusión sobre el manejo de los recursos públicos es incompleto.
El reporte señala que pareciera que las facultades de control y vigilancia se agotan con la dictaminación de las Cuentas Públicas, sin comprender que se trata de potestades que deben ejercerse permanentemente a través de las Comisiones Generales y que son principales supuestos de la División de Poderes y el sustento de un sistema de pesos y contrapesos. Esto pudiera interpretarse como “un sometimiento del poder legislativo al poder ejecutivo”.
El reporte destaca que por tercer año, fue el poder ejecutivo, y no el legislativo, el que mayor número de iniciativas presentó y el que más éxito de aprobación tuvo.
Y que las leyes se aprobaron en “tiempo record”, sin análisis, ni discusión, ni grandes cambios si se compara con las que fueron presentadas y aprobadas por legisladores.
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El tercer año de sesiones de la pasada legislatura obtuvo la calificación más baja de los tres años evaluados (6.3 en 2011 y 6 en 2012), haciendo evidente un claro retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como en la calidad de las normas presentadas y aprobadas durante el 2013.
Problemas de inconstitucionalidad y de transparencia a partir de la reforma aprobada en 2012 por la legislatura en materia de endeudamiento público.
Se seguirá evaluando el desempeño del congreso de Puebla la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA- Puebla) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
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En la evaluación del año 2013 de la 58 legislatura, el Centro Manuel Espinosa Yglesias calificó con un 6 al Congreso local.
El trabajo del centro académico midió el desempeño institucional y la actividad legislativa de los diputados en el segundo año de la LVIII legislatura.
La calificación global obtenida por el Congreso alcanzó un 6.57 por su desempeño institucional y un 5.37 de la evaluación de la actividad legislativa.
En diciembre del 2012 se presentó la evaluación del primer año de la LVIII legislatura.
En dicha ocasión, la medición alcanzó 6.3 puntos. El rubro institucional se calificó con 7.29 puntos y la calidad de la actividad legislativa con 5.4.
Se consultó a 27 especialistas en temas de técnica parlamentaria, argumentación jurídica, transparencia y rendición de cuentas, reforma penal y educación.
| Aspectos a evaluar | Ponderación | Calificación obtenida |
| Evaluación de desempeño institucional (Documento base: informes del tercer año de sesiones) | 50% | 5.1 |
| Evaluación de la actividad legislativa (Documentos base: iniciativas aprobadas) | 50% | 3.3 |
| Calificación final | 100% | 4.2 |