A un año de su implementación, la ley Bala ya demostró que es absolutamente innecesaria, porque de entrada habla de un Estado represor, de un gobernante que deja de lado los intereses de la sociedad por cuidar una imagen gubernamental inexistente, dijo el politólogo, Paulino Arellanes Jiménez.
Aseguró que la ley Bala tiene como objetivo violentar los derechos constitucionales elementales de los poblanos, porque regula las protestas por medio de la fuerza pública, “una sociedad que tiene una ley como esta, es una sociedad que no tiene las libertades que le brinda el Estado”.
El politólogo dijo que la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso de la Fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiacas del Estado no tiene razón de ser, porque representa dar al gobierno, licencia para matar.
Arellanes Jiménez aseguró que la ley Bala se puede derogar, siempre y cuando cuente con el consenso social, con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil y de algún grupo parlamentario del Congreso del Estado.
“Sí se puede derogar, pero tiene que ser por parte de una presión fuerte de parte de los diferentes grupos sociales, que a su vez manden una propuesta de ley a la legislatura local, para que se derogue”.
Empero, reiteró que para que eso suceda tendría que contar con el respaldo de alguna bancada de partido para que respalde la propuesta y la impulse al interior de la legislatura poblana.
Ahí es donde viene el problema, reveló el investigador de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, porque es evidente que prevalece un control creciente de parte del gobernador del estado de Puebla y en la legislatura no existe oposición alguna, porque está ligada y depende del poder ejecutivo”.
Ley Bala no tiene nada de positivo
El académico universitario recordó que la aplicación de la ley Bala, a su máxima expresión, ocasionó la muerte del menor de edad José Luis Tlehuatle Tamayo, “y no encuentro forma de resarcir ese daño social”.
Por eso, el analista político señaló que esa ley “de positivo no tiene nada”, porque solamente aplica la ley en contra de la sociedad y no respeta el debate social, “como pasa en España, donde para no caer en represión de movimientos sociales la ley dice que mientras no afecte los derechos jurídicos no pasa nada y se les respeta”.
No obstante, dijo que en el caso poblano todo indica que cualquier demanda que se manifieste a través de la protesta social, mitin o marcha, en la medida que afecte el orden público, indudablemente el Estado tiene que intervenir.
Recordó que aunque la ley weberiana asegura que el Estado tiene la auténtica fuerza legal, aquí se aprovecha de esa situación, pero no dan una lectura adecuada de la teoría, porque reprime y permite la criminalidad y la violencia.
Por eso, afirmó, seguirán aumentando los movimientos sociales, de jóvenes, de amas de casa, de mercados y de las Juntas Auxiliares, porque no encuentran respuestas y menos encuentran libertad de manifestación.
Lamentablemente y en forma contradictoria, agregó Paulino Arellanes Jiménez, en el Estado, se habla de derechos humanos, de creación de empleo, de manejar la sociedad mexicana de acuerdo a la ley y el derecho, pero indudablemente sacan nuevas leyes que contradicen los diferentes discursos que hemos escuchado.
