La comisión permanente del Congreso de la Unión solicitará a la legislatura local de Puebla que realice una auditoría por presuntas irregularidades en la compra y repartición de 2 mil 500 mototractores.

La comisión dictaminadora consideró que hay  elementos para inferir irregularidades por parte del  gobierno del estado de Puebla en la compra y entrega de más de 2 mil 500 mototractores. En el mismo sentido se ordenó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) informe de los resultados a la Cámara de Diputados.  
La dictaminadora propone un resolutivo para exhortar al Congreso del estado de Puebla, para que a través de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría integral al programa de entrega de mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos.
Además, la comisión dictaminadora pedirá a la ASF en un plazo no mayor a 15 días  entregue a la Permanente un reporte minucioso sobre las acciones administrativas y legales interpuestas en contra de servidores públicos de la administración estatal sobre este tema.
La semana pasada en la comisión permanente del congreso de la Unión los diputados del PRI exigieron que se aclare el manejo de recursos para la compra de mototractores donde presumiblemente también habría un daño patrimonial.
Con esta finalidad, el gobierno del estado de Puebla ha entregado más de 2 mil 500 mototractores a los productores de la entidad, para crear mecanismos que faciliten un campo competitivo y de mejor equipamiento tecnológico, señala el punto de acuerdo.
Lamentablemente diversos medios de información locales y nacionales han dado cuenta que los mototractores por su capacidad de arrastre y dimensiones no son apropiados para las condiciones de agricultura local, por lo que ahora se encuentran abandonados, empeñados o utilizados para otros fines, como transportar zacate, semillas, abono o basura, pero no para trabajar las tierras de cultivo.
A estas irregularidades técnicas se suman las presupuestarias identificadas por la Auditoria Superior de la Federación, institución que informó la existencia de diversas anomalías, tales como sobrecostos en la compra de 1 mil 690 motocultores, así como falsificación 168 firmas de beneficiarios, lo que representa un daño al erario por más de 107 millones 893 mil 112 pesos.
Por estos hechos la Auditoria Superior de la Federación en coordinación con la Contraloría del Estado iniciaron procedimientos administrativos por el daño patrimonial contra 18 funcionarios y exfuncionarios, ante lo cual los senadores del PRI no podemos ser omisos, más cuando se trata del ejercicio de recursos públicos.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Congreso de Puebla, para que a través de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría integral al Programa de entrega de Mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos; asimismo, a la Auditoría Superior de la Federación para que remita a esta Soberanía un reporte en el que se detallen los avances en las acciones administrativas y legales interpuestas en contra de servidores públicos de la administración estatal, por anomalías identificadas como beneficios en favor de una sola empresa, falsificación de firmas en los expedientes, falta de licitación y pagos a sobrecosto dadas a conocer en su informe de resultados de fiscalización de 2012.
El pasado 24 de mayo, la senadora del PRI, Blanca Alcalá Ruiz, señaló que esta petición carece de destinatario.
La senadora Alcalá Ruiz rechazó que la petición del Senado para realizar una investigación en torno a la entrega de mototractores en Puebla tenga una dedicatoria electoral y aseguró que solo se está demandando que se dé la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En entrevista, la senadora indicó que este tipo de puntos de acuerdo son comunes en el Senado de la República y lo que se busca es que se cumplan con todas las reglas que existen para el adecuado manejo del dinero de los mexicanos.
“De ninguna manera hay una dedicatoria electoral hacia el gobierno del estado o algún funcionario; se pide a las instancias correspondientes llevar a cabo una revisión de la manera en que se entregan los apoyos”.
Cuestionada sobre si confía en la Auditoría Superior del Estado, encabezada por David Villanueva Lomelí, identificado con el ala morenovallista, la senadora Alcalá precisó que el Partido Revolucionario Institucional siempre ha respetado las instituciones y son estas las que  deben responder a la sociedad.
Insistió en que el punto de acuerdo busca que haya transparencia no solo en el tema de los mototractores sino en todos los programas que se manejan tanto a nivel federal, estatal y municipal.
Recordó que ya está vigente la nueva ley de transparencia, así como la anticorrupción que son parte de las reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto y esto da certidumbre a los mexicanos.