El gobierno del estado perdió un juicio de amparo más, ahora para darle la libertad total a uno de los pobladores de Chalchihuapan, acusados de motín e intento de homicidio, por el enfrentamiento con policías estatales del 9 de julio de 2014.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, protegió a Vicente Villa en el expediente o recurso de revisión 103/2015, al confirmar la sentencia de amparo 108/2015 del juez tercero de distrito.

Aún están pendientes al menos seis juicios de amparo de pobladores de Chalchihuapan, quienes se encuentran entre las 13 órdenes de aprehensión que giró el gobierno de Puebla tras la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De las 13 órdenes de aprehensión, se cumplimentaron cinco el pasado 18 de octubre, cuando elementos de la Policía Ministerial entraron sorpresivamente a la comunidad por la noche irrumpiendo en viviendas.

La sexta aprehensión, fue varias semanas después, cuando se detuvo al presidente de la junta auxiliar, Jairo Javier Montes Bautista.

De los seis detenidos, tres fueron ya liberados, mientras que otros tres, entre ellos el edil alterno, además de Vicente Juárez y Florentino Tamayo, se mantienen recluidos.

Al respecto, en entrevista, Araceli Bautista, madre de Javier Montes, indicó que con la resolución se echa abajo el auto de formal prisión, y en las próximas horas el juez tercero de lo penal tendrá que dictar la libertad total.

Detalló que estaba en libertad por el amparo al saberse de las 13 órdenes de aprehensión por delitos como homicidios en grado de tentativa, motín, ataques a las vías de comunicación, entre otros.

Las aprehensiones de octubre 

La madrugada del 18 de octubre fueron golpeados, humillados y por más de doce horas desaparecidos, los cinco detenidos de la comunidad de Chalchihuapan.

Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes, pasaron todo un calvario.

Desde las 4 de la mañana, hasta las cuatro de la tarde de aquel sábado, nadie supo de la ubicación de las personas que Policías Ministeriales se llevaron por la fuerza de sus viviendas.

Finalmente se supo, gracias a un amparo ante la justicia federal, que los detenidos se encontraban recluidos en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla.

Dichas personas están acusadas de participar en la manifestación del 9 de julio, que ha mantenido en medio del escándalo al gobierno de Puebla, debido a que dejó como saldo la muerte de un niño y decenas de heridos.

La diputada federal Roxana Luna Porquillo, sentenció que se vivió nuevamente una violación de derechos humanos en Chalchihuapan.

“Espero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya esté interviniendo, que ya lo pedimos, pero son parte de lo que podemos pedir como ciudadanos”, señaló, sin embargo a ocho meses de distancia no hubo ninguna postura.