Nuevamente los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) dieron su voto a la opacidad, avalaron que la información de los gastos del Cuarto Informe de Gobierno de Rafael Moreno Valle no sea transparentada.
De este modo la dependencia Puebla Comunicaciones no dará a conocer la información relacionada con los gastos hechos por la administración estatal para la promoción del evento, gracias a la nueva comisionada Gabriela Sierra, quien se está destacando por proteger a las dependencias estatales.
La reportera Shanik David presentó a finales de marzo pasado la solicitud de información folio 00116315 ante dicha dependencia, en la que solicitó los gastos destinados a la campaña de promoción del informe de labores.
Pidió a detalle los medios y montos, así como anuncios espectaculares, en redes sociales y demás.
La información fue solicitada en dos ocasiones al mismo organismo estatal, pero en ambas se presentaron excusas para evitar la entrega, pese a que en años anteriores ya se había tenido acceso a datos similares.
Estos datos ya habían sido pedidos en enero, y aunque se dio un detalle de los espacios promocionales que habían sido contratados no se indicaron montos.
Puebla Comunicaciones entonces argumentó que los contratos todavía no habían sido pagados.
Estrategias de la opacidad
A pesar de esta respuesta, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la dependencia indicó que en relación a solicitud 00116315 no se tenía la información en medios electrónicos.
Por lo tanto, la puso a disposición o in situ, por lo que era necesario acordar una cita para revisar la información directamente en las oficinas del organismo.
La primera de estas citas se acordó para el día 8 de mayo a las 6 de la tarde; sin embargo, al llegar la hora indicada la persona responsable del área no se encontraba en las instalaciones.
Se acordó una segunda cita para el viernes 15 de mayo, a las 6 de la tarde, y pese a que se confirmó horas antes el encuentro, una vez más a la hora pactada la persona se encontraba ausente de la oficina y no había nadie adicional que pudiera entregar la información.
Por lo tanto, se interpuso un recurso de revisión a la CAIP por la falta de respuesta y de cumplimiento de las citas hechas, asunto que quedó registrado bajo el número de expediente 11/PUE COM-05/2015.
La comisionada Gabriela Sierra fue la ponente, quien determinó que el organismo no incurrió en falta alguna debido a que la solicitante no acudió a recoger la información en horario de oficina.
Su postura, que presentó durante la sesión pública de la comisión del pasado jueves 9 de julio, estaba sustentada en la presentación de las bitácoras que firman los visitantes cuando acuden a las instalaciones de Puebla Comunicaciones.
Con este documento, la comisionada acusó que la falta fue cometida por la solicitante quien se presentó a las 6 de la tarde en los días pactados, pese a que, dijo, el horario de oficina era de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Al ser cuestionada sobre la postura punitiva hacia la solicitante y no al Sujeto Obligado, la comisionada aseveró que la peticionaria era responsable debido a que aceptó una cita fuera de horario de oficina.
Por lo tanto, aseguró que debido a que el acuerdo se hizo vía telefónica no había una prueba documental para sustentar el dicho, por lo que se dio prioridad a lo presentado por Puebla Comunicaciones.
Esto a pesar de que la solicitante en ningún momento fue notificada de manera formal de la prueba usada en su contra en el tema.
Gobierno opaco
El representante de Actívate por Puebla, Roberto Alonso, en más de una ocasión, exhibió la opacidad gubernamental a través del caso de los helicópteros Agusta, información que el gobierno se reservó con pretextos inverosímiles. “¿Qué sentido tiene una institución que desconoce su función principal?”, se preguntó.
“Lo digo claro: si los órganos garantes de un derecho fundamental no están del lado de la sociedad se vuelven inútiles, es más, constituyen una resistencia adicional.”
La observación
Lilia Vélez Iglesias, quien preside la Amedi, abordó la relación entre las prácticas de transparencia y rendición de cuentas y los gobiernos democráticos, externando que es imposible que existan gobiernos democráticos sin prácticas de transparencia y rendición de cuentas.