Hasta las puertas de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), burócratas despedidos pidieron la destitución del presidente y magistrado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, Joel Figueroa Tentori.

 

Y es que existen cientos de casos detenidos en los tribunales por despido injustificado contra del gobierno de Puebla.
Asimismo, los despedidos, en su mayoría de la tercera edad, pidieron la destitución del presidente de la Junta Local del Estado, José Rubén Huerta Yedra.
Acompañados de pancartas y mantas, exigieron al titular de Secotrade dependencia, José Cabalán Macari, se inicie un procedimiento administrativo contra los funcionarios.
Asimismo acusaron que son víctimas de hostigamiento a los empleados del Tribunal con despedirlos si activan las demandas laborales de más de 150 exempleados del gobierno estatal.
Leiversein Martínez Cortes, uno de los afectados, señaló en entrevista, que las autoridades federales han resueltos más de 10 amparos directos e indirectos a favor de los ex trabajadores.
Afirmó que la autoridad estatal ha violentando los derechos al no avanzar en las demandas laborales.
Una de las exigencias es que sean reinstalados o se activen las pensiones y jubilaciones, ya que muchos perdieron el derecho cuando les faltaban algunos años para poder obtenerlas.
A la protesta se sumaron integrantes del magisterio, quienes, han hecho un frente común, al considerar que han sido despedidos injustamente, y por ello, sostuvieron que no cesaran su lucha hasta que sean reinstalados o indemnizados conforme lo establece la ley.
Entre las demandas laborales que han recibido la protección de la Justicia Federal, al considerarse una serie de violaciones a las garantías individuales y laborales se encuentran los expedientes 436/2015 del Primer Colegiado del Sexto Circuito, 385/2015, 386/2015, 387/2015 y 304 y 2013/2016 de los juzgados Tercero y Quinto de Distrito.
Juicios
Más de 550 juicios laborales de burócratas despedidos -apenas desde marzo a junio de 2015- se encuentran congelados en los juzgados del Tribunal de Arbitraje con argucias ilegales.
Estos se sumarían a por lo menos otros 500 juicios que tiene el gobierno del Estado en su contra por despidos injustificados desde que inició el sexenio de Rafael Moreno valle.
Mientras tanto, solo 10 ex burócratas de los más de 14 mil despedidos en la actual administración estatal han logrado ganar sus juicios con la reinstalación en sus puestos.
Abelardo Cuellar, señaló que en la última reunión con el presidente del tribunal de Arbitraje, Joel Figueroa Tentori, se señaló que hay 550 casos en la congeladora.
Y es que explicó que Figueroa Tentori, está retrasando o poniendo obstáculos a los procesos, como por ejemplo, al citar a los demandantes para que se presenten en los juzgados como manera de identificación.
En caso de no hacerlo en  tres días, su proceso se va a la congeladora o archivo, aunque en la ley nunca se establece este procedimiento.
De este modo los despedidos, tienen que ir a un juicio de amparo para que un juez federal ordene al Tribunal de Arbitraje llevar el procedimiento conforme a ley, pero en lo que se resuelve, pasan varios meses.
En tanto los diez burócratas rescindidos injustamente podrían ser reinstalados en noviembre o diciembre de este año debido a que ya ganaron juicios de amparos.
Explicó que hay tres tipos de amparos relacionados con los ex burócratas
El primero esa para que no obstaculicen el inicio de la admisión de las demandas, donde están requiriendo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que emplace a las dependencias y hecho lo anterior señale día y hora para la audiencia de ley.
 “De este tipo hay 200 amparos, trabajadores que demandaron de marzo a la fecha”, señaló.
Otros amparos que se están tramitando son para aquellos asuntos que ya se agotaron todas sus pruebas y que ya se tiene que dictar una sentencia.
En estos casos los jueces federales están ordenando que el Tribunal de Arbitraje dicte los laudos y se estima que en este mes o septiembre estará un número aproximado de 30 expedientes con resoluciones.
El tercer paquete de amparos, destacó, son los directos, que se han tramitado contra laudos dictados en el tribunal.
Aquí hay casos que han protegido los jueces federales a los demandantes y han ordenado al Tribunal dictar resoluciones a su favor.
 “Son los más avanzados, son diez expedientes, trabajadores en donde condenan a la reinstalaciones, y estamos en una etapa de ejecución”, señaló en entrevista.
Desde su perspectiva, lo que preocupa y ocupa, es que todos los salarios caídos y prestaciones que el gobierno del estado cubra serán a cargo de la ciudadanía y no del bolsillo del ejecutivo estatal.