Mario Tomás González Ricaño, policía estatal presuntamente agredido en el enfrentamiento con habitantes de Chalchihuapan el año pasado, recibió 104 mil pesos como indemnización de parte de uno de los pobladores que fue detenido.
Todo a pesar de que se descubrió que el elemento policíaco tenía antecedentes de haber sido detenido por el delito de trata de personas en 2011.
Mario Tomás, fue el policía cuyo vídeo de su declaración de los hechos en Chalchihuapan, se difundió apenas unos días después del enfrentamiento, donde se culpó a los pobladores de ser los rijosos.
El dinero que recibió de indemnización fue pagado por Florentino Tamayo Ponce, quien salió la semana pasada de prisión tras pagar alrededor de 150 mil pesos, 104 mil de ellos para reparar el daño al policía.
El dinero fue recolectado por pobladores de Chalchihuapan y la arquidiócesis de Puebla, incluyendo a dos personas que dieron 40 mil pesos cada una, quienes pidieron anonimato.
El 9 de julio de 2014, decenas de heridos, entre policías y pobladores, así como un niño muerto, fue el saldo que dejó el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco.
Luego de que el 11 de septiembre de ese mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 2VG/2014 por la violación de derechos humanos en el operativo, fueron detenidos seis pobladores, incluyendo al presidente auxiliar, Jairo Javier Montes Tamayo.
Hasta la semana pasada Florentino Tamayo Ponce, obtuvo su libertad al pagar la fianza y la indemnización al policía. Ahora solo queda detenido Montes Tamayo.
Nuevo organismo
Fue presentado oficialmente el Centro de Derechos Humanos "José Luis Tehuatle Tamayo", en memoria del niño de 13 años de edad fallecido en el enfrentamiento entre policías y pobladores en Chalchihuapan el año pasado.
La constitución de este nuevo organismo civil surgió ante la intolerancia y represión del gobierno de Rafael Moreno Valle, sentenciaron sus integrantes.
El mismo dará acompañamiento y asesoría legal a quienes lo requieran en la entidad, ante la omisión del Comité de Derechos Humanos del estado (CDH).
La madre del niño, quien a raíz de su muerte se ha convertido en activista, Elia Tamayo, es la presidente vitalicia del organismo.
En la presentación expuso que perdió a su hijo por la represión del estado, sin que hasta el momento haya justicia.
En el evento informó que los policías que participaron en el operativo que dio muerte a su hijo cobraron más de 114 mil pesos este fin de semana, como parte del pago por la reparación del daño.
Elia Tamayo señaló que ha pasado por un viacrucis, donde se ha encontrado con gente sensible.
Por eso externo "esa gran necesidad de crear un centro para exigir y defender nuestros derechos".
En el acto público, informó que frente a esta ignominia el centro lleva el nombre de su hijo, para que su muerte no quede en el olvido.
Por su parte Alejandro del Castillo dejó más que claro quién será la cabeza del Centro de Derechos Humanos.
Al último, Elia Tamayo informó que darán acompañamiento a los desprotegidos y agraviados en sus garantías.
Refiero que el centro estará conformado por un equipo de abogados y de pobladores de Chalchihuapan.
Entre los asistentes estuvo la ex panista Ana Teresa Aranda, Jorge Méndez Spindola, Ricardo Jiménez Ávila y Rosa Márquez.
Los integrantes del organismo advirtieron que tenga cuidado el gobierno con Jairo Javier Montes Bautista. La defensa legal aseveró que en menos de 15 días ganará la revisión al amparo 95/2015 por el delito de tentativa de homicidio.
"Que tenga cuidado el gobierno porque se le puede revertir", amagaron.
En su oportunidad, expuso su caso el ex alcalde de Palmar de Bravo, Pedro Barinas, quien narró su ilegal detención por parte del gobierno morenovallista.