El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) inició un recurso de revisión en juzgados para no perder las plantas tratadoras de agua potable o pague una millonaria indemnización.
Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propinará un revés al organismo descentralizado, donde ordenará regresar la operación de cuatro plantas de tratamiento a la empresa Tratamiento de Agua de Puebla SA de CV (TAPSA). Así lo revelaron fuentes del gobierno del estado.
La SCJN ordenó entregar a la empresa la operación de cuatro plantas tratadoras de aguas residuales, las cuales le fueron retiradas en 2012; además, el SOAPAP deberá indemnizarla con al menos 650 millones de pesos.
La filial de la compañía francesa Degrémont ganó en el mes de septiembre pasado un litigio; sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla no acató de manera íntegra el fallo.
Ahora, se le requiere que cumpla con la sentencia a más tardar en tres días. De no hacerlo, los magistrados involucrados en el tema serán revocados.
La SCJN se basó para emitir su fallo en el contrato que TAPSA firmó con el gobierno poblano para poner en marcha la maquinaria, involucró recursos de entes federales como el Banco Nacional de Obras (Banobras) y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Por lo tanto, el litigio sobre el convenio no debe resolverse con base en ordenamientos estatales, sino federales.
Así la Corte dejó sin efecto los términos legales que el gobierno de Puebla utilizó para terminar anticipadamente el contrato con la empresa referida.
En tanto, SOAPAP informó a este medio que también promovió contra TAPSA un juicio ordinario civil, en cuyo respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) únicamente decidió que por la aplicabilidad de leyes federales, el asunto debió conocerlo un juez federal, y no un juez del estado.
Ese juicio podrá ser promovido en su momento, para exigir precisamente esa reparación al erario, más lo que resulte.
Por lo tanto, afirmó el organismo que no existe condena en contra del SOAPAP, y menos en contra del gobierno del estado, para satisfacer alguna prestación en favor de TAPSA.
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El primer paso que dio TAPSA fue interponer interpuso un recurso en contra de la decisión de la administración estatal ante el Juez Décimo Segundo de lo Civil, bajo el expediente 204/2012.
Pero el juez dio la razón al SOAPAP, lo que permitió la ocupación de las instalaciones de las plantas tratadoras por personal del organismo.
Posteriormente, la empresa interpuso un recurso de apelación ante la Cuarta Sala en materia Civil del Tribunal Superior de Justicia, pero esta se declaró incompetente.
Finalmente, la SCJN atrajo el asunto en abril de 2013.
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Degrémont contaba con una concesión de 20 años para el tratamiento de agua potable del municipio de Puebla; sin embargo, en 2012 le retiraron el permiso; fue un fracaso ecológico, argumentaron las autoridades.
A más de una década de trabajo no pudo descontaminar las aguas residuales como marcan las normas oficiales.
Sin embargo, al tomar el mando el SOAPAP no cambió en nada y las mismas aguas siguieron sucias.
Cabe decir que SOAPAP se endeudó por cerca de 2 mil millones de pesos inútilmente para pagar las instalaciones de la firma.
Así lo reveló una investigación y estudios realizados por Intolerancia Diario desde 2011, antes de que iniciara el gobierno de Rafael Moreno Valle.
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Sobre el mal trabajo coinciden los investigadores de la UDLAP y UPAEP, especialistas ambientales y el entonces gerente regional en Puebla de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Manuel Beristain Rodríguez
Inclusive, el problema ha sido investigado por organizaciones ambientalistas a nivel internacional como Greenpeace, Planeta Azul y Lead México, que publican información de la contaminación en diferentes partes del planeta.
Desde entonces, las aguas residuales de Puebla, tienen un tratamiento actualmente al 50% de los requisitos exigidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Las aguas residuales de la ciudad contienen contaminantes tales como hidrocarburos, que causan dificultades para que las plantas que utilizan bacterias traten las aguas, aseguran las autoridades.
Si las plantas funcionaran al 100% de la capacidad requerida, se observarían “resultados palpables” dentro de los próximos cinco años, según investigaciones, pero lleva más de dos décadas sin avances.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales se encuentran ubicadas en Barranca del Conde, sobre la 141 poniente colonia Mayorazgo; Angelópolis, a espaldas del Hospital Ángeles; y la de San Francisco Totimehuacán.
