Durante la sesión del INE en el punto 5.5 del orden del día se abordó la discusión del proyecto de resolución del consejo general del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Jorge Benito Cruz Bermúdez y quien resulte responsable identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/15/2016/PUE.

El consejo turnó al OPLE de Puebla el resolutivo debido a que no encontró pruebas de la intervención del gobierno estatal en la vida interna del PRD, atribuibles al exsecretario de gobierno, Benito Cruz Bermúdez y se le añadió al resolutivo la enmienda de que si el OPLE Puebla hallará pruebas de la intervención estatal le turnaría el expediente de nuevo al consejo general del INE.

Sin embargo, para los representantes del PRD, Dolores Padierna, senadora de la república, como Pablo Gómez el consejo no entró de lleno al análisis del tema y con su resolutivo deja en riesgo que los gastos de la convención realizada en la exhacienda de Chautla, que acusaron los perredistas fue pagada por el gobierno del estado de Puebla ya que consejeros de Nueva Izquierda se hospedaron en dicho hotel previo a la celebración de la convención, se le adjudiquen al PRD. Dicha reunión se realizó el pasado 25 de enero.

Además, la senadora Padiera, afirmó que el gobernador Rafael Moreno Valle intervino en el proceso del PRD para colocar a un candidato afin a sus intereses políticos.

“El gobernador intervino de manera violenta en un Consejo estatal donde se nombraría la candidatura. La candidata Luna era la preferida de los consejeros y militante en ese estado. Pero eso no le gusta a Pablo Gómez, representante del PRD ante el Consejo general del INE pidió que se revise si el gobierno de Puebla intervino en la convocatoria de consejeros ya que sino los cargos de contratación de la exhacienda de Chautla se le cargarán al PRD.

El representante del PAN, Francisco Gárate Chapa, defendió al gobierno de Puebla y negó que el gobierno de Puebla haya intervenido o pagado con dinero público la reunión en la exhacienda de Chautla donde los consejeros del PRD discutieron la coalición PAN-PRD.

También custionan los PPS en el Senado 

Por otro lado, este martes en el Senado de la República durante una reunión de trabajo de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, apuntó que las Asociaciones Público Privadas (APP) son presentadas en la minuta como mecanismos de financiamiento destinado a cubrir requerimientos de inversión pública.

“Pero en realidad se trata de quitar al Estado el control de la calidad de servicios para transferirlo al sector privado”, afirmó.

La senadora comentó que diversos organismos internacionales han mencionado que los efectos de las APP serían positivos únicamente si se evita la corrupción y el conflicto de intereses en todo proceso de asignación y supervisión de los proyectos de este tipo de asociaciones.

Sin embargo, señaló la senadora, la minuta no resuelve el problema de transparencia y tampoco establece el sistema de evaluación a este sistema de financiamiento, por lo que es necesaria una ley más efectiva.

Dolores Padierna destacó que este mecanismo de asociación se convierte en un endeudamiento importante para los estados y a la luz de los resultados de las APP que existen, es un endeudamiento paralelo, contingente el se está formando de manera peligrosa para el Estado mexicano.

“Este mecanismo se trata de un endeudamiento a largo plazo que genera fuertes intereses y altos riesgos”, agregó.

En ese sentido, el voto del PRD en el pleno sobre este dictamen será en contra y demostrará cómo al menos 100 APP han servido para desviar recursos y generar endeudamiento.

Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que la reforma propuesta contiene vicios de inconstitucionalidad, ya que pretende integrar como parte de las dependencias reguladas en la ley a los órganos reguladores coordinados en materia de energía.

“Desde mi punto de vista éstos son órganos que dictan normas, vigilan y supervisan el cumplimiento de la ley y no tienen ninguna facultad de carácter ejecutivo para establecer contratos o concesiones de los temas a los cuales deben regular”, mencionó

En la discusión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, reconoció que existen experiencias exitosas, pero también desastrosas en la aplicación de la figura de contratos de asociación público privada.

“En donde ha habido éxito es en aquellos casos donde ha prevalecido el interés público y ha permitido el incremento de la infraestructura y del capital público en general”, explicó.

No obstante, dijo, en demérito de estas asociaciones ha habido contratos que han significado de manera grave y dolosa la manifestación de recursos y afectaciones al erario público.

Encinas Rodríguez adelantó que durante la discusión del dictamen en el Pleno presentará ejemplos de los dos casos y comprobara cómo el uso indebido de esta figura puede dañar severamente el interés público y los recursos de la nación, un estado o un municipio.