El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana se dijo preocupado tras conocer el Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en el cual se establece que el gobernador Rafael Moreno Valle aún no cumple en la totalidad con la recomendación 2VG/2014 emitida por el caso Chalchihuapan. 

La recomendación 2VG/2014 fue emitida el 11 de septiembre de 2014 –hace un año y 9 meses- por las violaciones graves a los derechos humanos que se dieron el 9 de julio del mismo año en San Bernardino Chalchihuapan durante el violento desalojo de pobladores y que costó, a la postre, la vida del menor José Luis Tlehuatle Tamayo.

En su pronunciamiento, el Instituto de Derechos Humanos, recuerda que el pasado miércoles 8 de junio, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó el informe citado y destaca que al 15 de marzo de 2016, el gobernador Rafel moreno Valle sólo ha cumplido con 6 de los 11 puntos de la recomendación; los otros cinco renglones se encuentran en el estatus de cumplimiento parcial.

Los cinco pendientes que adeuda el gobierno estatal son: 

  1. •    La creación de una fiscalía especial de investigación de los hechos ocurridos que garantice el acceso a la justicia para las víctimas, familiares y los policías lesionados; 
  2. •    La reparación integral de los daños a las víctimas y sus familiares; 
  3. •    El ofrecimiento de una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares;
  4. •    El procedimiento de responsabilidad administrativa ante el órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos; 
  5. •    La averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de los servidores involucrados.

Falta voluntad política, acusan

La propia aceptación de la recomendación por parte del gobierno del Estado de Puebla constituye el consentimiento estatal para obligarse a su cumplimiento, recuerda el instituto, “por lo que la simulación, omisión y parcialidad en el cumplimiento de ésta refleja la falta de voluntad política con la consolidación de un estado democrático sustentado en la cultura de respeto a los derechos humanos”.

Al presentar el informe, González Pérez, Presidente de la CNDH, subrayó que “el incumplimiento de la recomendación constituye, por si mismo, una nueva violación a los derechos humanos; revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones, se incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad y debilita nuestro Estado de derecho”. 

En ese mismo discurso el Ombudsman nacional lanzó un llamado a las autoridades: “Para que adopten de manera urgente las medidas necesarias para dar cumplimiento total a la recomendación 2VG/2014, considerando que la impunidad de las violaciones a derechos humanos envía el mensaje de que éstas son toleradas y, por tanto, se favorece su perpetuación y repetición”. 

Reconoce SGG adeudos 

El pasado viernes 27 de mayo, a través de un comunicado de prensa, la Secretaría General de Gobierno reconoció que la recomendación 2VG/2014 aún tiene adeudos. 

“Sobre los puntos segundo, tercero y décimo  que están en vías de cumplimiento, en lo correspondiente a sanciones penales, se está a la espera de las resoluciones que se dicten en materia penal a cargo del Tribunal Superior de Justicia y en la averiguación previa por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 

“En lo referente a las indemnizaciones, estas fueron entregadas a los afectados de acuerdo a los rangos y protocolos internacionales, quedando pendiente únicamente la que corresponde a la señora Elia Tamayo, misma que fue ofrecida el día 23 de marzo y se encuentra disponible para que la persona haga uso cuando lo considere prudente. 

“Finalmente con respecto al décimo punto, se continúa con la colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el seguimiento del caso, a través de la Fiscalía Especial para el caso Chalchihuapan”.

En ese mismo documento, la dependencia subrayó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó, un día antes, el total cumplimiento del punto donde se solicita una “disculpa pública institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos” 

La SGG aseguró que la disculpa pública fue ofrecida a disculpa “la señora Elia Tamayo y a los demás afectados, el pasado 23 de marzo del año en curso”.

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