Para comenzar a vivir una vida democrática plena en todos los niveles sociales, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza planteó a los dirigentes y militantes delos diversos partidos  políticos de la vida nacional,  consolidar las reglas de juego de cada partido para aminorar las denuncias internas enviadas al TEPJF, que en el reciente proceso promediaron los mil 600 casos de impugnación en materia electoral, vinculados con procesos internos de partidos políticos.

Ante ese incipiente panorama demócrata, Constancio Carrasco Daza, conminó a los militantes de las fuerzas electorales asumir el reto de participar en la formación de una cultura de la legalidad democrática al seno de los institutos políticos y en el desarrollo de los procesos electorales.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, detalló que del total de los mil 600 casos correspondientes a la vida interna de los partidos políticos:  420 impugnaciones correspondieron a determinaciones de órganos partidistas; de ellas, 65 fueron por la elección de dirigencias partidistas; 450, por procedimientos internos y partidarios para selección de candidatos; e indicó que los asuntos de género superaron el centenar.

Carrasco Daza insistió en que los jerarcas de los partidos con sus militantes deben crear  un modelo de opinión consultiva que permita fortalecer el principio de autodeterminación partidista, las decisiones de las autoridades electorales administrativas para evitar tanta  litigiosidad electoral.

Al participar en la inauguración del Seminario “La Reforma de la Justicia Electoral”, el magistrado dijo que la jurisprudencia contenciosa parece ser la única vía de comunicación que hay entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos y las autoridades electorales, por lo que el desarrollo de un modelo funcional sería la alternativa para establecer la interacción necesaria de los partidos políticos, sus dirigentes y candidatos, así como de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (Oples) con la Sala Superior y las Salas Regionales del TEPJF, a través de una vía consultiva.

En ese sentido, insistió que ante el crecimiento en el número de asuntos relacionados con la vida interna de los partidos políticos, todos los actores deben asumir el reto de participar en la formación de una cultura de la legalidad democrática al seno de los institutos políticos y en el desarrollo de los procesos electorales.

En el Auditorio Héctor Fix Zamudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carrasco Daza se refirió al incremento de las controversias que se presentan al interior de los partidos políticos en contra de las autoridades electorales y que llegan a la jurisdicción de los tribunales electorales. Explicó que cada vez con mayor frecuencia, a través de decisiones judiciales, se definen aspectos coyunturales de la vida interna partidista, e incluso trascendentes a su competitividad política frente a otros partidos políticos, candidatos y actores políticos. 

Constancio Carrasco pormenorizó que por su naturaleza, la opinión consultiva se realiza a través de un ejercicio de conformidad o juicio de compatibilidad a través del cual se pondera si una norma legal se ajusta o no a los parámetros constitucionales.

Ante ese incremento de justiciabilidad, advirtió, traslada el principio de autodeterminación al campo de la judicialización, lo cual sacrifica la autodeterminación de los partidos políticos, irrita a la militancia, a los participantes en los comicios y a la sociedad en su conjunto.

“La consulta podría orientar el actuar de los partidos políticos y de las autoridades electorales administrativas, preservando tanto la autodeterminación partidista como la autonomía institucional, que concilie con un sistema eficaz de administración de justicia”, puntualizó.

La opinión consultiva –precisó–  es potencialmente un medio para lograr un sistema más eficiente de impartición de justicia, ya que constituiría una vía alterna para disminuir la litigiosidad en los tribunales electorales y atemperar el impacto que representa una decisión judicial en el ámbito contencioso.

En ese sentido, el presidente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido pionera en labores concernientes a la emisión de "opiniones consultivas”, que permiten obtener el sentido interpretativo más apropiado de las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, coadyuvar en el fortalecimiento del sistema regional de protección de los derechos humanos, orientando a los estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de la materia.

El magistrado presidente destacó que el TEPJF ponderaría la trascendencia y utilidad de la consulta, considerando los alcances y la dimensión de su materia, para determinar la forma en que una norma o disposición se ajustaría al renovado orden constitucional.

En ese horizonte participativo-democrático, aseguró que por la naturaleza de la materia electoral, la consulta permitiría establecer premisas generales sobre la libertad de expresión, la equidad en la contienda electoral, la imparcialidad en el manejo de recurso públicos y directrices en materia de propaganda política en radio y en televisión, entre otras.

Spots desviaron el debate y usaron imágenes o denostaciones a la vida privada de los candidatos 

Constancio Carrasco –en la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM– se refirió también a la máxima publicidad en los procesos electorales, reconocido en el artículo 41 de la Constitución privilegiar un ámbito deliberativo efectivo alrededor de las elecciones y garantizar un derecho pleno a la información. 

Carrasco Daza explicó que, a dos años de esa reforma, los electores apreciaron con desencanto que los más de 9 millones de spots que se difundieron en campañas y precampañas desviaron el debate y centraron su atención en el uso de imágenes o denostaciones a la vida privada de los candidatos, quedando ausentes las políticas que posteriormente constituirían sus acciones de gobierno. 

El magistrado Constancio Carrasco explicó que dos debates son insuficientes para generar un marco real de deliberación en una sociedad compleja con un mosaico inmenso de problemáticas sociales, económicas, de educación, vivienda, salud, entre otros. 

Por lo anterior, planteó suprimir el mínimo de dos debates para celebrar más debates libres y auténticos, organizados por las autoridades electorales donde interactúen instituciones académicas, organizaciones civiles y la opinión pública en general, en la lógica de las redes sociales.