La consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujer), Violeta Lagunes, afirmó que se están maquillando cifras y no se está trabajando en Puebla para frenar la violencia de género que ha derivado en feminicidios.
En rueda de prensa, desmintió al secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, al afirmar que no se lleva cumplido 80 % de las recomendaciones que emitió hace unos meses la Comisión Nacional de Investigación para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
“Saben cómo se ve que no han hecho nada, la violencia se ve igual o peor, los asesinatos se ven igual o peor”, refirió.
“Cinco mujeres asesinadas en una semana y dicen que ya cumplieron 80 % de las recomendaciones, es claro que es un maquillaje más del gobierno morenovallista”, insistió.
“Todas las mentiras que el oaxaqueño Diódoro (Carrasco) haya venido a hacer que 80 % de las recomendaciones son cumplidas, son una mentira, sostenida y maquillada por el gobierno morenovallista”.
Aseguró que todo se está dando a conocer al Inmujeres, como a la Conavim y Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a la UNAM, que conforman el grupo de trabajo.
Recordó que tenían 6 meses para cumplir las recomendaciones, plazo que se vence en enero de 2017, por lo cual auguró que ante el cambio de gobierno “pedirán una prórroga”.
“Conozco tanto al gobernador, que les puedo decir hasta cuántas pecas tiene (…) a mediados o principios de enero, mágicamente van a pedir una prórroga porque hay cambio de gobierno”, señaló.
Sin embargo, dijo que no está previsto en la ley general, como causal de prórroga. “No queremos un pretexto que digan que por 20 % que no ha cumplido, para pasar la bolita al nuevo gobernador”, dijo.
“Si el oaxaqueño Diódoro Carrasco dijo que ya tiene 80 % que han cumplido en dos meses, el restante 20 por ciento no podrá cumplirlo de aquí a enero”.
Refirió que se están manejando en total opacidad seis iniciativas en las cuales no se les está tomando en cuenta a los organismos de la sociedad civil, como lo pidió la Conavim.
“No he escuchado a un solo ciudadano o ciudadana que hayan dicho o tomado su parecer en el tema de violencia feminicida, ni a ninguna de las organizaciones que promovimos la Alerta de Género nos han llamado los diputados y diputadas, violatorio a las recomendaciones que fueron aceptadas por el gobernador Rafael Moreno Valle, en todos sus términos”, apuntó.
Indicó que las recomendaciones señalan que tienen que escuchar el parecer de las organizaciones, sobre todo las que promovieron la Alerta de Género y se hagan las acciones.
Violeta Lagunas dijo que Puebla es el único estado que tiene dos solicitudes de Alerta de Género, la primera por violencia feminicida y el segundo por trata de persona.
Insistió que lo que se ha hecho hasta el momento es maquillar datos, lo que ha sido el común denominador del gobierno de Rafael Moreno Valle.
“Da dolor como la mayoría de los diputados y diputadas dijeron que a nadie le conviene una Alerta de Género en Puebla”, señaló al aseverar que ni siquiera conocen la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.
Afirmó, por lo tanto, que a todos conviene, dada la situación de asesinatos de mujeres, que se decrete, porque en ese momento las autoridades locales tendrían la obligación de implementar acciones inmediatas para que cese la violencia de género.
Además, de este modo podría llegar ayuda del gobierno federal con un apoyo económico.
Puso como ejemplo que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, entendió que la alerta era necesaria para su estado, por lo cual él mismo la solicitó, además de hacer un procedimiento especial para la ley estatal.
Indicó que en Puebla existe una ley estatal que prevé un procedimiento para promover la Alerta de Género.
“Lo único para lo que no sería bueno es para lo político (…) pero si el gobernador acepta, vean al de Jalisco, no le pasó nada, la sociedad no lo está dilapidando, se vio bien y en buenos términos que aceptara el problema de violencia”, añadió.
Al contrario, en Puebla se está tratando de ocultar con una presión política a los legisladores aunque no responda al sentido de la representación popular que tienen.
