Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle, quien falleció tras la represión en Chalchihuapan, bajo amenaza de activar una averiguación previa contra el exedil auxiliar Jairo Javier Montes, se vio obligada a aceptar una indemnización.
Este 30 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) prepara un madruguete para señalar que el gobierno de Puebla cumplió la recomendación 2VG/2014 por la violación grave de derechos humanos contra pobladores de Chalchihuapan.
Sin embargo, un papel en poder de Intolerancia Diario, escrito de puño y letra de Enrique José Flota Ocampo, fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos -según fuentes periodísticas- revela cómo Elia Tamayo fue amenazada por el funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En una reunión realizada en instalaciones de la dependencia, Flota Ocampo le escribió en un papel una especie de esquema, donde detalló que si no aceptaba dinero como indemnización detendría nuevamente al expresidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista.
De este modo, la amenazó que si no aceptaba la indemnización, se activaría una averiguación previa pendiente en contra de Montes Bautista, quien regresaría a prisión, afirmaron las fuentes.
Pero si aceptaba, se le iba a perdonar al exedil e iba a liberarse con una sentencia de cuatro años conmutable a salir bajo fianza.
Elia Tamayo, mujer de origen indígena, no tuvo más que aceptar, señalaron las fuentes, luego de que siempre ha clamado por justicia para Jairo Javier.
Y es que a 2 años 4 meses del enfrentamiento entre policías y pobladores de dicha demarcación, las víctimas siguen clamando justicia ante la CNDH.
Fuentes al interior del organismo nacional confirmaron a este medio que se emitirá la absolución al gobierno de Rafael Moreno Valle, al señalar que ha cumplido la recomendación, tentativamente, para este 30 de noviembre.
Incluso ese día fueron citadas en el edificio de CNDH Elia Tamayo Flores y Araceli Bautista, esta última madre de Jairo Javier Montes Bautista, expresidente auxiliar de Chalchihuapan.
Clama justicia
Apenas hace unas semanas, Elia Tamayo, también cabeza de la asociación civil “Comité por la Defensa de Derechos Humanos José Luis Tlehuatle” –en honor a su hijo-, exigió una resolución e información de los avances.
La carta fue dirigida a Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador de la CNDH, a cargo del caso, en la cual se pide información de los avances de la recomendación emitida el 11 de septiembre de 2014.
Elia Tamayo acusó que en las diferentes mesas de trabajo y reuniones que se han realizado con el organismo nacional y funcionarios del estado, “no ha habido una respuesta satisfactoria”.
Entonces, Elia Tamayo comentó que estaba en desacuerdo con la cantidad económica que se fijó para compensar el daño, así como el señor Martín, quien recibió una bala de goma en una de las mejillas que le rompió los dientes, la lengua y lo dejó sin habla por más de un año.
En la carta solicitó conocer si se aplicó el estándar internacional en este caso, mientras refirió si el gobierno creó el área de atención donde se privilegie el diálogo y el respeto a los derechos humanos en temas de tensión.
Sin sanciones
En julio pasado, a dos años del enfrentamiento en Chalchihuapan, el fiscal general del Estado, Víctor Carrancá Bourget, confirmó que no habrá sanción penal en contra de Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad Pública, al no demostrarse dolo en la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo.
En entrevista, reveló que fue apelada la sentencia contra dos policías acusados de la muerte del menor en el enfrentamiento entre uniformados y manifestantes en Chalchihuapan en 2014.
En aquella ocasión, Carrancá Bourget señaló que están en espera de la resolución final de magistrados ante la apelación que hizo la madre del niño, Elia Tamayo.
Y es que se supo que la sentencia apenas sería de 3 años 9 meses de prisión contra dos policías, por lo cual al ser menor a un lustro, podrían conmutar la pena por un pago de dinero y así no pisar la cárcel.
“Nosotros no le vemos mayor alcance que la reparación del daño, sobre el fondo de las resoluciones en ese caso son de condena y las penas impuestas están dentro de los márgenes que impone la ley, creemos que difícilmente se podría modificar”.
—¿Ningún cargo a Facundo (Rosas, exsecretario de seguridad Pública Estatal)?
— No, en el caso de los mandos se decidieron procedimientos administrativos, que eso correspondió a otras instancias y fueron sancionados.
La tragedia
El 9 de julio de 2014, pobladores de la comunidad de Chalchihuapan fueron desalojados violentamente tras mantener tomada la autopista Puebla-Atlixco.
Por el enfrentamiento, 11 personas fueron gravemente lesionadas, lo cual derivó en la recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Y es que ese organismo demostró la violación grave de los derechos humanos de los pobladores por un abuso de autoridad de los elementos a cargo entonces de Facundo Rosas.