El Congreso del Estado aprobó la inhabilitación de la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, y el inicio de procedimiento de Determinación de Responsabilidades en contra del exalcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez.
Durante la sesión ordinaria, con el voto en contra de la bancada del PRI, así como de Julián Peña Hidalgo y la abstención de Socorro Quezada, iniciaron los procesos señalados. En ambos casos, tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar su recurso de inconformidad.
En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, precisó que no hay una destitución en contra de la presidenta municipal pues solo se procede a la inhabilitación, que es una figura diferente, por lo tanto, su suplente ocupará el cargo.
Precisó que la presidenta municipal puede proceder ante las instancias judiciales y, a partir de su resolución, se determinará lo conducente.
Reiteró que se trata de un asunto administrativo y no político y el sujeto observado tiene el derecho de solventar los señalamientos.
El caso de Ernestina
De acuerdo al Congreso del Estado, Ernestina Fernández cometió un daño patrimonial por $76, 289,516 y sanción económica por $152, 579,032, por lo que en total deberá pagar $228, 868,549.
Habrá Informe a la Auditoría Superior de la Federación y la inhabilitación por 12 años.
El grupo legislativo del PAN votó a favor del procedimiento en contra de Eduardo Rivera, entre los que destacan Jorge Aguilar Chedarui, Patricia Leal Islas, José Domingo Esquitín Lastiri, Corona Salazar Álvarez, Víctor León Castañeda, Sergio Moreno Valle Germán, Francisco Rodríguez Álvarez, Pablo Rodríguez Regordosa, Mario Rincón González, Jorge Othilio Hernández Calderón, Rocío Aguilar Nava y José Pedro Antolín Flores Valerio.
También votaron a favor de la investigación contras Rivera el grupo legislativo de Nueva Alianza conformado por Susana Riestra Piña, Cupertino Alejo Domínguez, Martha Maiella Gómez Maldonado y Cirilo Salas Hernández, así como el Grupo Legislativo del PRD, es decir, Carlos Martínez Amador, Ignacio Mier Bañuelos y Julián Rendón Tapia, con excepción de Socorro Quezada.
También votó a favor de la investigación el Grupo Legislativo de Compromiso por Puebla es decir, Germán Jiménez García, Sara Chilaca Martínez, Evelia Rodríguez García y Carlos Daniel Hernández Olivares.
A ellos se sumó la diputada del PT, Lizeth Sánchez García e Ignacio Alvízar Linares (MC) y Geraldine González Cervantes (PVEM)
En contra votaron los ocho diputados del PRI, es decir, Silvia Tanús Osorio, José Chedraui Budib, Leobardo Soto Martínez, Maritza Marín Marcelo, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Rosalío Zanatta Vidaurri, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Francisco Javier Jiménez Huerta.
A estos se sumó el diputado de MC, Julián Peña Hidalgo, mientras que Socorro Quezada votó en abstención.
Quienes se ausentaron de la votación fueron Mariano Hernández Reyes (PT), Juan Carlos Natale López (PVEM), Manuel Pozos Cruz (CPP) y Marco Rodríguez Acosta (PSI).
Caso Eduardo Rivera
Mientras con la oposición de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y un legislador de Movimiento Ciudadano (MC) pero el voto a favor de la mayoría de los diputados de la LIX legislatura, se aprobó un Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra del exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.
La Comisión Inspectora del Congreso presentó un dictamen sobre esta cuenta pública en el que se evidenciaron una serie de irregularidades por un monto de 411 millones de pesos correspondientes a su cuenta pública 2013.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Socorro Quezada Tiempo, criticó que el Poder Legislativo haya aprobado emprender acciones en contra el exedil de Puebla como “una venganza política”.
Lamentó que los diputados locales hayan asumido un papel como “la Santa Inquisición” para juzgar a todos aquellos que no están de acuerdo con la administración estatal.
Sin facultades para fiscalizar
Mientras que el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Pablo Montiel Solana, subrayó que los dictámenes presentados por la Comisión Inspectora carecen de sustentabilidad.
Comentó que la Comisión Inspectora carece de facultades para fiscalizar la utilización de recursos federales, por lo que solicitó que la cuenta pública del exalcalde fuera devuelta a la ASE.
En respuesta, la presidente de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, rechazó que en la revisión de cuentas públicas exista algún sesgo político al afirmar que estos procedimientos se realizan bajo criterios técnicos.
Los coletazos de Moreno Valle
Asimismo, la presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Quezada Tiempo señaló que alcaldes emanados del mismo han sido víctimas de presiones y acoso por parte de personajes ligados a la administración estatal para apoyar al gobierno de Puebla.
Dijo que hasta el momento 12 de los 16 presidentes municipales perredistas enfrentan el Inicio de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por no haber apoyado la campaña del Partido Acción Nacional (PAN).
Agregó que, por lo menos, otros cuatros presidentes municipales han sido hostigados por “el señor oscuro” y el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, para que abandonen su militancia y se sumen para apoyar al albiazul.
“Aquí si no estás a mi favor estás en contra y la política no se puede ejercer de esta manera (…) Los han estado llamando poco a poco”.
Sentenció que no permitirá que estos personajes vinculados al gobierno de Puebla amedrenten a los ediles emanados de su partido y que “los coletazos de final de sexenio” afecten al PRD en Puebla.