Venció el plazo para que el gobierno de Puebla cumpliera las 11 recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Así lo señaló el Observatorio Ciudadano Laboral Poblano que exigió nuevamente, por medio de un comunicado enviado a la Segob y a la Conavim, emitir la alerta de violencia de género en el estado, a poco más de un mes de la salida del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas de la gubernatura de Puebla.

“Hasta ahora la información oficial es que de las 11 recomendaciones que hizo la Conavim a la administración de Moreno Valle, sólo se han cumplido de manera parcial con cuatro puntos”, advirtieron.

En voz de Marco Mazatle, señalaron que si en medio año el gobierno no pudo cumplir con las recomendaciones enviadas a la administración poblana por parte de la Conavim, mucho menos podrá hacerlo en los 9 días que faltan para concluir el año.

Recordó que el 18 de junio, la Conavim emitió 11 recomendaciones que fueron aceptadas por el gobierno del estado para atender la creciente ola de feminicidios.

Las mismas se deberían cumplir en seis meses o, de lo contrario, se habilitará la Alerta de Violencia de Género desde la Secretaría de Gobernación federal.

El pasado 18 de diciembre, venció el plazo que la Conavim impuso a la administración de Moreno Valle, por lo que exigieron que la Segob haga valer su autoridad sobre la del Estado.

“También demandamos la renuncia de Verónica Sobrado Rodríguez, directora general del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), así como del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), Adolfo López Badillo, por bloquear la iniciativa de alerta de género y negar que en Puebla exista el problema”, insistió el Observatorio.

Recordaron que al término del sexenio, el número de feminicidios en Puebla incrementó en un 700 por ciento, según cifras hemerográficas.

De 2013 -año en que se tipificó el delito en el estado- al cierre del 15 de diciembre de 2016, se pasó de 12 a 81 crímenes de odio.

De las cifras, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció 12 feminicidios en 2013; ocho en 2014; 37, en 2015; y al mes de octubre únicamente 46 asesinatos por condición de género.

Indicó el Observatorio que las cifras sólo representan la punta de un iceberg, pues es del dominio público que por cada asesinato o posible feminicidio, hay uno que no fue documentado por los medios de comunicación.

De acuerdo con la asociación “Todos para Todos”, de la cual forma parte el Observatorio, a la fecha la autoridad estatal ha incumplido con las recomendaciones.

“Ante lo expuesto, el Observatorio Ciudadano Laboral Poblano buscará emitir un contrainforme para que el gobierno estatal responda a las recomendaciones de la autoridad federal sobre feminicidios”.

“Derivado del incremento de feminicidios y la falta de responsabilidad de las autoridades, ha surgido un movimiento ciudadano al que se han sumado periodistas, académicos, activistas, defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones con marchas y reclamos contra el gobierno de Moreno Valle”.

“Las periodistas Carmen Aristegui, Lydia Cacho  y Blanche Petrich; las activistas Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, así como la feminista Silvia Federici, se sumaron al repudio por el repunte que han tenido asesinatos y desapariciones de mujeres en la entidad durante el sexenio de Moreno Valle que hoy busca una candidatura presidenciable en México”.

Indicaron que en los últimos tres años, seis estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) fueron víctimas de feminicidio.

“Se trata de Tania Verónica Luna de Sociología; Aracely Vázquez Barranco, estudiante de Ingeniería Civil; María José Feliciano Romero, de la Facultad de Estomatología; Nayeli Sosa Romero, Lenguas Modernas; Iraís Ortega Pérez, Cultura Física; e Isarve Cano Vargas, Derecho. Todas estudiantes de la máxima casa de estudios y víctimas del odio hacia su género”.

Los 11 puntos:

1.-Diagnóstico estatal de violencia contra las mujeres.

2.-Garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos de Violencia (CEDA).

3.-Diseño e implementación de campañas de difusión.

4.-Sensibilización de los medios de comunicación del estado.

5.-Capacitación a las y los servidores públicos en materia de Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las mujeres.

6.-Impulsar la armonización legislativa.

7.-Implementación de una estrategia de vinculación con instituciones de educación superior.

8.-Modificar el protocolo de investigación del delito de feminicidio y elaborar el protocolo de trata de personas.

9.-Fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

10.-Realizar programas efectivos de capacitación en la aplicación de la Norma 046, que refiere a la no discriminación dirigido al personal del servicio de salud en la entidad.

11.-Garantizar el conocimiento y dominio del protocolo para la aplicación de órdenes de protección dirigido a personal de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del estado.