La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en lo “oscurito” para dar un albazo, aceptó como cumplidos los puntos faltantes de la recomendación girada al gobierno de Puebla por el caso Chalchihuapan.

Documentos en poder de Intolerancia Diario, firmados por el sexto visitador de la CNDH el pasado 26 de diciembre, Jorge Ulises Carmona Tinoco, señalan que la recomendación se calificó como aceptada, con pruebas de su cumplimiento total.

El organismo refiere en su informe que Elia Tamayo Montes recibió el pago de una indemnización, el cual cabe recordar que fue de dos millones de pesos. Determinó que la entrega del dinero fue sin ninguna presión, a pesar de lo que señaló Elia Tamayo ante medios de comunicación y ante la misma CNDH.

Y es que, presuntamente, el gobierno del estado demostró que hubo una negociación que partió de un ofrecimiento de 1 millón 500 mil pesos y que terminó en 2 millones y medio de pesos, entregados el 2 de septiembre de 2016.

“Se hizo entrega de los recursos acordados previamente, lo cual ocurrió por voluntad expresa de la C. Elia Tamayo Montes, sin que mediara ningún acto de provocación, intimidación, amenaza, condición o cualesquiera que desvirtuara cumplir con una obligación del Gobierno del estado hacia la sociedad (...)”, señala el texto de la página cuatro.

Cabe decir que el análisis del visitador de la CNDH, donde da por cumplida la recomendación, aún tiene que ser autorizado por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, para culminar el trámite.

Como informó Intolerancia Diario el 2 de diciembre pasado, en el oficio 79768, la CNDH explicó que tres de los 11 puntos estaban pendientes, pero el pasado 9 de noviembre, el Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Puebla, entregó documentos los cuales ya se analizaron y se dieron por buenos.

Dichos puntos refieren al estado que guardan las averiguaciones previas iniciadas y los procesos penales tramitados con motivo de los hechos, así como la reparación económica.

La recomendación se realizó tras los hechos registrados el 9 de julio de 2014, cuando policías estatales desalojaron por la fuerza a un grupo de manifestantes que bloquearon la autopista Puebla- Atlixco.

Del enfrentamiento, salieron al menos diez heridos de gravedad, entre ellos el niño de 13 años de edad José Luis Tlehuatlie Tamayo, quien murió diez días después debido al golpe de una lata de gas lacrimógeno, lanzada por un elemento policíaco.

El 11 de septiembre de 2014, la CNDH determinó que el gobierno de Rafael Moreno Valle violó gravemente los derechos humanos de las víctimas, por lo que giró la recomendación señalada, la cual contenía 11 puntos.

Finalmente, tras dos años cinco meses de los hechos, CNDH está a un paso de aceptar que el gobierno de Puebla cumplió la recomendación, aunque nadie esté en la cárcel por la muerte del niño.

La aceptación

Según el oficio 00138 de la CNDH, entregado el 2 de enero pasado a Elia Tamayo Montes, madre del niño José Luis, las observaciones donde se señala que el gobierno cumplió, aún se encontraban en el estatus de “valoración de la recomendación”.

Sin embargo, en la página siete del expediente, se señala que sí ha cumplido el gobierno de Puebla, con los 11 puntos:

“(…) La Comisión Nacional de Derechos Humanos el 26 de diciembre de 2016, la recomendación 2VG/2014 se calificó como aceptada, con pruebas de cumplimiento total”, señala textualmente al final del oficio.

De este modo dio por cumplidos los puntos pendientes, como el segundo, tercero y décimo.

Los pendientes aprobados

Con respecto a los puntos pendientes, el gobierno estatal mando tres oficios el 25 de octubre, 9 de noviembre y 13 de diciembre de 2016, donde el fiscal de asuntos jurídicos afirmó que se solventaron.

Con relación a los puntos segundo y décimo recomendatorios, se explica que la CNDH dio seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía Especial, que derivaron en averiguaciones previas, consignaciones, órdenes de aprehensión y procesos penales.

“(…) Se aprecian las constancias que acreditan la culminación definitiva de los procedimientos y procesos penales iniciados con motivo de los hechos, cuyas determinaciones han quedado jurídicamente firmes según lo informado”, señala el documento.

Por lo que se refiere a las acciones pendientes por realizar acerca del punto tercero, consistentes en la compensación económica, señala que se ha pagado a cada una de las víctimas.

Punto por punto

Explica la CNDH que los procesos administrativos que fueron instaurados en contra de los servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se declararon firmes, al ser aceptadas por los inculpados.

Sin embargo, detalla que en particular con la sanción al extitular de la SSP, Facundo Rosas Rosas, existe un amparo pendiente para su resolución, la que cabe recordar fue de 500 mil pesos, sin ninguna sanción penal.

“Las sanciones fueron ejecutadas y los procedimientos causaron estado, por lo que no hay procedimiento o juicio local o federal pendiente de resolución”, señala el texto.

Con respecto al evento de la disculpa pública, la CNDH, la dio por buena al señalar que se hizo de manera pública, además de que fue entregado el texto en mano de las víctimas que acudieron y a las que no estuvieron presentes, también se les hizo llegar.

En lo que respecta al punto donde indica al gobierno de Puebla crear un protocolo de búsqueda de soluciones pacíficas, a través del diálogo y respeto a los derechos humanos, también la dio por buena.

El informe del gobierno estatal sobre el tema, señala que desde octubre de 2014, fue publicado el protocolo y continúa vigente, sin haber sido modificado o abrogado.

No aceptación

Al respecto, Aracelí Bautista Gutiérrez, madre del expresidente auxiliar, Jairo Javier Montes, sentenció que el organismo solo se dedicó a recibir documentación sin verificar que realmente se haya cumplido la recomendación 2VG/2014.

Adelantó que no permitirán el “carpetazo” del caso y que solicitarán la intervención de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo que hable con el doctor (Jorge Ulises Carmona Tinoco), fue que supuestamente el gobierno del Estado ya cumplió, pero en documentación, sabemos que la CNDH verifica, pero hasta dónde está lo que es verificar, verificar es venir y constatar aquí que ya están cumplidos los puntos o solo mediante documentos, eso es lo que le dije”, sentenció.