La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, que encabeza Jesús Giles Carmona, inició la cacería para sancionar a los militantes que hayan firmado las cédulas de apoyo para que fuera candidata a la gubernatura Ana Teresa Aranda Orozco, al considerar que su actuar difiere a los estatutos del instituto político.

De acuerdo a un documento firmado por el Director Jurídico del Comité Directivo Estatal, Óscar Pérez Córdova, y que va dirigido a la  Comisión de Orden y Disciplina Interpartidista del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, que preside Israel Mancilla Amaro, se pide sancionar a Rosa Jarquín García por la firma de una cédula de apoyo.

A un año de que la excandidata independiente al gobierno del estado, Ana Teresa Aranda, presentara ante las instancias electorales el número de firmas requerido, al interior del PAN comenzó el cruce de información para suspender de sus derechos y expulsar a los poblanos que hayan firmado el respaldo, aun cuando no participaran en la campaña.

De acuerdo a las declaraciones de la entonces aspirante, había tenido el respaldo de ciudadanos que militaban en distintos partidos políticos, o bien los que se mantenían sin militancia partidista.

El oficio, con fecha tres de marzo,  señala puntualmente que es una falta haber firmado el apoyo ciudadano para una candidatura independiente.

“En particular, en virtud de que este militante apoyó a un candidato independiente registrado para el proceso electoral 2015-2016, situación que se demuestra con la prueba documental que para tal efecto expidió el Instituto Electoral del Estado, de la que se aprecia claramente que firmó la cédula de apoyo ciudadano para que obtuviera  registro como candidato independiente, situación que rebasa la conducta que deben acatar los militantes hacia el instituto político, por lo que previo desahogo del debido proceso legal, solicito se aplique la máxima sanción a la misma”.

El oficio se dirige a quien recientemente fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Israel Mancilla Amaro, quien carecía de una carrera dentro del poder judicial.

Las firmas de los aspirantes

El pasado 31 de marzo, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que sólo Ana Teresa Aranda Orozco alcanzó las firmas requeridas para ser candidata independiente a la mini gubernatura al lograr 154 mil  636 ; mientras que Ricardo Jiménez solo 85 mil 128 registradas en el listado nominal.

Al concluir la primera compulsa, realizada por el Registro Federal de Electores, que cruzó la información con los datos aportados por el Instituto Electoral del Estado, se estableció además que la aspirante, Carolina López, solo envió mil 035 registros.

De acuerdo al mecanismo de cruce de datos para el registro de las candidaturas independientes las instancias federale,s solo recibieron los datos de las cédulas de tres aspirantes y, en caso de Leodegario Pozos, Marco Mazatle Rojas, que acudieron con documentos al instituto local no fueron tomados en cuenta en el cruce.

Conforme a la información que dio a conocer el titular del Registro Federal de Electores, Carlos Alberto Catalán Montero, en la revisión de Ana Teresa Aranda Orozco se hicieron llegar 206 mil 146 registros en total; de esta cifra 22 mil 757 están duplicados en su mismo disco, 19 mil 327 están duplicados con otro aspirante y mil 72 apoyos son apoyos ciudadanos de otros estados. De tal forma que alcanza las 154 mil 636 firmas del listado nominal.

La exoneración de Ana Tere

El pasado 22 de febrero, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) exoneró a Ana Teresa Aranda Orozco de la supuesta falsificación de firmas para lograr su candidatura independiente a la gubernatura.

Durante la sesión pública del pleno, los magistrados votaron por unanimidad el proyecto de resolución presentado por Fernando Chevalier Ruanova, respecto a las denuncias que  presentó Josefina Barrueta Guerrero y otros cuatro ciudadanos contra la exaspirante independiente a la gubernatura  Aranda Orozco, respecto a la falsificación de sus firmas para apoyarla en obtener la candidatura.

En el dictamen se expresó que, según los estudios de grafoscopía, no se tienen elementos para señalar a la expanista como la responsable de las rúbricas apócrifas, además que estas no fueron contabilizadas por el Instituto Electoral del Estado (IEE) para cuantificarlas en la validación de su registro.

Se explicó que los autores de la queja tampoco aportaron pruebas que ratificaran su acusación.

Bajo este contexto, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) declaró inexistente la violación como refiere la denuncia de los quejosos.