El Juez Tercero de Distrito, dentro del proceso de amparo 553/2017/IV interpuesto por Eduardo Rivera Pérez, aplazó la audiencia programada para este 25 de abril; en breve se dará a conocer la fecha de la nueva cita.

Fuentes consultadas indicaron que para que el juez tenga tiempo de analizar el documento, podrían ser ocho días hábiles por lo que la fecha tentativa sería a mediados del próximo mes.

Se aclaró que no hubo violaciones a los tiempos establecidos por el juez federal y por lo tanto el  diferir la audiencia no afecta el proceso legal.

Mientras el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui declaró que el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado responderán ante el juzgado federal los requerimientos que se hagan en torno al caso de Eduardo Rivera Pérez, sin descartar de acuerdo al desarrollo del caso que se contrate a un abogado externo.

En entrevista, al terminar la entrega de la Declaratoria del 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017, el legislador expuso que por cuestiones legales no podrán hacer declaraciones sobre el proceso que inició con la comparecencia en el Juzgado de Distrito, a la que asistieron los abogados del Congreso y la Auditoría.

Informó que dieron cumplimiento a la solicitud de la autoridad federal y presentaron el informe respectivo a la revisión de la cuenta pública del ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Insistió que este asunto se encuentra en manos de los abogados del Congreso de Puebla y la Auditoría Superior del Estado (ASE) pero no descartó la posibilidad de contratar un abogado externo para que los asesore.

Comentó que por tratarse de un asunto que se está litigando en las instancias federales no volverá abordarlo hasta que haya un resolutivo en el que se señale a quien le asiste la razón.

Sanción, sustentada en argumentos técnicos

Jorge Aguilar Chedraui, reiteró que la sanción aplicada al ex presidente municipal estuvo sustentada en argumentos técnicos y no políticos como dijo y ha querido hacer parecer el sujeto de revisión para evadir su responsabilidad de solventar las irregularidades detectadas en su cuenta pública.

Afirmó que en el dictamen de 260 páginas quedó demostrado que el ex alcalde no pudo comprobar el uso de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2013 y por eso fue que decidieron inhabilitarlo 12 años y aplicarle una multa de 25.5 millones de pesos.
 
La sanción

El pasado 4 de abril durante la sesión extraordinaria con solo tres votos en contra, 32 a favor dos abstenciones se aprobó la inhabilitación de Eduardo Rivera Pérez por 12 años y una sanción económica de 25 millones 597,016 pesos.

En la sesión el diputado Pablo Montiel Solana exhibió irregularidades del proceso contra el alcalde y sostuvo  la audiencia en la que la Auditoría Superior del Estado, citó a Eduardo Rivera Pérez, y a la que él acudió, inició y concluyó el 20 de enero de 2014 como lo certificó el propio auditor.

Expresó que en término de la ley de responsabilidades, la auditoría tenía 30 días hábiles para emitir la resolución final y esto no sucedió. La sesión debió realizarse a más tardar el pasado 6 de marzo, y de confirmarse esto generará consecuencias y responsabilidades sobre los miembros del Congreso.