Mientras el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, advirtió que la iglesia denunció desde hace tiempo la inseguridad que se vivía en la zona del “Triángulo Rojo”, el diputado federal Rodrigo Abdala, cuestionó que el anterior gobierno no haya fomentado el desarrollo de la zona para combatir la inseguridad.

Entrevistado al terminar la misa dominical en Catedral, el arzobispo señaló que la iglesia siempre ha denunciado que esas comunidades, desde hace tiempo, viven una situación difícil, por lo que ha estado presente en la región, sobre todo en Quecholac, Palmarito, Acatzingo y Tepeaca, donde  los párrocos están pendientes de las comunidades.

El arzobispo también reiteró que no debió haberse llegado a esta situación de inseguridad pues, desde hace tiempo, el conflicto debió haberse solucionado y mencionó que espera es que no haya más muertes, tanto por parte de la población como de las autoridades.

"Nuestras autoridades tendrán que estar atentas a ese tipo de delincuencia que se está dando en muchos lados y Puebla no es la excepción”.

En tanto, por medio de un comunicado de prensa, el legislador federal Rodrigo Abdala indicó que la militarización de las comunidades no debe ser la solución para atender el problema del robo de combustible ya que, de manera irresponsable, se determina arriesgar la vida de soldados y civiles inocentes.

El legislador de Movimiento Regeneración Nacional, precisó que los gobiernos de Fox y Calderón a nivel federal y el de Rafael Moreno Valle, a nivel local, permitieron el incremento exponencial de esta actividad ilícita y no hicieron nada por prevenir y atender las causas sociales que sustentan su origen.

En su comunicado, indica que se debe hacer prevalecer el Estado de Derecho, comenzando por apoyar a las víctimas de la violencia y no criminalizarlas, al tiempo que indicó que la ayuda debe incluir a las familias de los soldados.

El documento expone lo siguiente:

“Ante la alarmante escalada criminal que hemos presenciado en los últimos días es menester reflexionar y preguntarnos qué es lo que nos llevó a este punto en que la violencia en nuestro Estado se ha tornado insostenible.

Estamos seguros que, si la inmensa cantidad de recursos públicos que durante los últimos 7 años se han destinado a construir obras de poca funcionalidad y escaso beneficio social y que se han pagado con un sobrecosto de hasta 8 o 10 veces su valor, mejor se hubieran destinado a fomentar el desarrollo regional, no estaríamos lidiando con las consecuencias del incremento de las actividades ilícitas y criminales asociadas a la cultura del robo y venta de combustible mejor conocido como Huachicol.

El costo de la corrupción del sexenio de Moreno Valle puede estimarse en 25 mil millones de pesos (a razón de poco más de 4 mil 166 millones por año). Esos recursos pudieron ser destinados al desarrollo económico, al fomento y creación de cadenas productivas que generen los empleos dignos y bien remunerados que se necesitan en los 31 municipios que comprenden la región de Ciudad Serdán, donde se encuentra la franja del Huachicol. En cambio, parte de ese dinero se destinó a costear actos de dudosa legalidad como la publicidad proselitista de Rafael Moreno Valle a nivel nacional. Es así que la corrupción del gobierno estatal es una de las principales causas del incremento de la violencia criminal.

La otra causa es la ausencia de acciones preventivas oportunas. Por ejemplo, desde 2005 Vicente Fox estuvo obligado a realizar inversiones para implementar tecnología de punta orientada a detectar y prevenir el robo de combustible, así se lo ordeno el Congreso en la Ley de Ingresos de 2005 la cual incumplió. Por su parte Felipe Calderón fuea dvertido por el Grupo Directivo del Sistema de Gestión por Procesos de Pemex de la necesidad de programar inversiones específicas en tecnología para inhibir y prevenir el robo de combustible justo en el momento en que el país contaba con el mayor monto de ingresos petroleros de su historia y cuando las tomas clandestinas no eran más de 400 en todo el país. Pero hoy, de acuerdo a datos de Pemex logística, las tomas clandestinas pueden llegar a un número cercano a los 6,200 y en Puebla se concentra el 60 % de esas tomas”.