Los hermanos Copado Molina, linchados en 2015, en Ajalpan, pudieron ser salvados por las autoridades, pero fueron omisos en sus deberes, lo cual concluyó en su muerte, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras dos años de investigaciones.
La recomendación 78/2017 fue dirigida al gobernador Tony Gali Fayad y a los integrantes del Ayuntamiento de Ajalpan. Sin embargo, los hechos se registraron durante el mandato de Rafael Moreno Valle Rosas, tiempo cuando se criticó la falta de actuación de la Policía Estatal, para evitar el doble linchamiento.
La CNDH plantea al gobierno del estado en la recomendación, analizar y llevar a cabo un diagnóstico de la operatividad del Centro de Coordinación, Cómputo y Comando estatal. Pide, además, se analice como de la operatividad de los servicios de llamadas de emergencia.
Se ordena que los familiares de los hermanos Copado Molina sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), a fin de que puedan acceder a la reparación integral del daño. Tras concluir su investigación, dicho organismo comprobó la omisión de la autoridad municipal.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la intención de la población que se aglomeraba al exterior de la comandancia para linchar a los dos hombres, no hubo solicitud de auxilio.
El linchamiento
En la recomendación se indica que los hermanos, quienes laboraban en una empresa encuestadora, realizaban un estudio de los hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz en Ajalpan.
La actividad resultó sospechosa para un grupo de personas, quienes solicitaron la presencia de la Policía Municipal. Los pobladores se tornaron violentos, manifestando su intención en lincharlos, por lo cual los jóvenes fueron trasladados en una patrulla a la comandancia, a la espera del arribo del supervisor de la compañía.
Se esparció el rumor de que se trataban de “secuestradores de niños”, por lo que la turba ingresó a la comandancia en busca de los agraviados, quienes fueron llevados por los policías a la azotea, hasta donde llegaron los pobladores que los bajaron para golpearlos, y finalmente, prenderles fuego.
La investigación
Al día siguiente del linchamiento, cuyos videos se viralizaron en todo México y extranjero, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició de oficio el expediente 6531/2015, por tales hechos.
En razón de la trascendencia, dicho organismo nacional ejerció la facultad de atracción, radicando el expediente de queja CNDH/2/2015/9193/Q. Tras concluir su investigación, constató la omisión de la autoridad municipal, la cual no solicitó apoyo a corporaciones de seguridad pública de zonas aledañas ni a la Policía Estatal.
La CNDH advirtió que eventos de linchamientos anteriores eran del conocimiento del Ayuntamiento de Ajalpan y de las secretarías de Seguridad Pública y General de Gobierno del Estado, como integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
De acuerdo con información oficial, en los últimos cuatro años se reportaron en la entidad poblana 16 linchamientos, en donde se rescataron con vida a 21 personas y 6 más fallecieron.
Pese a ello, ninguna de esas autoridades adoptó medidas para su prevención o protocolos de actuación, para evitar la consumación del hecho, a pesar de que contaban con antecedentes y suficiente información de tal índole, lo cual acredita la responsabilidad por falta de prevención y protección en casos de linchamientos.
Por ello, la CNDH pide al gobernador de Puebla y al Ayuntamiento de Ajalpan realizar la inscripción de los familiares de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que accedan en lo conducente a la reparación integral del daño.
La reparación
De manera particular, se recomienda al gobernador del estado constituir un fideicomiso que garantice los estudios hasta el nivel superior de los hijos de una de las víctimas, incluyendo la entrega de uniformes y útiles escolares.
En coordinación con el Congreso del Estado, se encomienda iniciar los trabajos legislativos para armonizar la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla con la Ley General de Víctimas, la publicación de su Reglamento en el Periódico Oficial del Estado, y poner en operación la Comisión Estatal de Víctimas y los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos.
De igual manera, la CNDH estima pertinente dar vista de esta recomendación a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para que en el marco de sus atribuciones se adopten acciones y medidas para prevenir casos de linchamientos, protocolos de actuación para las instancias de seguridad pública y la capacitación de servidores públicos en el diálogo y la mediación ante este tipo de eventos.