A once meses de haber sido inhabilitado por el Congreso del Estado, Eduardo Rivera Pérez ganó la partida al poder legislativo al obtener por parte del Juzgado Tercero de Distrito el amparo definitivo contra la inhabilitación, mientras el presidente de la mesa directiva del poder legislativo, Francisco Rodríguez Álvarez señaló que se acatará el dictamen.

De acuerdo a la resolución del juicio de amparo 943/2017, interpuesto ante el juzgado tercero luego de que el pasado 7 de abril el pleno del Congreso del Estado con los votos en contra de los diputados Julián Peña, Socorro Quezada y Pablo Montiel aprobaron la inhabilitación por 12 años.

Francisco Rodríguez declaró que era un asunto administrativo y que el exalcade optó por llevar a los tribunales, pero fue un asunto que “se pudo haber resuelto presentando la documentación correspondiente”, asimismo, dijo que lo que la Ley y la autoridad determinen es lo que se acatará e insistió en que faltó esfuerzo para solventarse.

El pasado mes de febrero, al celebrarse la Audiencia Constitucional del Juicio de Amparo 943/2017 sobre la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior del Estado (ASE) no entregó nueva documentación en contra de Eduardo Rivera Pérez y el juez Tercero de Distrito tenía un plazo hasta de tres meses para determinar si se mantiene o no la inhabilitación.

Asimismo, a principios de año el Congreso local desistió de la queja 943/2017 del juicio de amparo que promovió el exalcalde Eduardo Rivera Pérez por su inhabilitación por 12 años y una sanción económica por 25.5 millones de pesos aprobada en abril de 2017.

El líder del poder legislativo Carlos Martínez Amador dijo que el área jurídica del Legislativo dimitió la queja presentada, con lo que se canceló la audiencia entre los equipos jurídicos de las partes involucradas previstas para el 29 de enero.

El legislador dijo que cumpliría con entregar la información referente al proceso de inhabilitación por 12 años y una sanción económica por 25.5 millones de pesos aprobados en contra del exalcalde panista como les requirió en diciembre pasado el Juez Tercero de Distrito.

Esta decisión de desistir la tomó un servidor y el área técnica del Poder Legislativo. Se tuvo que desistir del juicio de amparo debido a que estaba complicado para el Congreso ganar el caso. Hay que separar la institución del tema político y el Congreso tendrá que acatar la decisión y los aspectos políticos los tendrá que resolver los partidos políticos", sostuvo.

Aseguró que el Congreso local tendrá que acatar lo que ordene la justicia federal y negó que el Legislativo local este 'sometido' a los intereses del jefe del Ejecutivo poblano tras haberle dado su aval al expresidente municipal para que contienda por la alcaldía rumbo a 2018.

Sabemos que estamos inmersos en un tema político y como institución hay que ser cuidadosos de lo que se hace, como lo que se dice, y Lalo está en un proceso legal en el que está haciendo uso de todos los medios para defenderse y a final de cuentas la decisión la toma el tribunal y nosotros seremos respetuosos de lo que sucede", precisó.

Rechazó que los amparos a los que recurrió el Congreso local hayan sido para retrasar el proceso jurídico que emprendió contra Eduardo Rivera Pérez tras haberlo inhabilitado y sancionado por supuestas irregularidades en su cuenta pública 2013.

La sanción

El 7 de abril de 2017 el Congreso del Estado consumó la sanción en contra de Eduardo Rivera Pérez durante una sesión extraordinaria en la que el diputado Pablo Montiel Solana advirtió que la Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado incurrieron en acciones inconstitucionales, mientras Socorro Quezada exhibió las irregularidades de la auditoría.

Durante la sesión extraordinaria con solo tres votos en contra, 32 a favor dos abstenciones se aprobó la inhabilitación de Eduardo Rivera Pérez por 12 años y una sanción económica de 25 millones 597,016 pesos.

El panista Pablo Montiel Solana advirtió que con la acción habrá consecuencias y responsabilidades sobre los diputados, aclaró que “el auditor ya certificó que la audiencia había concluido y fuera de sus facultades ordenó otra” y que se “violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que auditaron recursos federales fuera de sus facultades”.

Montiel Solana precisó que la Auditoría Superior del Estado carece de competencia constitucional para fiscalizar recursos federales y lo realizó mientras el Congreso del Estado carece de la misma competencia para pronunciarse respecto de cuentas pública con recursos federales y esto se hizo.

Insistió en que iniciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en las condiciones señaladas no está dentro de la competencia del poder legislativo y manifestó que uno de los excesos de la auditoría fue iniciar la fiscalización en 2014 a un exservidor público y no al ayuntamiento que no fue fiscalizado y ni formó parte del procedimiento.