El pasado sábado, el Instituto Electoral del Estado (IEE) notificó a Enrique Cárdenas la negativa para obtener el registro como candidato a la gubernatura de Puebla, ante lo que el exrector de la Universidad de las Américas adelantó sus intenciones de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por medio de un comunicado, el equipo de Cárdenas expuso que desde el 6 de abril dicho organismo contaba con información suficiente, proveniente del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a la validación de las 24 mil 336 firmas que le permitió haberse pronunciado de inmediato sobre la solicitud de registro (una vez transcurrido el periodo de audiencia), pero optó por retrasar deliberada e injustificadamente por más de dos semanas la notificación referida.

“Ello causa un perjuicio directo a Enrique Cárdenas, al entorpecer su derecho constitucional a postularse como candidato a la gubernatura de Puebla por la vía independiente; además, al pronunciarse en la víspera del inicio de la etapa de campaña respecto a la negativa de registro, el IEE actuó en contra de la Constitución, ya que en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falle a favor del exrector de la UDLAP, se habrá violado en los hechos la garantía de equidad, establecida en el artículo 14 de la Carta Magna, porque el resto de los candidatos ya inició campaña y él no pudo hacerlo por seguir impulsando diversas impugnaciones que se pudieron haber resuelto antes en los tribunales y así haber podido arrancar campaña en la fecha establecida en el calendario electoral”.

Enrique Cárdenas y su equipo jurídico presentaron la tarde del sábado una nueva impugnación ante el TEPJF, la que se suma a la presentada la semana pasada ante la negativa del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para resolver de fondo la solicitud de registro del Premio Nacional de Economía, también con semanas de dilación. Se espera que en el transcurso de los próximos días haya una sentencia al respecto.

Resulta indignante para los ciudadanos que el árbitro electoral, el IEE (salvo honrosas excepciones) y el Tribunal Electoral del Estado, se muestren abiertamente sesgados en detrimento del ejercicio de los derechos ciudadanos que consagra nuestra Constitución.