La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como irregular los despidos de trabajadores del gobierno de Rafael Moreno Valle, al emitir una jurisprudencia en contra del argumento de baja por falta de recursos.

De este modo, cientos de empleados que fueron despedidos por esta causa podrán ganar sus litigios que llevan parados, en algunos casos, hasta ocho años en los tribunales.

Los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicaron en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia laboral a favor de los trabajadores de base al servicio del estado, que fueron despedidos de manera injustificada.

De este modo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito señaló el despido basado en la falta de presupuesto para el pago de su salario. Sin embargo, resalta que es injustificado al no estar prevista esa causal de rescisión de la relación laboral en las leyes federales y locales.

Ahora, gracias a que cinco exburócratas ganaron juicios de amparos para su reinstalación, jubilación o pago de indemnización, de acuerdo con sus intereses, se ha convertido en jurisprudencia.

Se trata de los casos de María Blanca Castillo Santos, con el amparo directo número 683/2017; Lilia Torres López, con número de juicio 701/2017; Miguel Ángel Bolás Valencia, con número de amparo 80/2018; Adolfo Hernández Vargas, con el juicio ganado 129/2018; y otro con el amparo 174/2018.

La tesis legal se publicó el pasado viernes 19 de octubre a las 10:29 horas en el Semanario en mención, por lo que se considera su aplicación obligatoria a partir de este lunes 22 de octubre.

Júbilo

Marco Antonio Manzano, representante de los despedidos del sexenio de Moreno Valle, detalló que aún hay 420 juicios contra el gobierno estatal, detenidos por distintas argucias legales.

Pero ahora, luego de los cinco amparos con los que se sienta jurisprudencia de manera automática, los extrabajadores que interpusieron el juicio de garantías contra la parte patronal, ganarán sus juicios.

Esto representa que cada uno pueda cobrar salarios caídos por hasta 600 mil pesos en el menor de los casos, lo que notoriamente afectará las arcas gubernamentales por adeudos hasta por 250 millones de pesos en total.

Sin embargo, señaló que estarán dispuestos a negociar, inclusive con la reinstalación, para continuar trabajando sin problema y evitar esa afectación al dinero público.

Señaló que a la jurisprudencia podrán sujetarse los cerca de 16 mil burócratas que fueron despedidos de manera injustificada, por el motivo de la falta de recursos para el pago de sus salarios, desde el año 2011 a la fecha.

Informó que debido a que la elección a la gubernatura del estado de Puebla se encuentra impugnada, no procederán en contra del gobierno hasta que el Tribunal Electoral de la Federación otorgue un fallo sobre los comicios.

Por lo tanto, por el momento no tramitarán ningún recurso ante la gobernadora electa Martha Érika Alonso Hidalgo, ya que además al ser la esposa del exgobernador Moreno Valle, “no le tienen confianza”.

Manzano detalló que por eso recurrieron al Congreso del estado para que la devolución de los salarios caídos sea contemplada para el presupuesto de 2019.

El pago o la reinstalación de sus compañeros, indicó, no se darán de un día para otro, aunque podría tomar hasta más de seis meses en lo que se define la situación política en la entidad.

Detalló que de los 420 juicios interpuestos contra el gobierno del estado, se buscará llegar a una negociación favorable para todos.

También dijo que mantienen una mesa de diálogo continua con el presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, además con los diputados Luis Fernando Jara, de la Comisión de Presupuesto; Vianey García, de Derechos Humanos; así como los titulares de Gobernación y Trabajo.

En tanto, buscarán la creación de una Comisión Especial para la Reinstalación de Burócratas Rescindidos, en la que estén integrados los legisladores locales y una comisión de trabajadores despedidos.

Demandó que en caso de no ser reinstalados en sus puestos, por lo menos les paguen las indemnizaciones que les corresponde conforme a derecho para que suspendan los litigios y no continúen pagando abogados y endeudándose.

“Tenemos aproximadamente 450 litigios de trabajadores sindicalizados de los 14 mil despedidos  durante el sexenio de Rafael Moreno valle Rosas, solo cerca de 4 mil presentaron demanda por despido injustificado”, señaló.

“Es un problema de carácter económico, político y hasta social y humano. Por eso pedimos la solución para resolver el problema, es la única forma que tenemos”, dijo.

Entre números y despedidos

En los primeros tres años de la administración de Rafael Moreno Valle, en las 62 dependencias -incluidas las descentralizadas- fueron despedidas 12 mil 79 personas, un promedio de once burócratas diarios, incluyendo sábados y domingos.

Apenas en ese lapso, 110 extrabajadores recibieron finiquitos, lo que significa que uno de cada cien despedidos o menos del uno por ciento fue indemnizado, según una respuesta de la Secretaría de Finanzas bajo el expediente 136/SFA-08/2013, revelada en un reportaje de Intolerancia Diario.

Entre los despedidos hubo desde jardineros, docentes, electricistas, obreros, médicos especialistas, hasta directivos de alto nivel.

A la llegada del mandatario estatal al poder el 1 de febrero de 2011, inició una ola de despedidos en cada dependencia estatal que hasta la fecha no ha concluido.

La excusa en la mayoría de los casos del recorte del personal, era un adelgazamiento de la nómina, sin embargo no fue así, ya que también se documentó que los puestos se cubrieron en su mayoría sin desaparecerlos.

Ahora se sabe que en ese tiempo, 8 mil 441 personas fueron dadas de baja de 40 dependencias centrales, incluyendo las Secretarías de Estado desaparecidas o unificadas, así como las Direcciones, Comisiones u organismos públicos.

Además, otras 3 mil 638 personas dejaron de trabajar en 31 organismos descentralizados, que incluyen consejos, instituciones y universidades tecnológicas.

De estas, mil 558 personas fueron despedidas de las 14 dependencias descentralizadas que se negaron a entregar la información durante dos años y solo la otorgaron mediante una orden de un juez federal, tras dos amparos interpuestos.

Además, según otra respuesta de acceso a la información, de los más de 10 mil derechohabientes fueron dados de baja del ISSSTEP, en apenas los primeros dos años del sexenio, otras 7 mil personas fueron contratadas.

Según los números de altas y bajas, tan solo en el primer tercio del sexenio morenovallista, se perdieron más de 3 mil 300 prestaciones de este tipo.

De los 12,079 despedidos, solo tres exfuncionarios públicos fueron compensados con finiquitos que van desde los 600, hasta cerca de 900 mil pesos, mientras centenares en litigios congelados.