La controversia que vive Baja California tras darse a conocer la modificación en la ampliación del mandato para el gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, motivo por el que este miércoles, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá desecharon las controversias de la “Ley Bonilla” por “notoria y manifiesta improcedencia”.
Los ministros de la SCJN analizaron las acciones de inconstitucionalidad 269/2019 y 271/2019 promovidas por los Ayuntamientos de Tijuana y Mexicali; consideraron su improcedencia por haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos y estar en un proceso legislativo inconcluso.
“Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda promovida en vía de controversia constitucional por el municipio de Mexicali, Baja California”.
El pasado 22 de julio, Gustavo Sánchez, alcalde panista de Mexicali, acudió ante la SCJN a presentar una controversia con la que pretendía impugnar este proceso legislativo que modifica el periodo del gobernador electo pasando de dos a cinco años.
A puerta cerrada
Anoche, durante la sesión extraordinaria que llevó a cabo a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Rosarito, el Congreso de Baja California aprobó el decreto para aumentar el plazo de la gubernatura en la entidad.
Tras confirmarse esta situación, el Congreso enviará el decreto para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, acción que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid ha dicho que no hará, por lo que en un plazo máximo de 35 días la reforma se publicará por orden directa del presidente del Congreso en funciones que corresponderá a la XXIII Legislatura.