El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso del Estado la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la cual el Servicio Médico Forense volverá a estar a cargo de la Fiscalía General del Estado, con lo que se podría dar celeridad a la realización de las necropsias, ya que hay familias que han tenido que esperar hasta 48 horas para recibir el cuerpo de un fallecido en accidente o con muerte violenta.
En la sesión ordinaria, el Congreso del Estado dio entrada al decreto para modificar el Organismo Público Descentralizado (OPD) Ciudad Modelo y que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) pase a formar parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), propuestas del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.
De acuerdo con la diputada integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Nora Merino Escamilla, una vez que sea aprobada esta iniciativa el SEMEFO dejará de formar parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para integrarse a la FGE con lo que se agilizará su trabajo.
“El Servicio Médico Forense dependía del Tribunal y esto les imposibilitaba tener rapidez en el accionar y que además les impide tener a la mano la información y lo que propone el gobernador Miguel Barbosa es que forme parte de la Fiscalía para agilizar su trabajo”.
Por otra parte, los diputados enviaron a comisiones el decreto para modificar el OPD Ciudad Modelo, lo que provocará que la zona de influencia de la armadora de autos de lujo Audi de México se convierta en un polo de desarrollo económico y social.
Los cambios a este OPD permitirán que Soltepec, Nopalucan de la Granja, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa y Mazapiltepec recuperen su autonomía así como la facultad sobre la prestación de los servicios públicos.
A la sesión acudieron los presidentes municipales de los municipios señalados, quienes anunciaron que existen dudas sobre el documento.
Aprueban dictámenes de cuentas públicas
Asimismo, los diputados de la LX Legislatura aprobaron por mayoría los dictámenes con Minuta de Decreto que presentó la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, en relación con los 136 informes individuales correspondientes al estado que guarda la Hacienda Pública o Patrimonio de las Entidades Fiscalizadas del ejercicio 2017.
La diputada Olga Lucia Romero Garci-Crespo, ante los integrantes del Pleno, argumentó que la autorización de estos informes no significa la aprobación de las cuentas públicas de los entes fiscalizados, ya que este es un trámite que se tiene que cumplir en materia de transparencia para continuar con la revisión de los recursos utilizados durante el ejercicio fiscal 2017.
De los 136 informes aprobados corresponden a 109 municipios entre los que se encuentran: Acatlán, Cuautlancingo, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Tlatlauquitepec, Nealtican, Nopalucan, Oriental, Quecholac, San Nicolás de los Ranchos, Huixcolotla, Santa Isabel Cholula, además de 5 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Cuautlancingo, Tepeaca y Xicotepec de Juárez.
Asimismo, el Rastro Regional de Zacatlán- Chignahuapan, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la Coordinación de Comunicación y Agenda Digital y los Fideicomisos del Fondo de Seguridad Pública, del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención, Fideicomiso Público Para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcoatl, Fideicomiso Público PEC.
Proponen reforma a la Ley del Transporte
Ante el pleno, los diputados locales por el Partido Acción Nacional (PAN) propusieron una reforma a la Ley del Transporte para exigir y obligar a los permisionarios a mejorar en el servicio, así como garantizar la seguridad de los usuarios antes de incrementar el costo de la tarifa en Puebla.
La coordinadora de los legisladores albiazules, Mónica Rodríguez Della Vecchia, refrendó la postura de esta fuerza política en contra de elevar hasta 8.50 pesos el pasaje, como lo solicitaron los transportistas, porque esto representará un duro golpe a las familias poblanas.
Enfatizó que el gobierno del estado no puede aprobar un ajuste a la tarifa porque actualmente el servicio que prestan los transportistas en Puebla es deficiente y las unidades se encuentran en mal estado, además, es inseguro y el trato es indigno.
Expresó que esta reforma al artículo 117 de la Ley del Transporte para establecer lineamientos que garanticen que los dueños de una concesión en el transporte público renovarán sus unidades, capacitarán a sus choferes e instalarán cámaras de seguridad.
Rodríguez Della Vecchia reiteró que mantendrán su negativa al incremento de la tarifa del pasaje sin que antes se tenga la certeza que los usuarios gozarán de un servicio de calidad y seguro.
Endurecerán penas por violación
En otro punto del orden del día se aprobó endurecer las sanciones por el delito de violación, pues el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nibardo Hernández Sánchez, señaló que el delito se ha incrementado alarmantemente en el estado.
Señaló que la reforma al Código Penal aumentará las penas para establecer un castigo de 20 hasta 60 años de prisión a quien cometa este ilícito y como agravante si la víctima es un menor de 18 años de edad o mayor de 70 años o si participan varias personas.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad, Rocío García Olmedo, destacó que quien lesione a una mujer por una cuestión de género será castigado con hasta 13 años de prisión y una multa de 500 a 666 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
“Pongo un ejemplo, los hombres no desean asesinar a las mujeres pero sí van con la idea de dejarle en el cuerpo una cicatriz permanente con ácido u otra forma y por eso estamos solicitando que se incremente la sanción en una tercera parte”.
Castigo a quien simule desaparición
El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Raúl Espinosa Martínez, propuso endurecer el castigo a las personas que simulen su desaparición y generen la movilización de los cuerpos policiacos y emergencia para su búsqueda en Puebla.
Señaló que desafortunadamente se ha convertido en una constante que ante la Fiscalía General del Estado (FGE) sean reportadas personas que presuntamente fueron privadas de su libertad, como fue el caso de Norma Mercedes “N”.
Refirió que los familiares de esta persona presuntamente embarazada denunciaron su desaparición y provocaron el inicio de su búsqueda y utilizando los recursos humanos de las corporaciones policiacas.
“Una sanción de diez a cien días de salario, así como de doscientas a setecientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad a quien simule que se está cometiendo un delito en su contra o de otra persona o la privación de la libertad provocando movilizaciones de las autoridades”.
Espinosa Martínez expresó que no se puede permitir que cualquier persona desvíe la atención de los cuerpos policiacos y emergencia para su búsqueda en Puebla sin que reciban un castigo por este abuso.