Un acuerdo tomado después de las comparecencias de los aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla alteró el sentido de la convocatoria, lo que influyó en la calificación final para designar a los seis aspirantes que serán votados para ocupar el cargo.

En el documento, del cual tiene copia Intolerancia, se indica que fue el 30 de octubre cuando se reformaron los lineamientos establecidos en la convocatoria publicada el 13 de julio por parte del Congreso del Estado, además, para esa fecha habían pasado las 24 comparecencias de los aspirantes, por lo tanto desconocían cuáles eran los nuevos lineamientos para ser calificados.

En el acuerdo dentro de la fracción XIV del documento entregado a la Junta de Gobierno, tomado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se reconoce que con fecha 30 de octubre se procedió a establecer los criterios para continuar con la evaluación de los aspirantes.

Conforme al acuerdo se indica el aspecto cuantitativo y en el numeral 1 se indica que estaba basado en el programa de trabajo, calidad de la exposición oral y respuesta, así como conocimiento en materia de derechos humanos.

En el numeral 2 aparece el aspecto cualitativo que no fue especificado en la convocatoria original, el cual señala:

El aspecto cualitativo fue planteado, basado en el cumplimiento de los establecido en el acuerdo de fecha 30 de octubre, conforme a la evaluación de los siguientes rubros: La preparación académica debidamente acreditada, experiencia profesional en el ámbito de lo público y lo privado, con perspectiva de género, interseccionalidad, y sectorialidad  en materia de derechos humanos y su vinculación con la sociedad civil, ausencia de conflicto de interés que ponga en entredicho la ética y conducta de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pertinencia, probidad e idoneidad de la o el candidato a evaluar.

Inconformidad de Acción Nacional

Por su parte, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, coordinadora de los diputados de Acción Nacional, advirtió que emitirán el voto en contra una vez que no se cumplió con lo que se establece en la convocatoria.

Indicó que la posición del PAN es que se cumpla la ley, sin embargo, la calificación se hizo de manera discrecional y sin estar apegada a lo que establece el documento original.

Precisó que en la convocatoria no se establecen los criterios cuantitativos y cualitativos, sino que se señala que se iban a valorar los perfiles la comisión, sin embargo, después hubo un acuerdo de la comisión para meter los criterios que no se conocían.

La legisladora advirtió que en la tabla que les dieron a conocer, debido a los criterios que se establecieron en lo referencia a cuestión cuantitativa donde se obtuvieron ciertas calificaciones, cambian diametralmente en lo cualitativo.

Votaron en contra del acuerdo que les fue entregado en la Junta de Gobierno, una vez que no coinciden ambos documentos, por lo que piden que se publique todo el procedimiento, reiteró.

La legisladora reconoció que alguno de los aspirantes podría inconformarse legalmente en caso de que considere que se violaron sus derechos políticos al no cumplir cabalmente con lo que se señalaba, pero aclaró que en el caso de la bancada procede solo el pedir que se cumpla con la ley.

El amparo, la siguiente vía

Fuentes consultadas señalaron luego de conocer el documento, si alguno de los aspirantes considera que se violaron sus derechos, puede proceder ante un juzgado de distrito para interponer el recurso a fin de invalidar el documento.

Reconocieron que se violan principios de legalidad al no haber hecho pública de manera previa la forma en que sería la evaluación.