El combate a la corrupción en los entes investigadores es uno de los objetivos de la creación de Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extintos del Estado, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien explicó que se pretende tener un padrón real de los bienes incautados de la delincuencia para que el estado los administre y determine a dónde serán destinados, incluso ocuparlos para el pago a las víctimas de un delito.
El gobernador, reconoció que actualmente “hay un descontrol, sobre cuántos bienes inmuebles deben de estar sujetos a acciones de extinción de dominio”, toda vez que las autoridades investigadoras han devuelto las propiedades a los delincuentes, por actos deshonestos y corrupción.
“Vamos a poner una vigilancia puntual para que esto no siga ocurriendo y no siga habiendo favores, por parte de las autoridades investigadoras, esas que no son leales a su función sean beneficiadas”, detalló el mandatario local.
#Ahora 💡 @MBarbosaMX señala que es importante la creación de un OPD denominado "Instituto para la Administración de Bienes del Estado de Puebla", que pretende vender, subastar, rematar, donar y destruir los bienes incautados a la delincuencia.
— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 24, 2020
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El gobernador explicó que en muchas ocasiones, los deshuesaderos de autos robados, los predios o bodegas en donde se desmantelan camiones con mercancía robada, incluso casonas o espacios en donde se comercia droga que han sido incautados se devuelven por las autoridades, bajo el argumento de que son “arrendados”, por lo que estos inmuebles deben incautarse y el estado debe determinar su destino.
“Se ha prestado a corrupción en las autoridades investigadoras, bienes que tuvieron que estar sujetos a extinción de dominio porque en ellos o se cometieron delitos o son lugares en donde se instalaron ventas de droga o se instalaron deshuesaderos de vehículos de transporte o donde se transportaba mercancía robada o por muchos motivos fueron devueltos a sus propietarios bajo el argumento de que estaban siendo rentados y no tenían conocimiento de ello, así ha operado ello", explicó el gobernador.
El gobernador advirtió que las acciones delictivas en una propiedad “deben llevar a la pérdida” del inmueble en donde se cometieron los ilícitos, pues habría pruebas suficientes de que el dueño de los espacios está coludido con la delincuencia, al permitir estas acciones, “ha ocurrido de manera muy reiterada y esa regulación tiene que ver con eso que te estoy mencionando”, dijo.
Fue la semana pasada cuando ingresó el documento al Poder Legislativo y que, en el plan de trabajo del Congreso del Estado quedará aprobado antes de finalizar el segundo periodo ordinario de sesiones que corre.
