Ni la pandemia del coronavirus logró apagar el fuego entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), encabezada por Alfonso Esparza Ortiz, con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta. La intención de firmar un convenio entre ambos, derivó en un nuevo conflicto.

A decir de ambas partes, el proyecto proponía que fuera la Secretaría de Salud del Estado quien asumiera la atención de portadores de Covid-19, incluyendo a los derechohabientes universitarios. A cambio, en el Hospital Universitario se atenderían partos, traumatismos y otras urgencias de los pacientes de la Secretaría de Salud que no tuvieran que ver con el Coronavirus.

Por la tarde, la BUAP afirmó por medio de un comunicado que estaba a la espera de que el Gobierno del Estado, a través de la dependencia que encabeza Humberto Uribe Téllez, firmara el convenio. Su condición era que la SS no se quedará ni con todo el personal médico calificado del HUP ni con todos los ventiladores del mismo nosocomio: “para no desproteger a los 23 mil derechohabientes”.

Horas más tarde, a través de una rueda de prensa inusual, los secretarios de Gobernación, David Méndez Márquez, y de salud, Humberto Uribe Téllez desmintieron tal versión y afirmaron que hubo una negativa del rector Alfonso Esparza Ortiz para la firma de este documento y destacaron que como trasfondo hay un tema de orden político, conflicto que se arrastra desde el año pasado.

Hospital Universitario, una bomba de tiempo: Gobierno

Durante la citada conferencia de prensa, el secretario de salud, Humberto Uribe Téllez informó que el Hospital Universitario carece de ventiladores, monitores y demás insumos médicos, así como de personal suficiente para atender a la creciente población contagiada de coronavirus.

Agregó que la infraestructura del Hospital Universitario no es la adecuada para atender este tipo de patologías, pues desde su construcción no se vislumbró un escenario como el que hoy vive el mundo y que en Puebla ha dejado hasta este martes a 66 personas fallecidas.

"Se corre el riesgo de contaminación y se puede dejar de prestar servicios para todos los padecimientos que ahí se atienden y precisamente nos llama la atención esta actitud dilatoria para poder haber firmado desde hace muchos días este convenio", dijo el secretario de gobernación, David Méndez Márquez.

De acuerdo con el análisis que realizó la Secretaría de Salud en el Estado, las áreas en donde se atienden a las personas enfermas de Covid-19 están cerca de otras donde se encuentran enfermos con diferentes padecimientos, por lo cual todos están expuestos.

"El panorama que se presenta en el Hospital Universitario nos permite corroborar que este Hospital tiene muchas fortalezas peo entre sus debilidades no tiene la capacidad instalada para atender este tipo de patologías y no solo en la estructura física desde su construcción tampoco cuenta con el equipo suficiente", dijo el Secretario de Salud.

Uribe Téllez advirtió que la negativa de la firma del convenio del rector, Alfonso Esparza Ortiz, tiene un fondo político, por lo cual lamentó esta postura al afirmar que es momento de hacer frente a la pandemia de manera conjunta.  

"Son criterios de carácter político que no asume una responsabilidad respecto a la razón de ser esencial del por qué la firma de este convenio. Estamos en una contingencia en donde lo que están en riesgo son vidas y lo que vemos que hay una búsqueda de una situación que vino dilatando la firma de este convenio y hay una intencionalidad política y busca evadir la propia responsabilidad", lamentó Méndez Márquez. 

El trasfondo político

En diciembre del año pasado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) inició una revisión previa de las cuentas públicas de la máxima casa de estudios bajo el supuesto de presuntos malos manejos financieros.

Lo anterior derivó en que la BUAP, encabezada por Alfonso Esparza Ortiz, iniciara un proceso jurídico para frenar la intentona de la revisión de las finanzas, argumentando que solo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría intervenir por tratarse de recursos federales.

Semanas después, el Consejo Universitario fijó una postura en contra del Gobierno de Puebla y reprochó una supuesta violación a la autonomía de la BUAP, pues afirmó que la revisión de las finanzas a cargo de la ASE que encabeza Francisco Romero Serrano fue orden directa del gobernador Miguel Barbosa.

La crisis aumentó con el asesinato de tres jóvenes universitarios en Huejotzingo, lo que derivó en la huelga universitaria y una enorme e histórica protesta de los universitarios, en su mayoría de la BUAP, que llegaron hasta las puertas de Casa Aguayo.