El secretario de gobernación, David Méndez Márquez, anunció que 406 presos en los diferentes Centros de Reinserción Social (Cereso) están en condiciones de obtener su libertad, a través del indulto, liberaciones condicionadas, liberaciones anticipadas y sustitución de pena.

En conferencia virtual anunció que se ha generado un estudio respecto al universo de sentenciados en los distintos centros de reclusión en el estado de Puebla "en relación a estar totalmente apegado a los derechos humanos, hacer un gobierno totalmente sensible y también siempre en apoyo a los distintos grupos vulnerables sea cual sea la situación", dijo.

Méndez Márquez explicó que desde hace algunas semanas se instaló el Consejo Consultivo del Indulto, por instrucción del gobernador, a través del que se ha llevado un análisis a detalle, respecto las distintas posibilidades mediante los cuales los presos con sentencia pueden ser sujetos a algún beneficio de pre liberación.

"Es la propia Ley Nacional de Ejecución Penal la que regula esta situación y se han evaluado las distintas opciones que se tienen, una que el gobernador ha mencionado que es el indulto que de acuerdo a las propias características y requisitos que la figura establece tiene una aplicación limitada, otra alternativa son las liberaciones condicionadas y las liberaciones anticipadas que cada una tiene sus requisitos", dijo.

Cabe señalar que, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se pronunció por estas acciones desde la campaña electoral de 2019, especialmente para beneficiar a las mujeres por el delito de aborto, a las personas adultas mayores y a las personas indígenas, quienes al momento del proceso penal no tuvieron traductores para su defensa.

Liberarán a 36 mujeres

De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo Consultivo del Indulto, de las 406 personas quienes obtendrán su libertad 370 son hombres y 36 mujeres, lo que significa el 11 por ciento de 3 mil 636 sentenciados en Puebla, de los que se analiza su situación penal.

“Existe la posibilidad de analizar, de acuerdo a estas figuras, a un universo de alrededor de 406 que pudieran llegar a ser beneficiarios de alguna de las vías de pre liberación. No quiere decir que sea un hecho, la ley establece un procedimiento minucioso para poder llevar a cabo su análisis”, dijo.

De las 406 personas, de acuerdo al subsecretario jurídico de la Secretaría de Gobernación, José Luciano Osorio Couttolenc, 268 son indígenas sentenciados, 65 de la tercera edad y 73 personas con enfermedades crónico degenerativas.

Para que las personas puedan obtener su libertad también se llevará a cabo un proceso jurídico, no solo se tomará en cuenta que hayan cumplido del 50 al 70 por ciento de condena, pues se evaluará si ellos representan un peligro para la sociedad y en el caso de las personas de la tercera edad, se analizará la situación a la que se enfrentarán fuera del encarcelamiento.

Para todo el proceso, el Gobierno del Estado dispondrá de abogados, psicólogos, criminólogos, custodios y sociólogos, los que determinarán la situación de cada persona y ya será el Consejo Consultivo del Indulto el que tome la última decisión al respecto.

Homicidas y tratantes de personas quedan fuera de este beneficio

Además de las personas que cometan delitos del fuero federal, quedan excluidos los homicidas y los tratantes de personas, pues los delitos por los cuales fueron sentenciados son graves, y es que solo quienes hayan cometido delitos menores, es decir, del fuero común pueden entrar al beneficio que otorgará el Estado.

Lo que este miércoles expusieron funcionarios estatales es parte de lo que contempla la Ley de Amnistía que impulsa el diputado y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, tema que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, calificó como positivo, pues va en la misma línea de la Cuarta Transformación.

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