El equipo de abogados de la Consejería Jurídica del gobierno de Puebla, cometió una pifia que podría costarle muy caro al gobernador Miguel Barbosa, luego que el pasado viernes se publicó el decreto por el cual las industrias automotriz y de la construcción no podrán regresar a las actividades.
El oficio no señala desde cuándo aplicaría el ordenamiento legal, cayendo con ello en un vacío que llena la Constitución Política del Estado de Puebla, reveló esta mañana la columna Contracara.
La norma dicta en su artículo 132 que “Si las Leyes, Reglamentos y cualesquiera otras disposiciones de observancia general en el Estado no previenen expresamente otra cosa, obligan y surten sus efectos diez días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”.
La omisión de una fecha explicita para la implementación del decreto, permitiría a las armadoras laborar durante una semana, del 1 al 7 de junio, sin violar ninguna norma, debido a que los 10 días hábiles que exige la ley se cumplirían hasta el lunes 8 de junio.
En reiteradas ocasiones Miguel Barbosa ha subrayado que en Puebla los contagios por el coronavirus continúan a la alza por lo cual no existen las condiciones sanitarias para reactivar las actividades de la industria automotriz y atender los llamados de las cadenas productivas en Estados Unidos.
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