En el caso de que el Congreso del Estado no armonice la legislación local con la federal para castigar a quienes cometan violencia política de género antes del arranque del proceso electoral, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) emitirá un acuerdo para sancionar a las personas quienes comentan estas acciones y tomando en cuenta que el tema ya es reconocido en la legislación estatal.
En entrevista, el consejero presidente del órgano electoral, Miguel Ángel García Onofre, recordó que en abril del año pasado el Congreso de la Unión aprobó una reforma respecto a violencia política de género; mientras que en Puebla fue en enero de este año cuando se reconoció como delito la violencia política de género, pero falta la especificación de sanciones para quienes cometan este delito.
El consejero dijo que hacen falta reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales (COIPEP), pues ya las hubo en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a propuesta del gobernador, Miguel Barbosa, en enero de este año, tomando en cuenta que fue una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim).
“Si no fuera el caso de que en Puebla se realizará esta armonización legislativa, el Instituto como lo hizo –en el caso del diputado Héctor Alonso-, ya en el trámite de las quejas puede entrar al estudio, al análisis de cada una de las conductas en particular y llegado el momento si hubiera necesidad tomar las medidas cautelares que se determinen procedentes y que sean solicitadas por las víctimas”, dijo el funcionario electoral.
La violencia política no necesariamente se presenta durante un proceso electoral; sin embargo, en estos periodos es cuando hay más denuncias por este delito, por lo que el consejero electoral consideró importante que se legisle en el tema.
“Lo ideal es que la legislación local este perfectamente armonizada con la federal, pero si no hubiera esta posibilidad también existe que el Consejo General del IEE apruebe mediante acuerdo una reglamentación con la legislación federal”, dijo.
Lo que dice la Ley
De acuerdo a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 21 bis, “todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”, se cita.
Sin embargo, el consejero electoral refirió que hacen falta más reformas en la ley electoral local, por lo que sería importante que los diputados locales avalarán modificaciones en esta materia.
La propuesta legislativa
La diputada Vianey García Romero impulsa un documento para reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales (COIPEP), el documento incluye el Capítulo I Bis que es dedicado a la violencia política por razón de género, denominado “De las Medidas Cautelares y de Reparación Integral en materia de Violencia Política por Razón de Género”.
A través de estas reformas se enlistan algunas de las medidas para proteger a las féminas por ejemplo realizar un análisis de riesgos y un plan de seguridad; cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora; ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora; las previstas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida.
A través del artículo 397 bis que se refiere a la violencia política de género se busca brindar protección a las mujeres, este documento es analizado en el Poder Legislativo y la diputada local considera que debe aprobarse antes del arranque del proceso electoral 2020-2021.
Sin embargo, “la violencia política por razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción al presente Código por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 387 del mismo”, se cita.
Cabe señalar que, en el IEE además de la denuncia en contra del diputado Héctor Alonso Granados, razón por la cual se emitió una medida cautelar, hay otro caso que se analiza, aunque el consejero presidente se reservó abundar sobre el tema hasta que concluya la investigación por este tema.