El diputado sin partido, Marcelo García Almaguer, señaló que presentó ante el Congreso del Estado, tres iniciativas que en conjunto representarían la “Ley Anti-Pinocho”, a fin de que los funcionarios públicos no mientan cuando comparezcan ante el poder legislativo, o rindan un informe.

En entrevista, el legislador expuso que si se está hablando de un verdadero cambio en Puebla, se requiere sentar las bases para terminar con las mentiras de funcionarios que no dan los datos reales del estado que guardan las instituciones que representan.

Expresó que la participación de quienes ejercen cargos en el servicio público en procedimientos de debate y deliberación debe sujetarse a criterios de objetividad, veracidad y razonabilidad.

“En este sentido, la presente iniciativa propone agravar la conducta de falsedad de declaraciones realizadas por servidores públicos, con el objetivo de generar condiciones que eliminen incentivos para el uso político del proceso penal y garantice la impartición de justicia para los temas de relevancia popular.”

Explicó que una de las reformas que presentó y que se encuentra en comisiones es la reforma al Código Penal para sancionar la falsedad de declaraciones por parte de los funcionarios públicos.

Dijo que actualmente la ley señala:

Artículo 255.- La sanción del delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad se agravará hasta en dos tantos: Además de las penas que se refieren las fracciones anteriores, se suspenderá hasta por tres años en el ejercicio de su profesión, ciencia, arte u oficio al perito, intérprete o traductor que se conduzca falsamente u oculte la verdad al desempeñar sus funciones.

Precisó que la propuesta es incluir el texto “En caso de que cualquiera de las conductas anteriormente señaladas se cometan por servidores públicos, la pena se agravará hasta en tres tantos.”

Otra iniciativa que se propone es el proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de equilibrio de poderes y perjurio.

Dijo que esta iniciativa busca recoger las mejores prácticas parlamentaria para que el Congreso del Estado cuente con los medios institucionales para llamar a comperecer, en cualquier momento, a cualquier servidor público sobre temas de interés.

Este hecho se busca fortalecer con la tipificación del perjurio como un delito específico para la mentira en sede parlamentaria.

Artículo 53

El Gobernador asistirá dentro de los primeros quince días del mes de diciembre del primer Periodo de Sesiones Ordinarias de cada año y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública estatal del ejercicio correspondiente. Dicho informe será contestado por el

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Gobernador ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a las titulares de dependencias, entidades y organismos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad, en los términos establecidos por la Ley.

Artículo 57

El Congreso podrá llamar a comparecer a cualquier servidor público del ámbito estatal y municipal, conforme a lo establecido en la ley. Las convocatorias tendrán carácter vinculante.

Quienes comparezcan ante el Congreso podrán abstenerse de realizar declaración alguna. Sin embargo, cualquier compareciente que pronuncie algún elemento ajeno a referirse a este derecho, deberá responder cabalmente los cuestionamientos realizados.

Indicó que en la propuesta se establece que “La ley sancionará el perjurio en comparencencias parlamentarias.”

Comentó que posteriormente se propondrá que quienes incurran en la mentira, sean inhabilitados para desempeñar un cargo, y aunque la propuesta será que sea para siempre, posiblemente se llegue al a los acuerdos de seis a 12 años dependiendo de la gravedad de la mentira.