La diputada Vianey García Romero presentó una iniciativa para reformar el Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla para que quienes roben medicamentos o equipo médico alcancen una pena hasta de 12 años de prisión, considerando que hay una emergencia sanitaria, por lo que es un crimen el cometer este tipo de delitos.
La legisladora expuso que es indispensable sancionar sin remordimiento a quienes atentan contra la salud pública, más aún si los que participan son servidores públicos encargados de la distribución y resguardo de medicamentos y utensilios médicos.
Expresó que con la reforma que propuso se establecerá como agravante del delito de robo, que este se cometa sobre bienes e insumos médicos, o cuando sea por un servidor público, aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, teniendo como efecto el incremento hasta el doble de las sanciones.
García Romero indicó que el documento establece, además, la destitución e inhabilitación de los servidores públicos que lo cometan, y la pena que se impondrá será hasta por 12 años de prisión.
Explicó que la iniciativa de decreto para reformar la fracción XXV y adicionar la fracción XXV bis al artículo 380 del Código Penal del Estado de Puebla, luego de que al enfrentar una pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas, es necesario contar con todos los elementos, no sólo para atender los casos de Covid, sino cualquier otra enfermedad.
El objetivo de la iniciativa, explicó la legisladora, es establecer como agravante al delito de robo, el de bienes e insumos médicos y/o medicamentos, en términos de la Ley General de Salud.
García Romero recordó que ella, en el mes de julio, se contagió de Covid y pudo tener la atención médica requerida, pero en ocasiones a causa del robo de medicamentos u otros insumos, la gente no recibe la atención que necesita, y se pone en riesgo la vida.
Señaló que espera que el documento aún pueda ser aprobado en la actual legislatura al sesionar las comisiones, y de ahí que se turne al pleno que va a sesionar de manera virtual.
Por otra parte, la también presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales indicó que espera que sesiones su comisión en los próximos días para sacar los últimos pendientes que se tienen.
Destacó que, a diferencia de otras comisiones, la de ella pudo, con el respaldo de los integrantes, terminar con el rezago que había de otras legislaturas y dictaminó los documentos que se encontraban en la congeladora.
Expuso que no dejarán más de un 10 por ciento de iniciativas pendientes, algunas de ellas porque fueron enviadas a comisiones unidas para que se dictaminen, insistiendo que el rezago de la anterior comisión fue de cerca del 40 por ciento.