"En la función de las Comisiones de Derechos Humanos, ha habido una transformación importante, porque si los servidores públicos no cumplen con las recomendaciones que les realizan, tiene que presentarse ante el Poder Legislativo estatal o federal para comparecer".

El coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda, dijo que, en el caso de las comisiones, el diseño de ahora, ya no solo dan recomendaciones.

“Ha habido una transformación con el paso del tiempo, con respecto a las recomendaciones, porque si una autoridad no cumple con esa recomendación tiene que presentarse ante el Poder Legislativo, sea estatal o federal, a decir por qué no cumplió”.

En ese sentido, también aclaró las posibles sanciones, “a lo mejor no es una sanción jurídica, pero sí es un tipo de sanción política, porque tiene que señalar por qué no lo hizo”.

El académico de la Ibero Puebla, dijo que se trata de un tema de tecnicismo jurídico, porque si ellos sancionaran, habría un tema de doble sanción, del poder judicial y de las comisiones, por eso, expuso, el tema se convirtió en más político que jurídico en las comisiones.

“Las comisiones recomiendan, pero sancionar le corresponde al poder judicial federal, tenemos dos sistemas, el jurisdiccional, y el no jurisdiccional”.

Curiel Tejada explicó que, el jurisdiccional es el poder judicial federal y en especifico el juicio de amparo indirecto, que sí sanciona y es un delito no acatarse a una sentencia del poder judicial.

Las recomendaciones son en las autoridades de menor nivel, por ejemplo, dijo que no se ha visto en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Puso de ejemplo que en algunos poderes estatales se busca dar señales de acabar con las universidades privadas chicas, como no otorgarles RVOE y quererlos sancionar por todo. Destacó que si no está bien justificado y motivado al acto jurídico, se viola un derecho humano.

“Aparentemente, un tema como el recorte de apoyo a los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), no tiene que ver con violación de derechos humanos, pero sí la tiene".

Destacó que los SNI que pertenecen a universidades privadas se les quitó el recurso, entonces se tiene que amparar para que les regresen el recurso, “hacen la investigación, pero se les quita el recurso”.

Agregó que también vienen los programas de quitarle el recurso de los programas de calidad a las universidades privadas, "eso también es una violación a los derechos humanos, es una discriminación, porque violenta el artículo 1 último párrafo de la constitución".

“Hay discriminación por pertenecer a una universidad privada, puede haber ejemplo más grave, como la militarización en el país son pretexto que son delincuentes y les pueden hacer lo que quieren; es un tema muy grave, porque demuestra la no capacitación de los cuerpos policiales”.