El diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Roberto Solís Valles, advirtió que la lentitud con la que se encuentra trabajando la Auditoría Superior del Estado (ASE) generó que un total de 36 sujetos de revisión entre quienes se encuentran ex presidentes municipales, así como directores de organismos, fueran exonerados al haber terminado el plazo para que fueran sancionados.

En entrevista el legislador recordó que algunos ex presidentes que cometieron el daño patrimonial, podrían tener el mismo beneficio ya que el período de cinco años que se tiene para dictaminar, está por concluir, y de ésta manera no se les podrá sancionar administrativamente.

Expresó que el retraso en la entrega de los informes de resultados de las auditorías aplicadas a los exalcaldes y titulares de organismos desconcentrados generó que 36 sujetos, obligados de revisión, se libraran de sanciones administrativas por la prescripción de los procesos.

Consideró que no se puede permitir que la negligencia del titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, impida aplicar un castigo por un posible mal manejo de los recursos públicos asignados a los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.

Aseguró que la Auditoría cuenta con el presupuesto, y  el personal para poder realizar el trabajo, y por ello se aprobó  la reforma sobre la Unidad Especial para la Auditoría Superior a fin de revisar el actuar del organismo.

Solís Valles manifestó que una vez aprobadas las recientes reformas para evaluar el desempeño del auditor general se pueda corregir esta negligencia y evitar que otros sujetos obligados de revisión evadan las sanciones por una posible malversación de fondos.

El perdón

El pasado 15 de diciembre, el Congreso del Estado tuvo que aprobar la suspensión de los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades en contra de 36 sujetos de revisión por ser anteriores al 2016, sin embargo la Auditoría Superior del Estado podría presentar la denuncia penal en contra de quien resulte responsable por el presunto daño patrimonial.

En entrevista previa a la sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero señaló que en el caso de José Juan Espinosa Torres a quien se le iniciará un procedimiento de determinación de responsabilidades, tienen un plazo de un año en la Auditoría para dictaminarla, o será sobreseída.

Durante la sesión del pleno se aprobó el desechamiento de los 36 inicios, mismos que van del años 2010 al 2015, y de acuerdo a la anterior ley de rendición de cuentas, se dio la prescripción de las sanciones administrativas.

Sin embargo la Auditoría procederá, en su caso, a presentar denuncia ante el Ministerio Público en contra de quien resulte responsable, por el daño patrimonial causado a la Hacienda Pública.

Con lo anterior se elimina la posibilidad de que los 36 sujetos sean acreedores a una sanción administrativa, que va de una amonestación, hasta la inhabilitación del cargo hasta por 12 años.