El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Eduardo Castillo, advirtió que las iniciativas que se han presentado referentes a la Interrupción Legal del Embarazo son de forma, pero se requiere que también sean de fondo, ya que las mujeres requieren atención.
El legislador por la Mixteca poblana expresó que, mientras para algunos la prioridad es el tema del aborto, se tiene que ver hacia las zonas indígenas o marginadas donde la preocupación no es el abortar o no hacerlo, sino la violencia que enfrentan, principalmente de tipo intrafamiliar.
Eduardo Castillo indicó que, hasta el momento, solo ha recibido formalmente una iniciativa presentada por el diputado Carlos Evangelista, pero es de forma, y no de fondo ya que no se están atendiendo más problemas de las mujeres.
Aclaró que la Junta de Gobierno y Coordinación Política ya se encuentra analizando la reforma para la Interrupción Legal del Embarazo, aunque adelantó que no esperan que esta se apruebe para el siguiente periodo de sesiones.
Precisó que la complejidad de esta reforma es que necesitan cambios significativos en otras áreas, lo cual incluye también modificaciones al presupuesto de salud, siendo este uno de los motivos por el cual su aprobación se retrasaría.
Eduardo Castillo dijo que está en contra del aborto desde una perspectiva personal, pero especificó que desde su cargo como presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia está analizándola, ya que dijo que respetará la decisión que tomen las mujeres.
El legislador por el distrito con cabecera en Acatlán, insistió en que el tema de las mujeres debe atenderse de manera particular, ya que los problemas que se enfrentan en las zonas urbanas son diferentes a los del área rural.
Comentó que en una reunión con mujeres de la Mixteca, con miedo a que fueran vistas por sus familiares, le entregaron por escrito sus denuncias, que son principalmente la violencia intrafamiliar que se está presentando en esa zona.
Señaló que en el Congreso presentó una iniciativa para elevar de 50 a 200 veces del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) la multa por cometer violencia familiar, que representan cerca de 20 mil pesos, así como agravar el delito cuando se comente contra mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
El diputado confió en que la actual legislatura asuma el compromiso para erradicar la violencia en contra de las mujeres que se incrementó en los últimos dos años.