La senadora panista Lilly Téllez presentó un exhorto para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) “informe e investigue” la situación patrimonial y de intereses del exsecretario de gobernación municipal de Puebla, René Sánchez Galindo.

Téllez García cuestionó la declaración patrimonial de quien ocupa el cargo de Consultor Jurídico A en la Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y solicitó que en caso de que se encuentren irregularidades en las declaraciones o en la adquisición de sus bienes, Sánchez Galindo sea sancionado.

De acuerdo con el Punto de Acuerdo presentado, René Sánchez cuenta con siete propiedades que adquirió entre el 2005 y el 2017, siendo el último año cuando se hizo de dos inmuebles de 412 y 500 metros cuadrados, cuyo valor conjunto de compra rebasó los 10 millones de pesos.

¿Cómo es posible que (René Sánchez) haya adquirido esos inmuebles a pesar de que los cargos públicos que ha tenido y la remuneración que ha percibido por ellos, no le alcanzaría para acumular el patrimonio con el que actualmente cuenta? Si bien es cierto que algunos han sido a través de donación, esto no es claro”, señala en las Consideraciones, la panista.

 

 

Además cuestionó por qué el morenista no declaró contar con ningún vehículo o bienes inmuebles cuando “en su declaración patrimonial como servidor público del Municipio de Puebla, Estado de Puebla, en donde indicó que sí tenía bienes muebles (aparatos electrodomésticos) por un valor de $150,000.003”.

En el oficio también se recuerda que los últimos cargos públicos que desempeñó fueron: secretario de gobernación del Municipio de Puebla (20018 -2021), asesor parlamentario en la Cámara de Diputados (2009-2012), asesor parlamentario en el Congreso del Estado de Tlaxcala (2008-2010) y asesor parlamentario en el Senado de la República (2000-2003).

Al reiterar que urge transparentar la riqueza de Sánchez Galindo, Lilly Téllez apunta: “Si las posibles irregularidades han sido por acción u omisión se debe de investigar por la Secretaría de la Función Pública y si se trata de actos de corrupción, debe además sancionarse al servidor público por su probable responsabilidad”.